
Las autoridades capturaron a un oficial y un suboficial del Ejército Nacional tras su negativa a cumplir una orden de despliegue en el municipio de Los Andes Sotomayor, en el noroccidente de Nariño, donde debían reforzar los operativos de seguridad durante las elecciones del domingo 31 de mayo.
Ambos fueron presentados de inmediato ante la Justicia Penal Militar. La detención ocurrió en la madrugada del mismo día de los comicios, cuando agentes de la Dijín intervinieron tras recibir la información sobre la desobediencia de los dos integrantes del Ejército.
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Se trataba de una orden que implicaba viajar junto a 32 soldados profesionales hasta el Batallón de Chapalito, en Pasto, para completar un curso de reentrenamiento previo al despliegue en zona de riesgo, según información conocida por Blu Radio.
Durante la audiencia de legalización de captura, el teniente y el suboficial explicaron que su negativa se debía a que no habían concluido el reentrenamiento exigido y a la preocupación por la seguridad del personal bajo su mando.

Según los militares, en la región de Los Andes Sotomayor operan al menos seis grupos armados ilegales, lo que ponía en riesgo la vida de los 32 soldados asignados a la misión.
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El fiscal del caso solicitó ante el juez militar la imposición de la medida de aseguramiento, mientras que la identidad de los capturados se mantiene bajo reserva. A esta hora, la decisión judicial sobre su situación aún no se ha hecho pública.
Hasta el momento, la Brigada 23 del Ejército, a la que pertenecen los capturados, no ha divulgado ningún comunicado oficial sobre el caso ni sobre la situación de su personal.
Los militares capturados forman parte de la unidad EXDE, especializada en la detección y neutralización de minas antipersonal y artefactos explosivos. Su presencia en el operativo era clave para garantizar la seguridad de las rutas electorales y de la población durante la jornada democrática.
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La negativa a cumplir la orden generó un procedimiento inmediato de la autoridad militar, en cumplimiento del Plan Democracia, diseñado para asegurar la normalidad antes, durante y después de la jornada electoral en zonas consideradas de alto riesgo por la presencia de actores armados ilegales.
Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”
La presión armada sobre los habitantes rurales de Policarpa y Taminango se intensificó en vísperas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 en Colombia, luego de la divulgación de un audio en el que se escuchan amenazas y condicionamientos atribuidos a las disidencias de las Farc.
Según el material revelado por Semana, un presunto cabecilla de la subestructura Franco Benavides —identificado como alias Indio Jiménez— instruyó a sus milicianos a comunicar por teléfono a los campesinos que el ingreso a los centros poblados dependería de la presentación de un certificado electoral, distribuido por el propio grupo armado.
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En el audio, se escucha la directiva: “Para el tema de movilidad dentro del territorio se va a exigir el certificado electoral, sí, como se venía diciendo, y por medio de eso viene el tema de la carnetización también”, expresa el supuesto líder, subrayando la obligatoriedad para la comunidad.

La medida no solo busca controlar la movilidad durante la jornada electoral, sino también consolidar la práctica de carnetización, un mecanismo que, según informes de inteligencia citados por Semana, se ha extendido en departamentos como Valle del Cauca, Cauca, Meta, Antioquia y Guaviare. Esta herramienta permite a los grupos armados vigilar y restringir los movimientos de la población civil.
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El mensaje no deja margen para excusas. El hombre advierte que no se aceptarán justificaciones como la falta de dinero para el transporte o la ausencia de tiempo. “Que no vengan (a decir) que no tengo pa’l pasaje, que no me quedó tiempo, no, eso es algo que se vino hablando desde hace mucho rato”, insiste el subversivo en el registro de voz.
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