Elementos comunes sobre la paz en el escenario electoral

Desde hace más de un año han circulado numerosas especulaciones sobre el futuro de los procesos actuales de negociación de paz de cara a un eventual cambio de gobierno. Ahora, ante la primera vuelta presidencial, y aunque sin duda existirán diferencias importantes según la visión, experiencia y lenguaje de cada candidato o candidata, conviene recordar que todos los posibles escenarios electorales comparten varios elementos comunes con respecto a la paz.

El primero es que la vía negociada no desaparecerá como herramienta del Estado colombiano. A lo largo de las últimas cuatro décadas, todos los gobiernos han incorporado algún tipo de negociación con grupos armados como parte de sus estrategias para reducir los niveles de violencia y buscar el cierre del conflicto armado –incluso durante el gobierno del presidente Iván Duque se mantuvo un proceso mediado por la ONU y el Vaticano con el ELN–.

Cualquiera que llegue a la Casa de Nariño, sin duda realizará una revisión de los distintos procesos actuales para evaluar el costo-beneficio de ajustarlos, reorientarlos o culminarlos hacia escenarios de desmovilización definitiva. Aunque cambien el vocabulario, los marcos conceptuales o las metodologías de acercamiento, todos los candidatos terminarán planteando alguna fórmula de transición colectiva para estructuras armadas, acompañada de mecanismos de justicia, penas alternativas y reincorporación a la vida civil como parte de su estrategia de seguridad nacional.

Incluso en el caso del ELN –la insurgencia más antigua del hemisferio– podría existir una mayor probabilidad de reactivar conversaciones, especialmente ante la profunda frustración que esa organización ha expresado frente al liderazgo del presidente Petro y frente a los intentos percibidos de fracturar su estructura de mando y generar divisiones internas entre sus frentes regionales. En particular, es muy probable que continúen los esfuerzos orientados a reducir la violencia urbana en ciudades como Medellín y Barranquilla, dado que ningún sector político tiene incentivos para enfrentar un aumento sostenido de homicidios antes de las elecciones locales del próximo año.

Además, los tres principales candidatos tienen, de una u otra manera, antecedentes de participación o cercanía con procesos de paz y desmovilización relacionados con el autodenominado EGC, o Clan del Golfo. Valencia y De la Espriella respaldaron políticamente el proceso de Justicia y Paz con las AUC durante el gobierno Uribe; mientras que Cepeda participó como negociador del gobierno Santos en acercamientos con el Clan del Golfo. Tras más de una década de resultados limitados de las operaciones Agamenón, el próximo gobierno tendrá que evaluar cuidadosamente qué ventajas estratégicas podría ofrecer la construcción sobre la base de los acuerdos exploratorios facilitados por Qatar y los pasos iniciales de las Zonas de Ubicación Temporal.

Asimismo, el próximo gobierno tendrá una nueva oportunidad para impulsar un marco jurídico más sólido para la desmovilización de grupos armados, luego de las contradicciones y vacíos que marcaron los intentos parciales del actual gobierno, cuyo Consejero Comisionado sostuvo durante mucho tiempo que bastaba con utilizar el principio de oportunidad dentro del sistema judicial ordinario.

En segundo lugar, cualquiera que sea el resultado electoral, la estrategia del sector seguridad y defensa –centrada en operaciones militares y bombardeos contra múltiples estructuras armadas– probablemente no cambiará de manera radical. Podrán existir diferencias en el énfasis sobre derechos humanos o en los niveles de supervisión civil, pero todos los candidatos deberán reconocer las limitaciones de la presión militar por sí sola para producir resultados sostenibles de cierre del conflicto armado.

En tercer lugar, independientemente del escenario político, los grupos armados buscarán adaptarse y sacar provecho de la coyuntura para fortalecerse territorialmente y ampliar sus niveles de legitimidad social. Así como existirán críticas frente a las promesas incumplidas del progresismo democrático, también surgirán estrategias de reclutamiento y movilización social frente a eventuales gobiernos con discursos de “mano dura” o enfoques más conservadores.

Finalmente, la transformación territorial y el desarrollo socioeconómico de las regiones más afectadas por el conflicto seguirán siendo una necesidad ineludible dentro de cualquier Plan Nacional de Desarrollo. Desde distintos gobiernos y bajo marcos como la consolidación territorial, los PDET, las Zonas Futuro o las llamadas “maquetas de paz”, el Estado ha intentado –con resultados mixtos– enfrentar desigualdades históricas en infraestructura, acceso a servicios básicos, presencia institucional y justicia local. Más allá de los discursos públicos de campaña, todas las candidaturas cuentan con personas serias reflexionando profundamente sobre este desafío. Allí podría existir, precisamente, uno de los pocos puntos capaces de servir como base para un entendimiento común o un acuerdo nacional entre distintos sectores políticos, económicos y sociales del país.