Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), agrupadas en la Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Unips), expresaron sus reparos frente al proyecto de decreto impulsado por el Gobierno nacional que propone incrementar del 80% al 90% el porcentaje de giro directo de los recursos del sistema de salud.
A través de un comunicado dirigido al Ministerio de Salud, la organización informó que presentó observaciones técnicas sobre la propuesta y señaló que, aunque el mecanismo de giro directo ha representado avances para facilitar el flujo de recursos hacia los prestadores, considera que la medida resulta insuficiente si no se acompaña de cambios regulatorios adicionales.
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Según explicó la agremiación, el análisis realizado sobre el comportamiento de los recursos durante 2025 permitió identificar situaciones que, a su juicio, continúan afectando la estabilidad financiera de las instituciones encargadas de la prestación de servicios de salud.
Irregularidades en el manejo de los recursos
Unips señaló que el estudio técnico entregado al ministerio evidencia una marcada irregularidad en la periodicidad de las postulaciones y en los montos efectivamente girados a las IPS durante la vigencia 2025.
De acuerdo con la organización, los datos muestran diferencias significativas entre distintos actores del sistema. Mientras algunos prestadores han registrado cierta continuidad en los procesos de postulación, otros han experimentado fluctuaciones importantes tanto en la frecuencia de los giros como en los valores recibidos.
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En el documento, la entidad indicó que estas variaciones se presentan sin criterios suficientemente predecibles que permitan a las instituciones realizar una adecuada planeación financiera.
Además, afirmó que se identificaron “condiciones inequitativas en la priorización de recursos, inconsistencias en la trazabilidad de la información reportada y limitaciones en los mecanismos actuales de seguimiento”, aspectos que, según explicó, dificultan establecer con claridad la oportunidad de los desembolsos y evaluar su impacto sobre la sostenibilidad de la red prestadora.
A juicio de la organización, los resultados del análisis muestran que “incrementar el porcentaje de giro directo, sin incorporar reglas explícitas de regularidad temporal, estabilidad de montos y trazabilidad verificable, resulta insuficiente para resolver los problemas estructurales del flujo financiero del sistema”.
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Las IPS sostuvieron que la falta de certeza sobre las fechas y montos de los pagos afecta la capacidad de planeación institucional de las IPS y genera repercusiones en diferentes áreas de operación. La organización manifestó que esta situación puede impactar el pago oportuno del talento humano en salud, limitar la adquisición de medicamentos e insumos esenciales, restringir la incorporación de nuevas tecnologías y poner en riesgo la continuidad de los servicios prestados a los pacientes.
Propuesta de una comisión de seguimiento
Ante este panorama, la agremiación informó que solicitó al Ministerio de Salud complementar el proyecto de decreto con nuevas disposiciones regulatorias. En particular, las IPS plantearon la creación de una Comisión Técnica de Seguimiento a los recursos girados a través de este mecanismo, con participación de entidades y actores vinculados al sistema de salud.
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La propuesta contempla la inclusión del Ministerio de Salud, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), la Superintendencia Nacional de Salud, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).
Según explicó la organización, esta instancia tendría como objetivo realizar un monitoreo permanente sobre los procesos de postulación, giro, oportunidad, regularidad y trazabilidad de los recursos. Unips aseguró que un espacio de estas características permitiría identificar alertas tempranas, corregir posibles desviaciones operativas y fortalecer los mecanismos de control existentes dentro del sistema.
Finalmente, las IPS expresaron su disposición para continuar participando en espacios de diálogo técnico con el Gobierno nacional y avanzar en la construcción de soluciones para el sistema de salud.
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