Funcionarios del Instituto Nacional de Salud denunciaron casos de acoso laboral: las quejas llegaron a la Procuraduría y al Ministerio del Trabajo

Un grupo de funcionarios del Instituto Nacional de Salud (INS) denunció presuntas situaciones de acoso laboral, afectaciones a la salud mental y omisiones en la gestión del riesgo psicosocial al interior de la entidad.

La comunicación, dirigida a medios de comunicación y fechada el 27 de mayo de 2026 en Bogotá, señala que durante el último año varios servidores públicos han presentado quejas formales relacionadas con el deterioro del clima organizacional y las condiciones de bienestar laboral.

De acuerdo con el documento, actualmente existen diez quejas presentadas por funcionarios que consideran estar siendo objeto de conductas constitutivas de presunto acoso laboral. Los denunciantes afirmaron que algunos trabajadores han requerido acompañamiento psicológico o psiquiátrico, además de solicitudes de protección y reubicaciones laborales derivadas, según indicaron, del ambiente de trabajo dentro de la institución.

Vigilancia preventiva de la Procuraduría

En la comunicación enviada a los medios, los funcionarios indicaron que la Procuraduría General de la Nación informó el inicio “inmediato y prioritario” de una vigilancia preventiva frente a los presuntos hechos de acoso laboral dentro del INS.

Según el texto, la solicitud de intervención fue radicada el 13 de abril de 2026 ante la Procuraduría para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, bajo el argumento de un posible riesgo de daño antijurídico y vulneración de derechos. Posteriormente, la Delegada Preventiva y de Control de Gestión Segunda para la Vigilancia de la Función Pública respondió mediante un documento fechado el 6 de mayo de 2026.

En esa respuesta, citada por los denunciantes, se informó que la vigilancia preventiva se adelanta “desde una perspectiva de género, con relación a la situación de presunto acoso laboral en el Instituto Nacional de Salud- INS-”, en cumplimiento de las disposiciones contempladas en las leyes 1010 de 2006 y 1257 de 2008, así como de la Circular 003 de 2024 expedida por la Procuraduría.

Los funcionarios también aseguraron que el órgano de control requirió tanto al INS como a su Comité de Convivencia Laboral para remitir soportes e informes relacionados con las medidas adoptadas frente a la prevención y atención de casos de acoso laboral.

Querella ante el Ministerio del Trabajo

La denuncia además señala que la organización sindical Asociación Sindical de Trabajadores y Empleados de Colombia (Asintracs) radicó una querella ante el Ministerio del Trabajo el 12 de mayo de 2026. Según el documento, la acción fue presentada por presuntas omisiones en la gestión del riesgo psicosocial y posibles prácticas de revictimización institucional.

En el comunicado, los funcionarios manifestaron que la administración de la directora general del INS “supedita la adopción de medidas preventivas a la existencia de sanciones disciplinarias ejecutoriadas”, situación que, según los denunciantes, dejaría de lado la obligación de identificar y mitigar factores de riesgo que puedan afectar la salud mental y la integridad de los trabajadores.

Los firmantes señalaron además que otras personas no suscribieron la comunicación “por temor a posibles represalias laborales, afectaciones en sus condiciones de trabajo o escenarios de revictimización”. Asimismo, indicaron que no buscan afectar el nombre de la entidad, sino promover una discusión sobre las condiciones laborales y la salud mental dentro de la principal autoridad técnica en salud pública del país.

En la comunicación, los accionantes adjuntaron documentos y actuaciones administrativas relacionadas con las denuncias presentadas. Por ahora, el caso permanecería en etapa de revisión por parte de las autoridades competentes, mientras se espera la verificación de los hechos denunciados y de las medidas adoptadas al interior de la entidad.

De ser cierto, el desarrollo de estas actuaciones podría definir eventuales determinaciones administrativas o disciplinarias, así como nuevas solicitudes de información a la administración del Instituto Nacional de Salud en el marco de las competencias de los organismos de control.