Corte Constitucional revisará tutela contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez por acusar a la madre de su hijo de supuesto abuso sexual

La Corte Constitucional admitió para revisión una tutela presentada contra uno de sus propios integrantes, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, expresidente del alto tribunal, por declaraciones relacionadas con la madre de su hijo mayor. La decisión fue adoptada el jueves 28 de mayo por la sala de selección integrada por la magistrada Lina Marcel Escobar y el magistrado Juan Carlos Cortés.

La tutela fue interpuesta por Jorge Enrique Ibáñez Robles y por su madre, Yolanda Inés Robles Ramírez, quienes solicitaron que se protejan “sus derechos fundamentales a una vida libre de violencia, a la honra, al buen nombre y a la dignidad humana, ordenando la adopción de medidas de protección idóneas y suficientes”. Según la Corte, el expediente será revisado por tratarse de “un asunto novedoso y la exigencia de aclarar el contenido y el alcance de un derecho fundamental”.

El caso tiene origen en una entrevista concedida por el magistrado Ibáñez al medio CasaMacondo, como parte de un reportaje sobre un expediente perdido en un juzgado de familia de Ibagué, Tolima. Los documentos extraviados estaban relacionados con el proceso mediante el cual el togado reconoció en 2004 la paternidad de Jorge Enrique Ibáñez Robles.

Durante esa entrevista, el magistrado señaló: “Este es un asunto de la paternidad que aparece y se lo pongo con toda la transparencia. Aparece como consecuencia de una conducta de la que yo fui víctima. Especialmente, digamos, fui víctima de abuso sexual por parte de una señora”.

En la misma conversación con CasaMacondo, el magistrado afirmó que la mujer lo invitó a tomar algo y que “seguramente yo terminé metido en una situación de indefensión, donde yo pude haber tenido una relación con ella”.

Tras esas declaraciones, Yolanda Inés Robles Ramírez y su hijo acudieron a la justicia para solicitar que se ordenara “la retractación, rectificación y aclaración de las afirmaciones contenidas en la entrevista concedida por el accionado al medio de comunicación, en condiciones de equidad, por el mismo medio, con igual despliegue y duración”.

La tutela pasó inicialmente por un juzgado de Neiva, Huila, que resolvió a favor de los accionantes y ordenó al magistrado retractarse públicamente. En cumplimiento de esa decisión, en diciembre de 2025, Ibáñez manifestó: “No he asegurado ni aseguro, porque no me consta, en tanto no tengo elementos probatorios que así lo certifiquen y por tratarse simplemente de una hipótesis descartada nunca acudí a la administración de justicia para solicitar investigación, que haya sido víctima de abuso sexual por parte de la citada señora con la cual no tuve relación alguna”.

Posteriormente, el magistrado impugnó la decisión. En febrero de 2026, un juzgado penal de Neiva revocó parcialmente lo resuelto en primera instancia y emitió órdenes dirigidas al medio CasaMacondo. Entre ellas, dispuso eliminar de su página web las publicaciones relacionadas con las declaraciones realizadas por Jorge Enrique Ibáñez. Además, el despacho judicial ordenó al medio abstenerse de “efectuar publicaciones que atenten contra la intimidad, la honra o el buen nombre” del magistrado y de Yolanda Inés Robles.

Ahora, con la selección del expediente por parte de la Corte Constitucional, será el propio alto tribunal el encargado de revisar las actuaciones judiciales y definir el alcance de las solicitudes planteadas por los accionantes.

Entre las pretensiones de Yolanda Inés Robles Ramírez se encuentra que el magistrado haga una retractación y aclaración específica sobre las afirmaciones relacionadas con un supuesto abuso sexual. En el documento presentado ante la justicia, la accionante pidió “la retractación de las manifestaciones en las que se afirmó, de manera falsa y sin sustento, que el accionado habría sido víctima de abuso sexual por parte de la señora Robles Ramírez, aclarando que la relación fue consentida”.

También solicitó retractación respecto a la “insinuación maliciosa según la cual la accionante habría colocado al accionado en una supuesta situación de indefensión mediante la ingesta de alguna sustancia”.

Por su parte, Jorge Enrique Ibáñez Robles pidió aclaraciones y rectificaciones relacionadas con afirmaciones sobre el uso de su apellido, las condiciones de la cuota alimentaria, los aportes económicos realizados por el magistrado y aspectos vinculados con la relación personal y académica entre ambos.