“El Flaco”, supuesto padrastro de la niña, habría sido quien abusó y asesinó a Mía Kathaleya: ofrecen millonaria recompensa

La bebé Mía Kathaleya murió el miércoles 27 de mayo de 2026 en el municipio de El Espinal, Tolima, tras permanecer hospitalizada por graves lesiones y presuntos signos de abuso sexual. La menor falleció hacia el mediodía en la clínica Clinaltec, a donde había sido trasladada por la complejidad de su estado.

La Alcaldía de El Espinal anunció una recompensa de hasta $10 millones para la persona que entregue información que permita avanzar en la identificación y captura de los responsables. En paralelo, las autoridades buscan a un hombre conocido con el alias de “El Flaco”, señalado como padrastro de la niña, que presuntamente desapareció tras conocerse el caso.

De acuerdo con la información preliminar, la madre se habría trasladado hace pocas semanas desde la vivienda de familiares hacia otro lugar donde residía con ese sujeto. Esa situación está en revisión por unidades judiciales y de infancia.

El alcalde de El Espinal Wilson Gutiérrez confirmó la muerte y aseguró que siguen los operativos para ubicar a los presuntos responsables. Según indicó, el reporte oficial fue entregado por la Secretaría de Salud y el equipo médico que atendía a la menor.

De acuerdo con información preliminar, la bebé fue llevada inicialmente al Hospital San Rafael durante la tarde del martes, donde el personal médico evidenció fracturas en varias partes del cuerpo y otras lesiones. Esa situación activó los protocolos para posibles víctimas de violencia sexual y maltrato infantil.

Por la gravedad de las heridas, Mía Kathaleya fue remitida a una unidad de cuidados intensivos pediátrica de mayor complejidad, donde se confirmó su fallecimiento. Mientras avanzan las diligencias judiciales, la madre de la menor, de 25 años, permanece bajo custodia de las autoridades y, según versiones oficiales, llegó al centro médico en aparente estado de alteración.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar activó la ruta de atención y protección desde que tuvo conocimiento del caso e inició el proceso administrativo para el restablecimiento de derechos de la menor. La Defensoría del Pueblo y la Gobernación del Tolima rechazaron lo ocurrido y exigieron resultados rápidos; la gobernadora Adriana Magali Matiz pidió que los responsables respondan ante la justicia y que el hecho no quede en la impunidad.

Se pronunció la Defensoría del Pueblo sobre el caso y pidió celeridad a la Fiscalía en la investigación

La Defensoría del Pueblo solicitó rapidez a la Fiscalía General de la Nación tras la muerte de Mía Cataleya. El caso está siendo investigado por posible abuso sexual y lesiones físicas, ya que la menor presentaba fracturas vinculadas a violencia, y había estado internada en el Hospital San Rafael.

La Defensoría consideró el hecho como una grave vulneración de los derechos de la infancia y exigió que las autoridades avancen con rapidez, esclarezcan lo sucedido y sancionen a los responsables.

El organismo también hizo énfasis en que toda forma de violencia contra menores es inadmisible y que la protección de niños y adolescentes debe ser prioritaria en todos los entornos.

“Toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes es inadmisible. Por eso su protección, en todos los entornos, debe ser una prioridad. La violencia sexual es una forma de tortura de la que ningún ser humano debería ser víctima y menos ninguna niña, niño o adolescente”, informó la Defensoría del Pueblo.

Además, reclamó que se mantengan y fortalezcan las acciones interinstitucionales de protección y prevención, así como las rutas de atención para menores en riesgo, y anunció que va a continuar acompañando a la familia de la víctima y supervisando el desarrollo del caso.

“Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes avanzar con celeridad en la investigación, garantizar el esclarecimiento de los hechos y adoptar las medidas necesarias para sancionar a los responsables conforme a la ley”, indicó el comunicado.

Por último, la Defensoría instó a familias, comunidades, instituciones y ciudadanía a activar alertas tempranas ante cualquier riesgo para los menores y a contribuir en la creación de entornos seguros para la infancia.