
Paloma Susana Valencia Laserna llega a las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 con un objetivo claro: convertirse en la primera mujer en llegar a la Casa de Nariño en 210 años de historia republicana.
Con 12 años de trayectoria en el Senado, la dirigente caucana intenta superar todos los estereotipos y pretende llegar a competir por un lugar en la disputa por ser la sucesora de Gustavo Petro en el poder.
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Aunque las recientes encuestas y sondeos de opinión la han distanciado de sus dos rivales directos (Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella), aún intenta consolidar apoyos en la derecha y atraer votantes del centro de cara a las elecciones de 2026.

De hecho, su fórmula vicepresidencial es Juan Daniel Oviedo Arango, economista, académico, exconcejal de Bogotá y exdirector del Dane, que fue la gran sorpresa de las consultas interpartidistas del 8 de marzo, tras obtener más de un millón de votos.
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El arribo de Valencia a la contienda electoral tuvo varios pasos. Inicialmente, ganó la puja interna de su partido Centro Democrático, tras derrotar a sus compañeras de bancada María Fernanda Cabal y Paola Holguín.
Posteriormente, se sumó a la Gran Consulta, una coalición de nueve precandidatos presidenciales de tendencia de centro y derecha que se definió el 8 de marzo de 2026, y donde fue la vencedora con más de 3.200.000 votos.
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¿Quién es Paloma Valencia?
Paloma Susana Valencia Laserna nació el 19 de enero de 1976 en Popayán (sur occidente de Colombia). Es abogada, filósofa y especialista en Economía de la Universidad de los Andes, y tiene una maestría en Escritura Creativa de la Universidad de Nueva York.
Es hija de Ignacio Valencia López, exsenador y exdiplomático colombiano, y de Dorotea Laserna Jaramillo, proveniente de una influyente familia vinculada a la academia y fundadora de la Universidad de los Andes.
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Así mismo, es nieta del expresidente Guillermo León Valencia, que gobernó entre 1962 y 1966, y de Mario Laserna (por parte materna), fundador del centro universitario mencionado.
En ese entorno también convivió con una red familiar amplia en la que estaban los Iragorri Valencia, sus primos, hijos de Diana Valencia y el político liberal Aurelio Iragorri Hormaza.
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Su pareja es Tomás Rodríguez Barraquer, economista y profesor catedrático de la misma institución de educación superior. Ambos se casaron en 2016 y un año después, nació su hija llamada Amapola.
Según su perfil, fue profesora catedrática en la Universidad de los Andes en las cátedras de Lógica y Retórica y Constitución y Democracia, y se desempeñó como columnista de El Espectador y El País; del mismo modo, se destacó su paso como analista política en Blu Radio.
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Su trayectoria política
Sus inicios en el mundo político fue en el año 2006 cuando aspiró a la Cámara por Bogotá con el aval de Alas Equipo Colombia. Sin embargo, solo obtuvo 1.656 votos, por lo que no alcanzó a obtener su curul en el legislativo.
El salto definitivo ocurrió ocho años después (2014), cuando fue incluida en la lista cerrada del Senado por el partido Centro Democrático, encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, que consiguió más de dos millones de votos, representados en 19 curules, convirtiéndose en la segunda bancada más grande de esa cámara, detrás del Partido de La U.
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Intentó dos veces ser candidata presidencial de su partido antes de lograrlo. En 2018 desistió para adherirse a la campaña de Iván Duque y ese año volvió al Senado en una lista abierta con 29.319 votos; en 2022 perdió la consulta interna frente a Óscar Iván Zuluaga, regresó otra vez al Congreso y elevó su votación a 63.062 sufragios.
En sus 12 años en el Legislativo ha integrado la Comisión Primera Constitucional del Senado. Entre las iniciativas de su autoría que fueron aprobadas, el medio menciona la ley Estado Contigo, para apoyar a jefes de hogar vulnerables y crear alertas tempranas sobre niñez, y la ley Escalera de la Formalidad, orientada a la formalización gradual de empresarios con beneficios gratuitos en registros mercantiles.
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Sus polémicas en el Congreso
Desde el Capitolio, Valencia ganó visibilidad con debates sobre las alzas en las tarifas de Electricaribe y el estado de las reservas de petróleo.
También fue una voz activa por el “No” en el plebiscito por la paz de 2016 y recibió críticas por proponer dividir el Cauca entre un sector indígena y otro de “mestizos”, según información recopilada por El Espectador.

Sin embargo, una de sus grandes polémicas ocurrió el 27 de noviembre de 2018 durante una plenaria de control político en el Senado.
Allí, la congresista reveló un video en el que se veía al entonces senador Gustavo Petro recibiendo fajos de billetes dentro de bolsas, una maniobra que alteró un debate convocado para examinar presuntos conflictos de interés y omisiones del entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez en el caso Odebrecht y que terminó por desplazar de la agenda pública las acusaciones sobre la Ruta del Sol II.
Posteriormente se supo que el video no era reciente. La grabación había sido hecha en la clandestinidad por Juan Carlos Montes, un ingeniero, exmilitante del M-19 y luego contratista que había sido hombre de confianza de Petro. En su momento, el entonces senador de Colombia Humana sostuvo que las imágenes correspondían a los años 2005 o 2006, que consistía en un préstamo legal del arquitecto Simón Vélez para financiar campañas políticas internas de la izquierda.
Pese a que el caso fue llevado ante el Consejo Nacional Electoral y la Corte Suprema de Justicia, ambos expedientes terminaron archivados y Petro no fue sancionado.

De otro lado, la senadora Paloma Valencia también fue centro de polémicas por su posición frente al proyecto que reduce los altos salarios de los congresistas.
La polémica, originada en 2023, obedece a que la parlamentaria había votado a favor de un artículo que permitía a los congresistas dedicarse a otras actividades económicas privadas para compensar los ingresos que perderían con la reforma.
Ante ello, la senadora se defendió públicamente, afirmando que el articulado no tenía vicios por inconstitucionalidad. Pese a ello, la propuesta finalmente fue archivada por tiempos de trámite en el legislativo.
Plan de Gobierno
Bajo el nombre ‘Colombia Más Grande’, Paloma Valencia presentó su propuesta para la presidencia de Colombia en 2026.
Su propuesta combina refuerzo militar y policial, reducción del tamaño del Estado, rebajas tributarias y medidas sociales, con la meta de llevar el crecimiento anual al 5% y ejecutar varias de sus decisiones en los primeros 100 días de Gobierno.
Entre los objetivos cuantificados de su plan figura el mejoramiento de hasta 10.000 km de vías terciarias, además de la expansión del internet satelital con apoyo de paneles solares en zonas aisladas.
En materia de orden público, Valencia propone incorporar nuevos efectivos para enfrentar la delincuencia en zonas urbanas y rurales, según su plataforma de campaña. A esa estrategia suma el “Escudo de las Américas”, un mecanismo de cooperación internacional con soporte tecnológico de Estados Unidos para combatir el narcotráfico de forma directa.
La senadora plantea además poner fin a las concesiones de paz, entre ellas, la política de Paz Total impulsada por el presidente Gustavo Petro, dentro de los primeros 100 días. Su propuesta incluye erradicar por la fuerza a grupos ilegales como el ELN y bandas criminales en áreas que identifica como críticas: la Amazonía, los Parques Nacionales y el Chocó.
En el frente fiscal, la candidata propone una reducción radical del tamaño del Estado mediante la eliminación de burocracia innecesaria y de agencias públicas que considera superfluas. Los recursos ahorrados se destinarían a agua potable, electrificación, conectividad y educación.
En educación, Valencia propone bonos escolares para familias de bajos recursos. El sistema permitiría que esos hogares reciban subsidios del Estado para matricular a sus hijos en el colegio de su elección, ya sea público o privado en concesión.
En salud, la candidata diseñó un plan estratégico de contingencia para los primeros 100 días de gobierno enfocado en mitigar la crisis del sistema y recuperar la red de atención.
La agenda social incluye también apoyo a mujeres y madres solteras mediante redes comunitarias de cuidado con empleo formal y guarderías compartidas. Su propuesta añade que los títulos de propiedad de tierras entregados por el Estado queden mayoritariamente a nombre de mujeres para promover su autonomía y prevenir la violencia intrafamiliar.
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