Un reciente operativo de la Fuerza Pública sobre la finca en el Catatumbo señalada como propiedad de Yamit Picón Rodríguez reactivó la controversia entre el Gobierno Petro y el propio Picón, quien rechaza las acusaciones y anuncia acciones legales.
El terreno fue intervenido en El Recreo, municipio de La Gloria, departamento del Cesar, donde las autoridades vinculan el predio al lavado de activos y la financiación de grupos armados, mientras Picón se presenta como campesino y denuncia un error judicial, según lo registró El Tiempo.
El Gobierno colombiano realizó el operativo el 20 de diciembre sobre la finca de más de 150 hectáreas ubicada en la Ruta del Sol.
Según funcionarios en diálogo con el medio citado, el predio está relacionado con investigaciones de lavado de activos y nexos con el cartel de Sinaloa, organización criminal mexicana, y el ELN, guerrilla colombiana.
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Picón, señalado como líder de la organización en la región, niega los señalamientos, sostiene que su patrimonio tiene origen lícito y anuncia una demanda contra el Estado.
Imágenes divulgadas por El Tiempo muestran la presencia de casquillos y el despliegue militar durante el aseguramiento del terreno. De acuerdo con Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la propiedad estaba ocupada de manera indebida y sus derechos pasaron al Fondo de Reparación para adjudicación a campesinos.
El perfil judicial y las acusaciones contra Yamit Picón Rodríguez
En el Catatumbo, Yamit Picón Rodríguez es conocido como «Choncha». Fue extraditado en 2021 a Estados Unidos, donde aceptó cargos de narcotráfico sin ser procesado por rebelión, según registros judiciales citados por el medio citado.
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Tras regresar a Colombia, fue detenido de inmediato por concierto para delinquir agravado, lavado de activos, financiación de terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades ilícitas.
Informes de policía judicial, a los que tuvo acceso la Fiscalía General de la Nación, ubican a Picón al frente de la estructura financiera del ELN en varios municipios de Norte de Santander y en el sur del Cesar.
Desmovilizados relataron que Picón inició como recolector de hoja de coca, evolucionó a comisionista y más tarde ingresó a la organización financiera de la guerrilla. Las autoridades le atribuyen la compra de bienes inmuebles y vehículos, a pesar de poner en duda su capacidad económica para justificar un patrimonio de $1.662 millones.
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La respuesta y la defensa de Picón ante la acción del Gobierno
Picón rechaza cualquier relación con el ELN y sostiene que ha sido víctima de un error judicial.
Afirma que su fortuna proviene de actividades como el transporte de materiales y alimentos, apoyado en su propio negocio registrado en la Cámara de Comercio.
La abogada Yésica Troncoso Márquez y el abogado José Ricardo Pachón, representantes legales de Picón, aseguran que durante el proceso judicial no se entregaron pruebas concluyentes de vínculos con grupos armados, en diálogos con El Tiempo.
Solo se anexaron reportes de policía judicial sin valor probatorio. Picón quedó en libertad tras ser absuelto en noviembre de 2025 por un tribunal de Bucaramanga del delito de rebelión.
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Sus abogados argumentan que aceptó cargos de lavado y enriquecimiento ilícito porque le prometieron su excarcelación y la reducción de cargos, compromiso que, según la defensa, no se cumplió íntegramente y ahora está en apelación presentada.
El señalado sostiene que las autoridades pudieron haberlo confundido con su hermano y que aceptó cargos en Estados Unidos tras malinterpretar conversaciones donde hablaba sobre quesos, no cocaína. Estudia junto a su defensa demandar al Estado por los daños ocasionados a su nombre y patrimonio.
Situación legal de la finca y el proceso de extinción de dominio
La Agencia Nacional de Tierras sostiene que la entidad adquirió la finca y consignó el monto correspondiente al Fondo de Reparación, que administra legalmente el bien.
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Harman indica que se aplicó una enajenación temprana y que Picón no tiene documentación válida para poseer o arrendar la propiedad. “La finca es nuestra porque la compramos; tenemos actas, promesa de compraventa y comprobantes del pago”, declaró Harman a El Tiempo.
Los bienes permanecen bajo custodia judicial mientras se resuelve una apelación presentada por la defensa de Picón, que evalúa también interponer acciones legales por los daños causados. “Hoy los bienes siguen secuestrados por la justicia y yo desconozco la situación jurídica del señor”, añadió el director de la ANT.
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