La disputa por la reforma pensional volvió a sacudir el escenario político colombiano. Esta vez, las declaraciones del presidente Gustavo Petro desde Cúcuta desataron una respuesta inmediata de la senadora María Fernanda Cabal, que rechazó con dureza la posibilidad de trasladar recursos de los fondos privados hacia Colpensiones.
Desde Cúcuta, Norte de Santander, el presidente Gustavo Petro lanzó una petición directa a las altas cortes y abrió otra disputa política alrededor de la reforma pensional. Sus palabras, pronunciadas durante el Encuentro Popular de Economías para la Vida, desataron una inmediata reacción desde la oposición.
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Y es que desde ese lugar, el presidente Petro pidió respaldo judicial para la reforma y criticó los retrasos que sufrió el proyecto antes de su aprobación en el Congreso. El mandatario sostuvo que distintos sectores frenaron la iniciativa durante más de un año y apuntó contra el expresidente del Senado Iván Name, al que acusó de mantener archivada la propuesta para impedir su trámite.
Petro suplicó por la reforma pensional
Durante su intervención pública, el jefe de Estado apeló a un tono emocional para insistir en la necesidad de proteger a los adultos mayores: “Les solicito, les suplico, me arrodillo ante las Cortes”, afirmó Petro frente a cientos de asistentes, mientras defendía el alcance social de la reforma pensional.
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El presidente aseguró que el proyecto permaneció detenido durante ocho meses en el Senado y otro periodo similar en la Corte Constitucional. Según dijo, esas demoras buscaron impedir que la iniciativa avanzara dentro de los tiempos establecidos por el Congreso.
Petro también mencionó el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y rechazó las versiones sobre supuestos apoyos irregulares a sus reformas. Según dijo, la reforma pensional se salvó fue por el respaldo de las mayorías en la Cámara.
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“Hicimos la ley y un magistrado la escondió ocho meses. Y antes, un presidente del Senado la había escondido otros ocho meses en su escritorio”, expresó el mandatario durante el evento en Cúcuta. Petro insistió en que la reforma buscó garantizar derechos para la población de la tercera edad y defendió la actuación de la Cámara durante el trámite legislativo.

María Fernanda Cabal jugó con la misma moneda del Gobierno para reprochar la petición de Petro
Las declaraciones provocaron una fuerte contestación desde sectores opositores, tal y como pasó con la senadora María Fernanda Cabal, que centró sus críticas en la posibilidad de mover recursos de los fondos privados hacia Colpensiones y sostuvo que esos dineros pertenecen exclusivamente a los trabajadores.
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“Los ahorros en los fondos privados no son del Estado. Son de cada trabajador. Son su propiedad. Pedirle a las Cortes que autoricen su traslado forzado a Colpensiones no es una política social. Es un atraco”, escribió la senadora en su cuenta de X.
La congresista defendió el modelo de ahorro individual y cuestionó que el Gobierno buscara respaldo judicial para una medida que, según ella, afecta la propiedad privada de millones de colombianos.
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El decreto de Petro que quedó suspendido por decisión judicial
Y es que la petición de Gustavo Petro ante las altas cortes surgió después del freno judicial que sufrió uno de los decretos clave de su reforma pensional. El Gobierno expidió el Decreto 0415 para ordenar a los fondos privados el traslado de cerca de $27 billones hacia Colpensiones, recursos correspondientes a unos 120.000 trabajadores que se acogieron a la llamada “ventana de oportunidad”.
Sin embargo, el Consejo de Estado suspendió la medida al considerar que el Ejecutivo excedió sus facultades y puso en riesgo la estabilidad financiera del mercado por la venta acelerada de títulos de tesorería (TES).
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Ese revés judicial dejó en vilo uno de los puntos centrales de la reforma y llevó a Petro a pedir respaldo de la Corte Constitucional. El mandatario insistió en que la iniciativa busca proteger los derechos de los adultos mayores y cuestionó las demoras que enfrentó el proyecto tanto en el Congreso como en la justicia.
Mientras tanto, la Corte Constitucional aún revisa la legalidad completa de la reforma pensional y mantiene suspendida su entrada en vigencia, aunque conservó activa la “ventana de traslado” para ciertos trabajadores que cumplen requisitos específicos.
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