Nueva medida del Congreso de la República dejará a millones de colombianos reportados en Datacrédito: “Se favoreció a los bancos”

El Congreso de la República hundió el proyecto de ley de Borrón y Cuenta Nueva 2.0 y le cerró la puerta al alivio para millones de ciudadanos reportados en centrales de riesgo como Datacrédito. El archivo de la iniciativa, debido a que no se agendó para lo que resta de la legislatura, mantiene a cerca de siete millones de personas con registros negativos y limita de manera directa el acceso al crédito, la vivienda y el empleo para muchos colombianos.

La propuesta buscaba otorgar una segunda oportunidad a los deudores morosos. El eje central era permitir que quienes saldaran las obligaciones en entidades financieras, comerciales o de servicios pudieran limpiar su historial crediticio y volver al sistema formal.

La decisión desató críticas contra la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes y fuertes señalamientos sobre el papel del sector financiero y la inclusión económica.

“A la Mesa Directiva no le importaron siete millones de colombianos que hoy están reportados en Datacrédito, algunos de ellos injustamente, algunos por $500, por $5.000 o por $10.000“, afirmó el representante Alejandro Ocampo, uno de los promotores de la iniciativa. El congresista denunció que la falta de gestión parlamentaria perpetuó la exclusión de quienes, pese a haber saldado deudas o contar con obligaciones mínimas, permanecen como morosos ante el sistema financiero. Insistió en que se “favoreció a los bancos”

Qué proponía la ley de Borrón y Cuenta Nueva

Como se recordará, una de las principales medidas del proyecto de ley de Borrón y Cuenta Nueva era la amnistía para quienes pagaran las deudas en los primeros 12 meses ante la entrada en vigor de la ley, con la posibilidad de eliminar los reportes negativos en solo dos meses después del pago. El mecanismo proyectaba beneficiar a más de cinco millones de colombianos, ampliando el acceso a créditos y servicios.

Además, proponía reducir el plazo de permanencia de reportes negativos en las bases de datos. Mientras que en la actualidad la información adversa puede mantenerse hasta cuatro años, la nueva norma pretendía que, al ponerse al día, el reporte solo se conservara durante seis meses. En el caso particular de los que poseen créditos educativos, la norma preveía que pudieran salir de los listados morosos luego de pagar seis cuotas consecutivas de sus acuerdos, inclusive si quedaba saldo pendiente.

La propuesta contemplaba también la eliminación inmediata del historial negativo para los que liquidaran todas las obligaciones antes de aprobarse la ley. La responsabilidad de actualizar la información recaería en las centrales como Datacrédito.

Acusaciones de favorecimiento al sector bancario

Según el representante a la Cámara Alejandro Ocampo, la negativa a agendar el debate desde agosto de 2025 favoreció los intereses bancarios y bloqueó la reactivación financiera de millones de colombianos.

“Fue más fuerte el lobby de Asobancaria (presiones del sector financiero) que la necesidad del pueblo colombiano”, aseguró Ocampo. Insistió en que la Mesa Directiva “solo tenía que agendar este proyecto” para que la plenaria pudiera discutir y votar la ley.

Las críticas del representante muestran que la decisión no solo fue una omisión, sino que respondió a una presión clara del sector financiero sobre la agenda legislativa. Según sus declaraciones, “la Mesa Directiva le jugó a la banca en Colombia”, una valoración que resume la inconformidad de los que esperaban la aprobación del alivio crediticio y la frustración social por la postergación indefinida del tratamiento legislativo.

Antecedentes legislativos

El hundimiento de la ley deja suspendida la posibilidad de recuperar la vida financiera para millones. Ser reportado en la actualidad implica trabas para obtener créditos, vivienda o empleo, dado que las centrales de riesgo como Datacrédito mantienen registros que persisten durante años.

Dicho episodio retoma el antecedente de la Ley 2157 de 2021, primer gran intento de alivio crediticio en Colombia. Aunque estaba proyectada para favorecer a 16 millones de personas, apenas 1,7 millones lograron limpiar su historial, debido a la falta de difusión y la resistencia del sector financiero.

La nueva ley intentaba solucionar esas limitaciones, proponiendo una mayor amnistía, reducción de plazos y respuestas específicas para beneficiarios de créditos educativos. Sin embargo, la exclusión parlamentaria del proyecto representa un retroceso en los derechos económicos de sectores vulnerables y en la construcción de mecanismos de reintegración financiera.