Militares responsables de filtrar audios en que supuesto cabecilla de las disidencias apoya la campaña de Iván Cepeda saldrían de las Fuerzas Armadas por orden de Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro ordenó la salida inmediata de los militares implicados en la distribución de audios falsos contra la campaña presidencial de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, luego de comprobarse que la grabación, atribuida inicialmente a un supuesto integrante de las disidencias, fue elaborada y difundida en forma fraudulenta por un preso desde la cárcel Picaleña de Ibagué.

La instrucción presidencial se emitió pocas horas después de que el Ministerio de Defensa abriera una investigación sobre los hechos. Además, dicha cartera confirmó que el audio no procedía de grupos armados ilegales, sino de Jefferson Antonio Ordóñez Rivera, capturado el 20 de mayo de 2022 por fabricación y tráfico de armas y extorsión, y recluido desde entonces.

Según la Policía Nacional, las dinámicas de extorsión carcelaria vinculadas al caso se extendieron durante los tres meses previos a la filtración.

El presidente publicó en su cuenta de X: “Todo oficial de la fuerza pública que participe en política debe salir de inmediato de la fuerza”, estableciendo una directriz clara sobre el futuro de los implicados.

Los funcionarios implicados en la elaboración y traslado del audio dejarán sus cargos, orden que refuerza el anuncio del Ministerio de Defensa acerca de las diligencias disciplinarias y penales para ubicar responsabilidades al interior de las Fuerzas Militares.

El comunicado oficial, tras una reunión con la Dirección Nacional de Inteligencia, detalló que el audio fue producido en la infraestructura penitenciaria y que su contenido no corresponde a la voz de ningún integrante de las disidencias, como se sostuvo inicialmente en los informes de inteligencia.

El audio fue gestado en prisión y distribuido por inteligencia militar

El Ministerio de Defensa, según el reporte de Noticias Uno, detalla que el audio difundido, asignado falsamente a alias Rogelio Benavides de un grupo posguerrilla, fue en realidad obra de alias Sergio David, identificado como Jefferson Ordóñez, un recluso en el patio diez de Picaleña.

El documento oficial sostiene: “El hombre no hace parte de ningún grupo armado organizado ilegal y se anuncian verificaciones para establecer el origen de la información que distribuyó la inteligencia militar,” precisó el Ministerio al medio.

El general William Rincón, director de la Policía Nacional, explicó: “Dichos audios corresponden a dinámicas de extorsión carcelaria, los cuales vendrían siendo dinamizados desde hace más o menos tres meses”. Esta constancia temporal refuerza la hipótesis de que el material no tenía relación directa con acciones políticas externas, sino que respondía a prácticas carcelarias ilícitas.

La investigación interna, puesta en marcha por el Ministerio de Defensa tras la revelación periodística, busca esclarecer cómo y por qué los organismos de inteligencia militar distribuyeron un contenido fraudulento en medios de comunicación y en el entorno de candidatos presidenciales. Las autoridades establecieron que el audio fue grabado en prisión y no cuenta con respaldo de ninguna estructura armada ilegal.

El proceso de verificación y las sanciones ordenadas ilustran la voluntad gubernamental de reforzar la neutralidad de las fuerzas públicas ante los procesos electorales. Las indagaciones para determinar la cadena de responsabilidades continúan bajo estricta supervisión del Ministerio y de los organismos de inteligencia nacional.

La actuación institucional frente a este caso evidencia un compromiso por asegurar la transparencia y la imparcialidad de la fuerza pública en el ámbito electoral, así como la disposición a investigar y sancionar cualquier conducta que vulnere estos principios. Las medidas adoptadas buscan fortalecer la confianza ciudadana en los organismos de seguridad y prevenir futuras injerencias en procesos democráticos.