
El presidente Gustavo Petro se refirió al anuncio dado por el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), luego de que el grupo armado accediera a las condiciones establecidas por el Ejecutivo para el ingreso de combatientes a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) fijadas en el proceso de paz que se desarrolla en Doha (Catar).
En una publicación hecha en su cuenta de X, el mandatario colombiano señaló que la declaración de la organización ilegal, más que una aceptación, es un ataque hacia los lineamientos del Gobierno, y recordó que ese tipo de mecanismos tienen sustento legal y antecedentes en procesos anteriores.
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“Ahora atacan las ZUT, zonas de concentración de combatientes para su desmovilización, el último peso a la desmovilización de la violencia en innoroveso de paz (sic), cuando es de ley y se ha practicado desde hace décadas, incluido el proceso de paz con el M19 hace 34 años”, explicó el jefe de Estado colombiano en sus redes sociales.

Igualmente, el mandatario planteó que la ofensiva contra las ZUT apunta a bloquear un instrumento que considera parte del proceso de desmovilización. “No les gusta tocar la posibilidad de la paz, porque saben que en la paz acaba la economía ilícita”, denunció.
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No obstante, el mandatario destacó la llegada temporal de 400 integrantes a estas zonas de concentración establecidas en Córdoba y Chocó, cumpliendo su solicitud de que ninguno estuviera involucrado en procesos de extradición.
“El autodenominado EGC ha acordado integrar 400 combatientes para su tránsito a la vida civil. Ninguno de ellos, como fue mi solicitud, tiene requerimientos de extradición”, concluyó.
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Esto dijo el Clan del Golfo
En un comunicado emitido el martes 19 de mayo de 2026, el EGC, también conocido como Clan del Golfo, aceptó excluir de las zonas de ubicación temporal a sus miembros que tienen órdenes de extradición.
La decisión impide que su líder Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo o comandante Javier, se beneficie de la medida, al recordar que es requerido por las autoridades judiciales de los Estados Unidos para que comparezcan ante cortes federales por delitos asociados al tráfico internacional de drogas y al concierto para delinquir.
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“Como muestra inequívoca de voluntad política y de coherencia, el Estado Mayor Conjunto del Ejército Gaitanista de Colombia EGC acepta, de buena fe, que el ingreso a las Zonas de Ubicación Temporal quede limitado a aquellos combatientes que no se encuentren solicitados en extradición por ningún gobierno extranjero”, señaló la organización ilegal en la misiva pública.

En su mensaje público, el EGC afirmó que el propósito de restringir el acceso a estas zonas es eliminar “cualquier sombra de duda” y desmarcarse de quienes, según su declaración, han usado la extradición para intentar sabotear el proceso de paz.
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“Con esta decisión despejamos cualquier sombra de duda y dejamos al descubierto a quienes han usado el argumento de la extradición como pretexto para sabotear el proceso y negarle al país la oportunidad histórica de cerrar el ciclo de la confrontación armada”, añadieron.
Del mismo modo, subrayaron que las zonas de ubicación representan “territorios de dignidad para la construcción de la paz” y no servirán como refugio individual.
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“Reafirmamos ante el pueblo colombiano y ante el mundo que nuestro compromiso con la paz no es retórico ni circunstancial: es una decisión política de fondo, asumida con la altura que exige el momento histórico que vive la nación”, manifestaron.
Por último, el Clan del Golfo solicitó a países mediadores, acompañantes nacionales e internacionales y a las comunidades verificar el cumplimiento de la medida y atestiguar la seriedad de su compromiso.
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“Hemos dado un paso. Un paso firme, público y verificable. Un paso que despeja el camino y que pone la responsabilidad histórica donde corresponde (...) ahora tiene usted, señor presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, el balón en sus manos”, concluyeron.
La misiva fue comunicada por Luis Armando Pérez Castañeda, conocido como alias Bruno o Jerónimo, que se destaca como el jefe político del EGC y vocero oficial de la organización ilegal en el espacio socio-jurídico con el Gobierno colombiano.
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Durante los últimos meses, las conversaciones entre el gobierno colombiano y el EGC avanzaron en Doha, donde se pactó el establecimiento de estos territorios temporales en Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), así como en Tierralta (Córdoba), para facilitar la desmovilización de los participantes sin procedimiento pendiente de extradición.
El análisis de los requisitos para posibles beneficios judiciales fue revisado en una reunión entre la Fiscalía y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
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