Medicamento clave para tratar el VIH, bajará más de 95% su precio por proceso legal que ganó Colombia

El Gobierno nacional confirmó el precio definitivo de uno de los medicamentos para tratar a pacientes con VIH en Colombia, después de que el Estado ganara una batalla legal internacional contra la multinacional que conservaba hasta entonces la patente del Dolutegravir.

Según indicó la Presidencia, el nuevo costo pasará de los 200 dólares a apenas seis dólares, lo que representa una reducción de más del 95% en su valor comercial, entre otras, porque el país empezaría a producir su propio medicamento.

“Está es la.mayor victoria internacional de Colombia en la salud para su pueblo.Doblegar la multinacional y hacer bajar el precio del medicamento más importante contra el VIH. Ahora los sistemas de salud preventiva deben iniciar el trabajo en el territorio mismo para derrotar al VIH”, señaló el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.

Asimismo, el Ejecutivo señaló que la producción nacional del medicamento ya se puso en marcha, con la fabricación de al menos un millón de unidades para controlar la malaria y el VIH que serán distribuidos a los operadores farmacéuticos del país.

“El San Juan de Dios de Bogotá ya puede iniciar el sistema preventivo en toda el área central de Bogotá con estos medicamentos.El programa del gobierno nacional y la Universidad de Antioquia ya comenzaron la fabricación de millón y medio de tabletas contra la malaria y debe producir el medicamento contra el VIH“, concluyó el presidente.

El 29 de abril, un fallo judicial permitió a Colombia continuar suministrando dolutegravir a un precio drásticamente reducido: de 200 dólares a solo pocos dólares por unidad. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respaldó la política estatal de licencias obligatorias y garantizó que el país pueda sostener una estrategia que abarate los tratamientos y amplíe el acceso a los pacientes sin infringir las normas regionales sobre propiedad intelectual.

El Ministerio de Salud señaló en su momento que la decisión sienta un precedente al respaldar la utilización de mecanismos legales para equilibrar el acceso a la salud y la regulación de los derechos de propiedad intelectual.

La validación de la licencia obligatoria del dolutegravir permite que Colombia mantenga este instrumento mientras persistan las condiciones sanitarias que justificaron su adopción, sin un límite temporal estricto. De acuerdo con los datos proporcionados por el Gobierno, esta reducción en el precio podría beneficiar directamente a unas 50.000 personas que dependen de tratamientos antirretrovirales en el país.

El fallo surge tras un litigio iniciado por compañías farmacéuticas que argumentaban que la medida de Colombia vulneraba las normas andinas sobre propiedad industrial. El Tribunal, sin embargo, determinó que el interés público relacionado con una crisis de salud justifica la implementación de licencias obligatorias para medicamentos como el dolutegravir.

Según el presidente Gustavo Petro, la sentencia representa “un cambio significativo en términos de sostenibilidad del sistema de salud y posibilidad de ampliar la cobertura para miles de pacientes”.

En los últimos años, el número de diagnósticos de VIH en Colombia ha mostrado un aumento sostenido. Esta tendencia obliga al Estado a encontrar soluciones que aseguren tratamientos asequibles y sin interrupciones, condición indispensable para la salud y calidad de vida de quienes viven con el virus.

El fallo permite, además, que el país adquiera y distribuya versiones genéricas del medicamento, lo que elimina barreras económicas y reduce la dependencia de productos bajo control exclusivo de las farmacéuticas.

En respuesta al pronunciamiento judicial, el Ministerio de Salud reiteró que las acciones estatales estuvieron en línea con el marco normativo andino y que la sentencia fortalece la capacidad de respuesta nacional ante el VIH. El Gobierno considera el desenlace como una “victoria jurídica y sanitaria” por garantizar la continuidad del suministro, ampliar la cobertura y reducir desigualdades en el acceso a tratamientos esenciales.