
En el sector rural de Oropoma, en la vía que conecta Ocaña y Ábrego, en Norte de Santander, un ataque armado perpetrado sobre las 11:40 a. m. del martes 19 de mayo dejó seis personas asesinadas, entre ellas el líder social Freiman Velázquez y su esquema de seguridad.
El violento hecho puso en máxima alerta a las autoridades de la región del Catatumbo, que investigan la identidad de los autores materiales y sus posibles vínculos con estructuras armadas que mantienen presencia en la zona.
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Según la información difundida por medios locales, el vehículo Mitsubishi, de placas JVV 240 y adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP), fue interceptado por hombres armados que abrieron fuego con armas de largo alcance.
El ataque se concentró especialmente sobre los vidrios, puertas y llantas del automotor, lo que evidencia la intensidad con la que se perpetró la masacre.

De acuerdo con las primeras versiones recogidas en el lugar, la camioneta estaba destinada a la protección de líderes sociales en la convulsa región.
De las víctimas, dos mujeres y cuatro hombres perdieron la vida en diferentes posiciones en el sitio: tres permanecieron dentro del vehículo, dos yacían a pocos metros y una víctima fue encontrada en una alcantarilla cercana.
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Entre los fallecidos se encuentran tanto el líder social como los integrantes de su esquema de seguridad de la UNP, cuyas identidades aún se encuentran pendientes de confirmación por parte de las autoridades, que continúan las labores de identificación y recopilación de pruebas en la escena.
La camioneta blindada no resistió el ataque coordinado, que fue ejecutado con armas de alto calibre por desconocidos. Testigos señalaron que los agresores dispararon en múltiples oportunidades, dirigido principalmente a los ocupantes del vehículo.
La UNP confirmó que la camioneta estaba asignada al esquema de protección de Freiman David Velázquez, reconocido integrante de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat).
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Velázquez ya había sido víctima de un atentado anterior el 12 de enero de 2026. En esa ocasión, cuando viajaba por la vía entre Tibú y Cúcuta, fue interceptado por hombres armados que, tras obligarlo a descender junto a su esquema de protección, los dejaron amarrados y huyeron del lugar, según informaron testigos a un medio local.

Además, el líder social había recibido amenazas e intimidaciones de actores armados en el territorio con anterioridad, lo que evidencia la situación de vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos en la región.
Este ataque también afectó a los escoltas asignados al esquema de seguridad de Velázquez. Según los reportes preliminares, tanto los protegidos como los encargados de su seguridad perecieron en el lugar, tras el asalto ejecutado por al menos dos hombres que aprovecharon la emboscada en el corredor vial.
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La región donde se produjo la masacre presenta una compleja situación de seguridad debido a la operación de estructuras armadas ilegales. Grupos como la guerrilla del ELN y disidencias de las Farc mantienen presencia activa en corredores estratégicos del Catatumbo, lo que ha sido señalado por las autoridades locales como uno de los factores de riesgo para líderes sociales, defensores de derechos humanos y civiles.

En el lugar de los hechos, las autoridades hallaron señales inequívocas de la gravedad del ataque: la camioneta presentaba impactos de bala en todas las llantas, los vidrios y puertas.
Las víctimas fueron encontradas tanto en el interior como a las afueras del vehículo, extendiéndose la escena hasta una alcantarilla próxima, lo que da cuenta de la magnitud y premeditación del ataque.
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Este hecho fue atribuido preliminarmente a la acción de grupos armados vinculados a estructuras ilegales presentes en el Catatumbo.
Hasta ahora, la identidad de la mayoría de las víctimas permanece reservada, así como el detalle de los roles de cada uno dentro del esquema de protección.
Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para dar con los responsables del homicidio múltiple y esclarecer si el ataque guarda relación con las amenazas previas recibidas por el líder social o con la presencia de grupos armados en la zona.
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