Si lo multaron podría no tener que pagar el comparendo: más de 5,8 millones serán revocados por irregularidades en la fotodetección, confirmó el Ministerio de Transporte

El Ministerio de Transporte, en conjunto con la Superintendencia de Transporte, informó que más de 5,8 millones de comparendos asociados a sistemas automáticos de detección de infracciones, conocidos como fotomultas, deberán ser revocados de oficio en diferentes regiones del país.

Esta decisión se toma luego de identificar presuntas irregularidades en la operación de estos sistemas entre 2018 y 2024, tras una investigación administrativa abierta contra 37 organismos de tránsito.

“El Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte, abrió investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito del país por presuntos incumplimientos relacionados con la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito (Sast), conocidos como fotomultas”, precisó la cartera de Transporte.

Según el comunicado oficial, la Superintendencia de Transporte inició la investigación por presuntos incumplimientos relacionados con la operación de los sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito (Sast).

Las autoridades detallaron que, durante la revisión, se evidenciaron posibles irregularidades en el cumplimiento de los requisitos técnicos obligatorios establecidos en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte. El principal señalamiento apunta a la ausencia del concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, requisito indispensable para asegurar la confiabilidad y la legalidad de los sistemas.

Durante el proceso, la Superintendencia identificó tres tipos de situaciones: 12 organismos de tránsito iniciaron la operación sin contar con el concepto de desempeño; 7 organismos emplearon conceptos expedidos para terceros; y 18 obtuvieron los conceptos técnicos después de haber iniciado la operación de los sistemas.

Dentro de los organismos investigados figuran autoridades de ciudades y municipios como Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario, entre otros.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, remarcó la importancia del proceso administrativo iniciado.

“Hoy el Gobierno nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias. Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos”, declaró la ministra, quien resaltó el compromiso del Gobierno nacional con la legalidad y la protección de los derechos ciudadanos.

La investigación de la Superintendencia de Transporte señala que los organismos investigados impusieron más de 7,5 millones de comparendos a través de estos sistemas tecnológicos.

De este total, 1.582.398 comparendos ya fueron pagados por ciudadanos y representan recaudos superiores a $1,05 billones. La autoridad indicó que las entidades implicadas podrían verse obligadas a devolver estos recursos y, además, enfrentar sanciones equivalentes al doble de lo recaudado, superando los $2,1 billones, conforme a la Ley 2251 de 2022.

En cuanto a la distribución de los comparendos, el informe revela que Cali tiene la mayor cifra, con 2,7 millones. Le siguen Medellín, con más de 717 mil; Bogotá, con cerca de 294 mil; y Barranquilla, con más de 131 mil comparendos detectados en la investigación.

El comunicado precisa que 5.832.906 comparendos que no han sido pagados quedarán sin validez y deberán ser revocados de oficio por las autoridades de tránsito correspondientes, con un impacto potencial sobre más de 1,4 millones de ciudadanos.

Sobre el proceso y su alcance, el superintendente de Transporte señaló: “No estamos actuando contra la seguridad vial. Estamos actuando contra posibles irregularidades que afectan la legalidad y la confianza ciudadana. Ninguna cámara de fotodetección puede operar sin cumplir los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la ley”.

El Gobierno nacional reiteró que continuará las actuaciones administrativas necesarias para garantizar que los organismos de tránsito y los sistemas de fotodetección funcionen bajo el estricto cumplimiento de la ley y con total transparencia frente a los ciudadanos. Las autoridades enfatizaron que estas medidas buscan proteger el debido proceso, los derechos de los ciudadanos y la confianza en las instituciones encargadas de la movilidad.