La Red de Veedurías de Colombia, encabezada por Pablo Bustos Sánchez, pidió a la Fiscalía General de la Nación que inicie un proceso penal contra la firma Atlas Intel SAS y sus directivos.
El organismo ciudadano solicitó esclarecer si la empresa cometió delitos contra la democracia mediante la elaboración y difusión de encuestas electorales que, según sus argumentos, no cumplen los requisitos legales establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
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Bustos Sánchez explicó que buscan determinar si estos actos constituyen “fraude al sufragante, corrupción al sufragante o perturbación al certamen democrático”.
El presidente de la Red señaló que la preocupación central gira en torno a la publicación reiterada de sondeos electorales en condiciones que no respetan la normativa vigente. “Solicitamos que se investiguen los hechos y posibles responsabilidades penales de los representantes legales, directivos y financiadores”, puntualizó Bustos.
La organización enfatizó que el Consejo Nacional Electoral ya ha documentado irregularidades técnicas en la metodología de algunas encuestas promovidas por Atlas Intel SAS.
“Resulta indispensable establecer cómo se recaudó la información, bajo qué normas y si se violaron restricciones legales para su divulgación”, advirtió Bustos Sánchez. Para la Red de Veedurías, estos mecanismos pueden “desdibujar la imagen de los candidatos y alterar la libre decisión ciudadana a pocos días de la elección presidencial”.
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El presidente de La Red de Veedurías reiteró su llamado a las autoridades para que “estas prácticas se detengan de inmediato”.
Esto dice el documento presentado a la Fiscalía por Pablo Bustos
La Fiscalía General de la Nación recibió la denuncia penal interpuesta por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, contra la firma AtlasIntel S.A.S., sus directivos y quienes resulten responsables, por la presunta utilización de sondeos no probabilísticos presentados como encuestas electorales durante el proceso presidencial colombiano de 2026.
El documento, dirigido a la fiscal general Luz Adriana Camargo, solicita abrir una investigación para determinar si estas prácticas constituyen delitos como fraude al sufragante, corrupción de sufragante y perturbación del certamen democrático.
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Según la denuncia, el núcleo del proceso radica en la presentación ante el público de estudios de opinión sin diseño probabilístico verificable, pero divulgados como si fueran encuestas representativas, lo que podría, según Bustos Sánchez, incidir de manera indebida en la voluntad de los votantes.
La Red de Veedurías de Colombia fundamenta su denuncia en la Ley 2494 de 2025, que distingue entre encuestas y sondeos y prohíbe la publicación de estos últimos cuando versan sobre intención de voto electoral. Durante la campaña presidencial, AtlasIntel habría difundido estudios de intención de voto por diversos medios, presentándolos como mediciones válidas del electorado.
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“Los estudios fueron divulgados como mediciones técnicas que reflejaban la intención de voto de la ciudadanía”, señaló Bustos Sánchez en el escrito.
La Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas del Consejo Nacional Electoral (CNE) auditó varios estudios de la firma y concluyó en expedientes como el CNE-E-DG-2026-000755, que no existía un mecanismo de selección probabilístico verificable. Además, la Comisión observó que AtlasIntel mantuvo la misma metodología, pese a las advertencias, lo que configuraría una conducta reiterada y no un caso aislado.
“El método Atlas Random Digital Recruitment correspondía a reclutamiento digital orgánico, sin un diseño probabilístico documentado”, agregó la Comisión en el expediente CNE-E-DG-2026-014018.
La denuncia pide determinar si existió algún tipo de coordinación entre la empresa, medios de comunicación y campañas políticas, así como identificar si hubo pagos, contratos, beneficios o contraprestaciones relacionados con la publicación de los estudios.
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Bustos Sánchez remarcó: “Es indispensable verificar quién contrató los estudios, quién los pagó y si alguna campaña o candidato obtuvo provecho electoral directo o indirecto”.
La organización ciudadana respalda su acusación con informes técnicos del CNE, expedientes oficiales, publicaciones periodísticas y fichas técnicas de los estudios en cuestión. La Fiscalía deberá evaluar si la presentación de estos sondeos constituyó una maniobra engañosa con capacidad de inducir a error al ciudadano sobre la viabilidad de las candidaturas y el sentido del voto.
El documento solicita a la Fiscalía adoptar medidas inmediatas para preservar evidencia digital y ordenar inspecciones judiciales, entrevistas, certificaciones y peritajes estadísticos independientes. Además, insta a establecer si se vulneraron deberes de transparencia, trazabilidad y reporte, y si la conducta de los responsables se adecua a los tipos penales de fraude al sufragante, corrupción de sufragante o perturbación del certamen democrático.
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