Este video muestra a personal militar realizando una inspección a una ambulancia en una carretera. Los uniformados abren un compartimento oculto en el techo del vehículo, donde encuentran numerosos paquetes rectangulares de color amarillo. Posteriormente, los militares proceden a abrir uno de los paquetes, revelando una sustancia blanca en polvo. Las imágenes corresponden a una incautación realizada por el Ejército de Colombia - crédito Ejército de Colombia
Un operativo del Ejército Nacional en el sur de Colombia permitió el decomiso de 128 paquetes de cocaína, equivalentes a 207 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en una ambulancia adaptada, así como la captura de dos personas y la incautación del vehículo junto con 2 teléfonos móviles.
La acción impactó directamente a las redes de narcotráfico que operan en el departamento del Huila, según la Policía Nacional de Colombia.
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El cargamento fue detectado durante una inspección realizada por soldados en la vereda El Cedro, corregimiento de Bruselas, municipio de Pitalito.
Este operativo, impulsado por la experiencia del Batallón de Infantería Liviana N.° 27 Magdalena, revela el uso de vehículos de atención médica como fachada para el transporte de sustancias ilícitas, una táctica que dificulta los controles estatales y pone a prueba a las autoridades, conforme al Ministerio de Defensa.
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Los militares interceptaron el vehículo al identificar modificaciones que no correspondían al diseño tradicional. Durante la revisión descubrieron compartimientos ocultos en la parte superior, cerca de la sirena, y otros espacios internos adaptados para el traslado de los paquetes.

Los ocupantes fueron capturados y puestos a disposición de la autoridad judicial, junto con el material confiscado.
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Operativo militar en Pitalito: hallazgo y decomiso
De acuerdo con la Policía Nacional de Colombia, el procedimiento subraya la importancia de la pericia operativa para identificar irregularidades en vehículos de uso médico.
El uso de ambulancias para el traslado de drogas representa un reto específico para las fuerzas de seguridad, ya que estos vehículos gozan de prioridad vial y suelen generar confianza en la población. En este caso, la modificación de la ambulancia permitía ocultar una cantidad considerable de droga sin levantar sospechas.
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Los 207 kilogramos de clorhidrato de cocaína estaban acondicionados en compartimientos secretos, lo que evidencia un alto nivel de preparación criminal para eludir los controles.
La extracción y análisis de los paquetes confirmó su contenido ilícito antes de ser remitidos a la instancia judicial correspondiente. Los 2 teléfonos móviles incautados serán pieza clave para ampliar las investigaciones sobre la estructura responsable.
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Impacto en las economías ilícitas del sur del país
El cargamento incautado tenía un valor estimado de $630 millones y su destino era fortalecer la financiación de organizaciones delictivas activas en el sur del país. El decomiso disminuye los recursos de estas redes, dificultando sus operaciones logísticas.
El Ministerio de Defensa destacó que el caso reafirma el compromiso institucional de evitar que los corredores del sur del Huila sean empleados para actividades ilegales disfrazadas de servicios médicos.
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Las operaciones continúan desplegadas en diferentes rutas para anticipar y neutralizar métodos de camuflaje similares. Así, el Ejército Nacional fortalece la vigilancia en la región y renueva su esfuerzo para impedir el uso ilícito de vehículos oficiales como instrumentos de criminalidad.
El Ejército Nacional incauta cargamento de cocaína oculto en ambulancia en Huila
La expansión de grupos armados en la Amazonía ha transformado la región en un escenario dominado por redes criminales transnacionales, agravando la crisis ambiental y desbordando la capacidad de las autoridades estatales, de acuerdo con el informe El saqueo de la selva. Blindar a la Amazonía del crimen organizado, publicado por la ONG International Crisis Group.
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La presión de estas estructuras no solo amenaza la biodiversidad considerada vital para el planeta, sino que también compromete el futuro de comunidades indígenas y campesinas que habitan la zona.
El informe calcula que al menos el 67% de los municipios amazónicos en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela registra presencia de grupos armados organizados, lo que pone en evidencia el carácter regional de la problemática.
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Según International Crisis Group, la red criminal funciona como una “corporación transnacional”, adaptando rutas fluviales y terrestres que conectan varios países y dejan a la población local expuesta a asesinatos, cooptación y desplazamientos forzados.
La articulación de las economías ilegales en la cuenca amazónica
Uno de los actores con mayor protagonismo es Comandos de Frontera, una estructura bajo la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) y dirigida por Geovanni Andrés Rojas, conocido como alias Araña.
Este grupo, excluido de las Zonas de Ubicación Temporal promovidas por el presidente Gustavo Petro debido a una orden de extradición a Estados Unidos, ha incrementado su influencia más allá del departamento colombiano de Putumayo, llegando a Perú, donde paga a campesinos por la conversión de bosques en cultivos ilícitos de coca, especialmente en las cercanías del río Putumayo.
El grupo mantiene alianzas estratégicas con redes criminales como Los Lobos en Ecuador, facilitando la exportación de cocaína a través del Pacífico y la protección de operaciones de minería ilegal en territorio ecuatoriano.
El documento de International Crisis Group subraya que la débil presencia estatal y la porosidad fronteriza han sido determinantes para el crecimiento de estas redes delictivas.
A la expansión de Comandos de Frontera se suman la actuación del ELN y disidencias de las Farc, que han logrado combinar control territorial, regulación de actividades ilegales y expansión transfronteriza.
En el caso del ELN, la organización sostiene su actividad en el sur de Venezuela —principalmente en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro— participando en corredores de narcotráfico y minería ilegal que enlazan con Brasil y Guyana.
Además de las agrupaciones de origen colombiano y ecuatoriano, en este entramado intervienen organizaciones brasileñas como Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital (PCC), así como redes procedentes de Venezuela.
En localidades fronterizas estratégicas como Tabatinga, en la línea divisoria entre Brasil y Colombia, el Comando Vermelho ha publicado listas de amenazas de muerte para consolidar su control sobre la población, según la documentación citada por Infobae.
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