Ministerio de Justicia denunció nuevo robo en sede de la Casa de la Mujer en Bogotá: investigan hurto de equipos y posible afectación de información sensible

El Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia rechazó el nuevo robo registrado en la sede de la Casa de la Mujer, ubicada en el barrio Nicolás de Federmán, en la localidad de Teusaquillo, Bogotá. El hecho constituye el segundo hurto contra la organización en lo corrido del año, tras el registrado el 17 de febrero.

De acuerdo con la información oficial, en el más reciente ingreso a las instalaciones fueron sustraídos computadores, equipos de comunicación, discos duros y copias de respaldo, además de la revisión del archivo físico. También se reportaron afectaciones en la infraestructura, entre ellas el corte del sistema eléctrico.

Las autoridades y la organización han advertido que los equipos robados contendrían información sensible relacionada con mujeres víctimas de violencia y procesos de acompañamiento jurídico y social en distintas regiones del país, lo que genera preocupación por una posible exposición de datos personales.

Delincuentes irrumpieron en la sede de la organización Casa de la Mujer, ubicada en el barrio Nicolás de Federmán, en la localidad de Teusaquillo, donde robaron equipos electrónicos valorados entre 30 y 40 millones de pesos, según informó María Eugenia Sánchez, responsable de incidencia política de la entidad, al medio Citytv.

El asalto generó alarma debido a que los dispositivos sustraídos contenían información sensible sobre organizaciones y mujeres de diferentes regiones de Colombia. “Es información muy delicada. No sabemos qué puedan hacer con ella”, advirtió Sánchez, que recalcó ante los medios que es el segundo robo que experimentan en lo que va del año.

La entidad reclamó a las autoridades una acción urgente para detener a los responsables y reforzar la seguridad de la institución. Sánchez destacó que la organización tiene más de 44 años dedicados a la defensa de los derechos humanos, la democracia y la paz en Colombia.

En respuesta, el teniente coronel Andrés Melenje, comandante de la estación de Policía de Teusaquillo, informó que la policía judicial adelanta labores de recolección de información mediante cámaras de seguridad y seguimiento para establecer el modus operandi del robo, identificar a los responsables y determinar el vehículo en el que se movilizaban.

La Policía de Bogotá mantiene el análisis de las imágenes de videovigilancia con el objetivo de esclarecer el caso y dar con los autores del hecho.

El primer robo, ocurrido el 17 de febrero de 2026, sí dejó consecuencias directas en la operación interna de la organización. En esa ocasión, Olga Amparo Sánchez explicó en declaraciones recogidas por la Fundación Pares que los responsables sustrajeron equipos críticos del sistema interno, incluida la central de información y los respaldos digitales.

Tras ese hecho, la organización quedó operando de manera limitada, con comunicación únicamente a través de líneas telefónicas y redes sociales.

La Casa de la Mujer, fundada en 1982, es una organización feminista de referencia nacional en la defensa de los derechos de las mujeres, el acompañamiento a víctimas de violencias basadas en género y la promoción de liderazgos femeninos en contextos de riesgo. Su trabajo ha estado orientado a la protección de derechos humanos y a la construcción de una vida libre de violencias.

El nuevo hecho fue rechazado por el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia y por la Defensoría del Pueblo de Colombia, que advirtió que este tipo de ataques no solo afectan a una organización social, sino que pueden generar un efecto intimidatorio contra quienes trabajan en la defensa de derechos humanos y la igualdad de género.

El Ministerio de Justicia reiteró el llamado a las autoridades judiciales para avanzar con celeridad en las investigaciones y esclarecer los hechos.

Además, insistió en la necesidad de adoptar medidas de protección para la organización y su personal, señalando que cualquier acción que busque intimidar o vulnerar el trabajo de organizaciones sociales afecta las garantías democráticas y la construcción de paz en el país.