Revelan desde qué año le tocará a Colombia comprar en el exterior la mitad de la gasolina que se consume en el país

Por medio de la publicación del documento “Hidrocarburos para el desarrollo de Colombia”, seis gremios relevantes del sector energético alertaron sobre la urgencia de fortalecer la seguridad energética de Colombia. Esto, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las reservas de petróleo cubren solo 7,2 años y las de gas natural 5,9 años, en un contexto de caída productiva, aumento de importaciones y reducción de la inversión en exploración.

Y es que el país enfrenta una coyuntura desafiante en el sector de hidrocarburos, según las asociaciones gremiales y entidades técnicas del sector. En la actualidad, la producción de gas disminuyó un 17,1% y la de petróleo un 3,4% en 2025, y las importaciones de gas representan ya el 25% del consumo nacional. A su vez, entre 2022 y 2025, la inversión en exploración cayó 42%, mientras que países vecinos incrementan los contratos y estímulos.

Los gremios proponen soluciones concretas —desde reactivar la exploración hasta mejorar la protección de infraestructuras—, con el objetivo de asegurar la energía, las finanzas públicas y la transición energética del país. La cadena de hidrocarburos atraviesa una fase crítica.

Según Acgp, Aciem, Acipet, ACP, Campetrol y Naturgas, la disminución de reservas y la pérdida de autoabastecimiento agravan la necesidad de políticas públicas renovadas y una transición energética equilibrada. Precisamente, los últimos datos advierten sobre el deterioro de la capacidad productiva y el aumento de riesgos operativos.

“En 2025, se registró una reducción significativa de la producción nacional y un incremento en la dependencia de importaciones”, expusieron.

Dichos factores, sumados a un entorno regional competitivo y a las limitaciones para la inversión, aumentan la vulnerabilidad del sector y el impacto sobre el empleo, la generación de ingresos públicos y el desarrollo local.

Además, el deterioro operativo también se manifiesta en los ataques a la infraestructura y los bloqueos. “Durante 2025, se contabilizaron 1.363 bloqueos, más de 580 ataques a oleoductos y 1.078 conexiones ilícitas, lo que incrementa la incertidumbre y debilita la cadena de abastecimiento”, alertaron los gremios.

Insistieron en que la suma de estos riesgos compromete la sostenibilidad del abastecimiento energético del país. Al mismo tiempo, limita la capacidad del Estado y de las regiones para financiar servicios esenciales y promover el bienestar social.

Importación de gasolina

La ACP estima que, para 2031, las importaciones de gasolina podrían alcanzar el 50%, las de diésel el 3% y las de jet fuel el 20%, en este último caso a partir de 2027. El gremio advirtió sobre un riesgo sistémico en la cadena energética, especialmente en las áreas de refinación, transporte por poliductos y distribución al por mayor y al por menor. Señaló que cualquier falla en uno de estos segmentos impactaría a toda la cadena.

Al respecto, el presidente de la ACP, Frank Pearl, informó a Valora Analitik que entre 2021 y 2025 la inversión en exploración de petróleo y gas disminuyó un 42%. Además, en 2025 se detectaron más de 1.000 conexiones ilegales en la infraestructura y 1.300 bloqueos en las operaciones.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energías y Tecnologías (Acipet), Martha Villarreal, indicó que las reservas de petróleo se mantienen sin cambios desde 2004, mientras que las de gas se redujeron un 43% entre 2014 y 2024.

Riesgos y retos en la cadena de abastecimiento energético

El suministro de hidrocarburos en Colombia enfrenta vulnerabilidades crecientes a lo largo del territorio. Las organizaciones gremiales registraron, solo en 2025, 1.363 bloqueos, más de 580 atentados contra infraestructuras críticas —como oleoductos— y 1.078 conexiones ilícitas.

Dichas situaciones afectan la seguridad energética, la continuidad operativa y la provisión estable de combustibles líquidos y gas a la industria y los hogares. Además, agravan la dependencia de importaciones y generan sobrecostos e incertidumbre sobre la sostenibilidad sectorial.

Las afectaciones mencionadas también restringen la posibilidad de invertir en proyectos sociales y en generación de empleo en regiones productoras, al tiempo que debilitan los ingresos públicos y aumentan los riesgos ambientales asociados.

El entorno de riesgo limita el desarrollo de nuevas exploraciones e impide adelantar iniciativas de desarrollo local. Las organizaciones insisten en que se requieren políticas integradas que protejan la infraestructura y aseguren la estabilidad del sector a mediano y largo plazo.

Propuestas gremiales para la seguridad y la transición energética

Dentro de las principales propuestas, los gremios sugieren:

• Reactivar la exploración y producción mediante la asignación de nuevas áreas y la firma de contratos con garantías jurídicas.
• Establecer una política tributaria que estabilice y reduzca la carga fiscal sobre el sector para atraer nuevas inversiones.
• Agilizar procesos de licenciamiento ambiental y consulta previa, se presenta como elemento clave.
• Desarrollar yacimientos no convencionales, especialmente, en el Valle Medio del Magdalena, que permitiría duplicar las reservas de petróleo y aumentar notablemente las de gas natural, reforzando la soberanía energética.
• Implementar tecnologías de captura, uso y almacenamiento de carbono y mejorar la eficiencia sectorial mediante proyectos de recobro mejorado y producción incremental.

De acuerdo con las entidades, las regiones de Sinú–San Jacinto, Valle Inferior del Magdalena, Piedemonte Llanero y La Guajira son prioritarias para el desarrollo gasífero e inversiones futuras. Los gremios llaman a fortalecer la institucionalidad ambiental, técnica y social, así como la protección de infraestructuras críticas, a través de mejores mecanismos de gestión de conflictos y mayor participación ciudadana en la gestión de regalías.

Respecto a la transición energética, el enfoque sugerido es integrador: la coexistencia de múltiples fuentes energéticas donde los hidrocarburos siguen resultando esenciales para el abastecimiento, las finanzas públicas y la competitividad.

El gas natural es hoy indispensable para la seguridad y calidad de vida, por lo que beneficia a más de 36 millones de colombianos. Según proyecciones, nuevos proyectos como Sirius podrían cubrir hasta el 40% de la demanda nacional en la próxima década, lo que reduciría la necesidad de importaciones y aportaría mayor estabilidad.

Las asociaciones concluyen que la transición energética debe construirse de manera técnica y progresiva, manteniendo el aporte de los hidrocarburos para la economía, los servicios públicos y el desarrollo social.