La Sociedad de Activos Especiales (SAE) intervino cinco hoteles de lujo en Cartagena y Barú, todos asociados al noble belga Henri de Croÿ. La acción fue resultado de medidas cautelares decretadas por la Fiscalía, que vinculó las propiedades a posibles actividades ilícitas y a una presunta organización delincuencial dirigida desde Europa.
Entre las empresas afectadas se encuentran Persoc Group, Falur Corp y Casa Córdoba S.A.S. Además, la Fiscalía impuso restricciones sobre bienes de María del Socorro Patiño Córdoba, quien mantiene una relación directa con el príncipe.
Los inmuebles bajo administración estatal son: Hotel Casa Barú, Casa Córdoba Estrella, Casa Córdoba Román, Casa Córdoba Cabal y Casa Córdoba Cuartel. Durante el procedimiento, la SAE también incautó tres vehículos registrados a nombre de Casa Córdoba S.A.S: una camioneta Foton del año 2020 y dos motocarros TVS modelo 2021.
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El denominado “Príncipe Negro” es un noble europeo objeto de investigaciones judiciales en tres países del continente. Su notoriedad internacional surgió a raíz de la filtración conocida como los “Dubái Papers”, publicada por la revista francesa L’Obs, que detalló el funcionamiento de un supuesto esquema de lavado de activos mediante bienes inmuebles.
En 2012, un tribunal belga sentenció a Henri de Croÿ a una pena subrogada de tres años de prisión. Posteriormente, tras apelar, fue absuelto en 2015. Sin embargo, en 2018, la difusión de los “Dubái Papers” volvió a situarlo bajo la lupa de las autoridades europeas.
Las pesquisas del medio 070 señalan que, tres meses después de la revelación mediática, se constituyeron en Panamá las sociedades Falur Corp y Persoc Group Inc.. A los pocos días, Persoc adquirió las casas Estrella, Román y Cuartel en una sola jornada y ante la misma notaría, por un valor conjunto cercano a los 7.000 millones de pesos, cifra que quedó muy por debajo de su avalúo comercial.
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El mismo día, Falur Corp compró Casa Cabal por 1.175 millones de pesos. Cinco meses después, Persoc Group adquirió Casa Barú, un resort de 12.000 metros cuadrados con playa, por 179 millones de pesos. En ninguna de estas transacciones aparece el nombre del príncipe de forma nominal, aunque sí figuran personas de su entorno.
La investigación periodística precisa que los hoteles fueron adquiridos desde 1997 mediante empresas registradas en Islas Vírgenes Británicas y Emiratos Árabes Unidos. A través de estos vehículos corporativos, Henri de Croÿ habría montado un entramado para ocultar su rastro y dificultar el seguimiento de las operaciones.
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En el año 2000, la prensa belga apodó a De Croÿ como el “Príncipe negro de las finanzas” por su rol central en el mayor caso de fraude fiscal del país. Fue acusado de usar sociedades ficticias para esconder fondos de clientes europeos, lo cual permitió evadir cerca de 75 millones de euros en impuestos. Aunque inicialmente fue condenado, una apelación lo dejó absuelto años después.
La publicación de los “Dubái Papers” en 2018 reveló que, lejos de detenerse, el príncipe amplió su esquema y atrajo una clientela internacional. Miles de documentos filtrados de su empresa Helin demostraron la existencia de una estructura sofisticada para administrar y ocultar grandes sumas fuera de Bélgica.
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Las acciones de la SAE y la Fiscalía buscan impedir que activos vinculados a presuntas actividades ilícitas sigan generando rentabilidad en Colombia. La intervención estatal sobre estos hoteles y vehículos representa un esfuerzo por frenar el ingreso de capitales sospechosos y proteger la legalidad del sector inmobiliario y turístico en la región.
La medida responde a la necesidad de las autoridades de cortar el flujo de fondos de origen dudoso y evitar que organizaciones transnacionales utilicen el país para operaciones de blanqueo de activos. Esta intervención marca un precedente en la lucha contra el lavado de dinero, al colocar bajo control estatal bienes que habrían sido adquiridos mediante mecanismos opacos y estructuras societarias complejas.
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