La MOE prendió las alertas por aumento de municipios en condición crítica y posible fraude en las elecciones presidenciales

A tres semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales Colombia 2026, autoridades y organizaciones han intensificado la vigilancia ante denuncias de corrupción, presiones políticas y la proliferación de noticias falsas en redes.

El clima de preocupación se acentúa por alertas de la Misión de Observación Electoral (MOE), que advierte sobre el aumento de municipios en condición crítica y por los temores de riesgo electoral.

Las autoridades han reforzado la seguridad y lanzado operativos para proteger a candidatos y garantizar las condiciones democráticas, tras las advertencias descritas por la ONG electoral MOE y confirmadas por fuentes oficiales.

En la más reciente sesión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, realizada en Manizales, el Ministerio del Interior reiteró el rechazo del Gobierno a cualquier vínculo con la intervención política a favor de aspirantes presidenciales.

Ejemplo de esto, es el hecho de que la Procuraduría suspendió a la embajadora de Colombia en Haití tras constatar que apoyó a un candidato presidencial.

Campañas y sectores políticos han planteado inquietudes sobre la transparencia del proceso y las garantías electorales, destacando la circulación de narrativas falsas y un ambiente generalizado de desconfianza.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró: “Este Gobierno ha realizado un esfuerzo sin precedentes para brindar garantías electorales a los candidatos presidenciales y a sus compañeros de fórmula vicepresidenciales No se desvía dinero público a campañas ni se ejerce presión sobre funcionarios de las regiones”, según declaraciones.

Alertas de riesgo electoral y actuaciones institucionales

El último informe de la MOE advirtió un aumento de municipios clasificados como de riesgo extremo antes de la primera vuelta presidencial.

El organismo relacionó este contexto con la violencia, la presión de grupos armados, los ataques digitales y las campañas de noticias falsas en redes, factores que podrían minar la confianza ciudadana en las urnas.

La MOE también advierte sobre discursos que buscan socavar la legitimidad de los resultados electorales y recomienda a los actores políticos abstenerse de fomentar la polarización o debilitar la credibilidad institucional: “Deben evitarse todas las acciones que pongan en entredicho la imparcialidad y la confianza pública en la elección”, manifestó la organización.

Además, señala que los retrasos en la financiación estatal de campañas pueden aumentar la inequidad entre aspirantes y afectar el equilibrio en la contienda, de acuerdo con la información citada por Semana.

Denuncias registradas y medidas de protección

El Ministerio del Interior anunció el refuerzo de los esquemas de protección desde marzo, con la asignación de 460 agentes de policía, 268 miembros de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y 94 vehículos blindados destinados a la seguridad de los candidatos y sus campañas.

Según datos oficiales del ministerio, la Policía ha apoyado 453 eventos de campaña y el Ejército ha vigilado 76, con la participación de 11.400 integrantes de la Fuerza Pública en diferentes regiones.

En paralelo, la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), dependiente del ministerio, ha registrado 60 denuncias sobre posibles casos de corrupción electoral, coacción al votante e intervención política de funcionarios.

Las autoridades han convocado nuevas sesiones del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección Electoral para evaluar estos operativos y atender riesgos emergentes.

El calendario oficial contempla una próxima reunión de la Comisión Nacional de Seguimiento para seguir ajustando estrategias de seguridad y protección electoral de cara al 31 de mayo.

El aumento de grupos armados ilegales eleva el riesgo en la jornada electoral colombiana

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, programada para el 31 de mayo de 2026, se encuentra en una situación de alerta debido al aumento de la violencia política, la expansión de grupos armados ilegales y la proliferación de desinformación, factores que amenazan tanto a candidatos como a votantes e incrementan el riesgo de incidentes graves en la jornada electoral y una eventual segunda ronda en junio, de acuerdo con un informe del Atlantic Council.

Según el mismo reporte, citado por el medio Infobae, los grupos armados ilegales han registrado un crecimiento del 23,5% en el último año, superando los 27.000 integrantes en todo el país, gracias a la diversificación de sus fuentes de ingresos ilícitos y al fortalecimiento de su control territorial.

En el periodo entre octubre de 2025 y enero de 2026 ocurrieron más de diez incidentes vinculados a disputas territoriales, como ataques con explosivos, imposición de toques de queda y confinamientos forzados, lo que ha derivado en desplazamientos masivos.

Un ejemplo concreto lo constituye la región del Catatumbo, donde los enfrentamientos entre facciones disidentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP) provocaron el desplazamiento de más de 100.000 personas.

El último mes, cifras del Ministerio de Defensa muestran que una serie de ataques en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño han provocado la muerte de 21 civiles y al menos 56 heridos en incidentes que incluyeron uso de explosivos, enfrentamientos armados con funcionarios públicos y bloqueos de carreteras.