La Corte Suprema de Justicia dio un paso decisivo al radicar un proyecto para abrir investigación formal contra la senadora Martha Peralta Epieyú, representante del Pacto Histórico, a raíz de su presunta implicación en el caso de desfalco que afecta a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El análisis de pruebas por parte de la magistrada Cristina Lombana, miembro de la Sala de Instrucción, permitió presentar una ponencia ante la Sala Plena que determinará la responsabilidad de la congresista de La Guajira en este proceso.
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La investigación busca esclarecer si Peralta desempeñó un papel irregular en contratos desarrollados en el municipio de Riohacha, decisión que podría conducir a la apertura oficial de la causa penal y un eventual llamado a indagatoria.
El expediente judicial, elaborado por la magistrada Lombana, surgió a partir de documentos, testimonios y otros elementos materiales que equiparan la situación de Peralta con la de implicados actualmente detenidos en el caso, como Wadith Manzur y Karen Manrique.
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Destaca en la investigación el presunto direccionamiento de un contrato por $2.170 millones, destinado a la contratación de maquinaria amarilla para Riohacha, en La Guajira.
Según el testimonio de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, la senadora solicitó una reunión en la sede de la entidad el 19 de septiembre de 2023, a la que también asistieron los contratistas Isaac Francisco Riscala Lozano y Jorge Riscala Muvdi, representantes de la empresa Inversiones IRL SAS.
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El desarrollo del proceso penal se orienta a determinar si Peralta incurrió en interés indebido respecto al contrato de la Ungrd.
En su declaración López dijo: “La senadora pide una cita para que la atienda en la Ungrd y llega con unos amigos de la senadora Martha Peralta. Me dice que ellos son propietarios de maquinaria amarilla y que los contrate para La Guajira”.
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Más adelante, amplió: “Me pidió que contratara a esas personas, que eso iba a ayudar mucho en su campaña en el proceso en el territorio”.
Estos datos, recogidos en la ponencia radicada por la magistrada Lombana, fueron respaldados por información que la Fiscalía General de la Nación compulsó ante la Corte Suprema debido al fuero constitucional de la congresista.
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El bloque probatorio reviste gravedad para la senadora, ya que la radicación del proyecto implica su formalización como investigada ante la Sala de Instrucción. Aunque hasta ahora no se ha solicitado una medida de aseguramiento ni hay una orden de detención preventiva contra Peralta, la Sala Plena debe aprobar la apertura de la investigación y de prosperar la ponencia, se avanzaría hacia la citación a indagatoria.
En contraste con la Fiscalía, que ha otorgó libertad a algunos procesados en virtud del vencimiento de términos legales —como en los casos del exministro Bonilla y Sandra Ortiz—, la Corte Suprema de Justicia sostiene una estrategia de avance “piano piano, pero lontano”.
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Esta aproximación, señalada en la ponencia de la magistrada Lombana, prioriza la rigurosidad y la solidez sobre la celeridad procesal, buscando decisiones firmes que superen cualquier revisión legal posterior y eviten eventuales nulidades.
La situación de Peralta también se vincula a una investigación paralela en la que, junto a la senadora Berenice Bedoya, fue citada recientemente por el magistrado Marco Antonio Rueda para rendir versión libre respecto a presuntos direccionamientos de contratos vinculados a la reforma pensional.
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Sin embargo, el proceso actual es independiente y se refiere exclusivamente a la supuesta intervención irregular de Peralta en el mencionado contrato de Riohacha.
Actualmente, la decisión final recae en los seis magistrados de la Sala de Instrucción: Francisco Farfán (presidente), Marco Antonio Rueda, Héctor Alarcón, César Reyes, Misael Rodríguez y la propia Cristina Lombana.
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Ellos deberán decidir si el caso supera la etapa preliminar y se convierte en una investigación formal con todos sus efectos sobre el fuero parlamentario de la congresista.
Contexto judicial en el escándalo de corrupción de la Ungrd
El avance del expediente contra Peralta se inserta en uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno de Gustavo Petro, que involucra a ministros, legisladores y contratistas en presuntos desfalcos a la Ungrd.
En este entramado, el proceso penal de la senadora representa una fase crítica, pues marca la transformación de acusaciones en indagaciones oficiales por parte del máximo tribunal penal.
La senadora Martha Peralta Epieyú ha negado reiteradamente haber participado en reuniones con Olmedo López, Sneyder Pinilla o contratistas interesados en el contrato de maquinaria amarilla para La Guajira.
No obstante, el curso de la investigación en la Corte Suprema de Justicia definirá si sus explicaciones resultan convincentes o si se da continuidad al proceso que la mantiene vinculada al caso Ungrd, uno de los expedientes más representativos de la actual legislatura.
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