Experto en gestión pública afirmó que es poco viable que las motos de menos de 250 c.c. dejen de pagar Soat

El 13 de mayo la candidata presidencial Paloma Valencia radicó un proyecto de ley con el que propone eliminar la obligación de adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) para las motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos en Colombia.

Valencia afirmó que esta medida beneficiaría a cerca de 13.5 millones de personas y serviría para contrarrestar la alta informalidad actual. La candidata del Centro Democrático recordó que solo el 40% de las motos del país circula con Soat vigente, mientras que el 60% restante está en situación irregular.

El proyecto modificaría el Código Nacional de Tránsito, permitiendo que las motos de hasta 250 c.c. no requieran el Soat para circular. La excepción se verificaría automáticamente mediante el cilindraje registrado en el Runt y la licencia de tránsito.

Aquellas motos que superen los 250 c.c. tras modificaciones perderán el beneficio. El segmento beneficiado se compone principalmente de trabajadores y familias de bajos ingresos, campesinos, mensajeros, domiciliarios y pequeños comerciantes, para quienes la moto es una herramienta laboral y de transporte; además, confirmó que la atención médica por accidentes seguirá garantizada.

¿Es viable el proyecto radicado por Paloma Valencia?

En diálogo con Infobae Colombia, Alejandro Toca, coordinador de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad Politécnico Grancolombiano, habló sobre el proyecto radicado por la candidata presidencial y la viabilidad del mismo.

Toca indicó que, aunque la propuesta tiene tintes electorales, se debe analizar con cuidado porque tiene aspectos que son socialmente comprensibles, comenzando con que en Colombia tener moto no es un lujo.

“Para millones de personas es una herramienta de trabajo, de movilidad cotidiana, inclusive de acceso a oportunidades. Plantear un alivio frente al costo del Soat puede tener sentido desde el punto de vista social. El problema es que una cosa es reconocer esa necesidad y otra muy distinta es decir que el Estado puede asumir masivamente ese costo eliminando el Ministerio de la Igualdad. Ahí la propuesta empezaría a tener dificultades técnicas”.

El experto indicó que el Estado puede crear subsidios o apoyos, pero estos deben tener criterios de focalización, razonabilidad y sostenibilidad fiscal para que se puedan mantener con el tiempo.

“No basta con decir: ‘El Estado paga el Soat’. Hay que responder quiénes serían los beneficiarios, cuánto cuesta, de dónde salen los recursos y qué efectos tendría sobre la el sistema de salud y sobre la seguridad vial. Además, eliminar un ministerio no es una decisión simplemente automática. La estructura del Estado se modifica por ley, con trámite legislativo, análisis fiscal, una justificación institucional. Por eso, como mensaje político puede sonar sencillo, electoral, pero como política pública requiere mucha más precisión”, indicó Alejandro Toca.

El docente indicó que argumentar que se trata de una necesidad por las irregularidades, cobros indebidos y otras denuncias que existen sobre falsificación de pólizas o auditorías no es algo razonable.

“No es simplemente que el Estado pague. La solución debería estar en mejorar controles, cruzar la información entre el Runt, el Adres, las aseguradoras y las autoridades de tránsito. Si el Estado paga sin corregir esos incentivos, el riesgo de trasladar el problema al presupuesto público es grande“.

Por último, indicó que sería más viable gestionar un subsidio en el que los beneficiados se comprometan a cumplir con la reglamentación vigente y no tengan historial reciente de infracciones de tránsito.

“Se cambia el pagador, pero no necesariamente se acaba el carrusel. Yo concluiría es que la propuesta tiene sensibilidad social, claro, estamos en campaña, pero está débilmente estructurada como política pública. Una alternativa más seria sería un subsidio parcial focalizado, condicionado para motocicletas de bajos ingresos, trabajadores independientes, domiciliarios, campesinos o personas que usan la moto como una herramienta para su trabajo. Un apoyo que exija licencia vigente, la revisión técnico mecánica, no reincidencia de infracciones”.