Gobierno nacional se prepara para implementar las nuevas regulaciones que limitan precio del gas y que protegen a los usuarios

El Gobierno nacional impulsa una intervención sin precedentes en el mercado del gas natural, justo cuando el país enfrenta una oferta restringida y el riesgo de que el fenómeno de El Niño se convierta en el más intenso en 140 años.

El proyecto de decreto, divulgado por el Ministerio de Minas y Energía, busca modificar el funcionamiento del mercado secundario y regular la comercialización del gas importado, con el objetivo explícito de frenar la especulación y frenar el traslado de precios elevados a hogares e industrias.

Al introducir el concepto oficial de “situación de estrechez en la oferta”, el borrador faculta al Estado a intervenir mediante límites y controles cuando el abastecimiento sea insuficiente frente a la demanda.

En la actualidad, Colombia importa cerca del 25% de su consumo nacional de gas, una cifra que evidencia la dependencia externa y la vulnerabilidad ante incrementos de precios y escasez.

Según Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), esta intervención podría desincentivar nuevas inversiones en infraestructura de importación y regasificación si las señales regulatorias generan incertidumbre para el sector.

Según el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, el texto pretende “poner fin a la intermediación de aquellas empresas que solo buscan márgenes costosos y que terminan encareciendo las tarifas de los usuarios, tanto en el mercado secundario como en el gas importado”.

Para Palma, la regulación propuesta pone en el centro a los usuarios, busca blindarlos ante incrementos desmedidos y establece límites claros a la especulación, sobre todo cuando el sistema enfrenta episodios de oferta ajustada.

El ministro cuestionó directamente a administraciones pasadas: “Unos pocos jugaron con el mercado del gas mientras millones de colombianos terminaban pagando la cuenta con tarifas más altas e incertidumbre sobre el abastecimiento”.

El borrador establece que, en situaciones de escasez declarada, el gobierno podrá restringir contratos interrumpibles (aquellos que pueden suspenderse) para impedir que se vendan por encima del promedio de contratos firmes, es decir, los que garantizan suministro continuo.

Además, el documento propone prohibir reventas con sobreprecios mediante límites a los márgenes del gas importado y exigir nueva trazabilidad en la formación de precios.

Los comercializadores deberán desglosar el valor del gas en cuatro componentes: el costo de adquisición internacional, gastos operativos y administrativos, costos de acondicionamiento y entrega, y el margen neto del comercializador.

El decreto presenta innovaciones como la “Declaración de Suministro Vinculante” (DSV), un requisito que condiciona la vigencia de algunos contratos firmes a la emisión de esa declaración, similar a una decisión final de inversión.

Si no se cumple la condición en el plazo acordado, cualquiera de las partes podrá cancelar el contrato sin penalización. Esto, según expertos, podría ofrecer mayor flexibilidad contractual, aunque a costa de aumentar la incertidumbre para distribuidores y grandes consumidores con compromisos de largo plazo.

Analistas alertaron que estas reglas pueden reducir la liquidez y desincentivar la inversión en un contexto en el que el país ya depende en un 25% de importaciones para cubrir su demanda, incrementando así la tensión entre protección al consumidor y atracción de capitales hacia nueva infraestructura energética.

Otra modificación relevante es la obligación de los comercializadores de gas importado de declarar su Potencial de Importación y las cantidades comprometidas en un horizonte de, al menos, diez años.

Julio Cesar Vera, presidente de la Fundación XUA Energy, resaltó a El Colombiano que esta exigencia de visibilidad a largo plazo representa un avance clave en la transparencia y previsibilidad del mercado.

Además, la desagregación de los costos permitirá identificar cómo se forman los precios y evitar que el costo para los usuarios se infle artificialmente, como ya sucedió con operaciones en las que el gas interrumpible llegó a negociarse a valores más altos que el gas en firme.

El proyecto establece también una prórroga excepcional para el actual gestor del mercado mientras la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) organiza un nuevo concurso público, asegurando la transición regulatoria.

El Analista Sergio Cabrales advirtió que, de establecerse márgenes autorizados demasiado bajos, podría caer la disposición de agentes a comercializar gas, restando liquidez a un mercado que justamente requiere flexibilidad y disponibilidad en épocas de escasez. El riesgo es que las medidas regulatorias terminen restringiendo la competencia cuando más se la necesita.

Por su parte, Alejandro Castañeda de Andeg subraya que “enviar señales de control de precios en medio de un entorno de escasez puede desincentivar nuevas inversiones en infraestructura de importación y regasificación”.

Su preocupación central es la incertidumbre regulatoria: “El mensaje para los inversionistas es que el Gobierno podrá definir discrecionalmente cuál es el margen y el precio al que pueden vender el gas”.

Con un fenómeno de El Niño inminente que amenaza con elevar la demanda de gas para generación térmica, el debate sobre el decreto enfrenta dos lógicas irreconciliables: limitar la especulación y contener las tarifas, o preservar las señales de inversión y la flexibilidad de un mercado al borde de la escasez.