Álvaro Uribe denunció presiones del ELN y disidencias para votar por Iván Cepeda en el Cauca: “Les tienen que entregar las actas electorales”

A menos de 20 días para que se lleve a cabo en todo el territorio nacional las elecciones típicas de primera vuelta presidencial, el líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, denunció posibles irregularidades en el departamento del Cauca.

Según indicó el exmandatario en su cuenta de X, recibió un informe en el que se alerta sobre las reiteradas presiones que estarían ejerciendo distintos grupos armados para constreñir a los votantes a elegir al candidato del Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda.

En su mensaje, el mandatario responsabilizó directamente al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a varias facciones de las disidencias de las Farc, entre ellas la columna Jaime Patiño y los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, que mantienen fuerte presencia en el territorio.

“Paloma es caucana. El drama de su tierra hoy en el sur y en otras regiones del departamento, hoy acabamos de tener el informe, el ELN y la columna Jaime Patiño de las Farc están exigiéndole a la comunidad votar por Iván Cepeda. En el norte, las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos de las Farc están exigiéndole a la comunidad votar por Iván Cepeda”, señaló el expresidente.

Incluso, el exmandatario aseguró que las presiones de los grupos armados irían al punto de exigir los formularios electorales a los jurados de votación para manipular su contenido.

“En muchas veredas como Bilachí, La Chapa, Tres Quebradas, en Santander de Quilichao, estos grupos han llegado al extremo de que les tienen que entregar las actas electorales, las llenan a su amaño y los ciudadanos ni siquiera tienen que ir a votar”, señaló.

Ante las denuncias, el expresidente pidió a las autoridades electorales mantener especial control sobre esa zona del país, además de lanzar un fuerte mensaje a Gustavo Petro sobre su modelo de gobierno que estaría favoreciendo a los grupos armados.

“Necesitamos que la Registraduría, la Procuraduría, la comunidad internacional miren cómo se defiende toda esta corrupción electoral impuesta por las narcoguerrillas, los narcoterroristas en el Cauca. (...) ¡Por Dios! Esta es la manera como el petrismo, sus aliados y Cepeda se roban las elecciones. Y miren esta otra perla. Finalmente, cinco mil familias quebradas por los bloqueos“, concluyó el exmandatario.

La alerta de Álvaro Uribe se da al tiempo del más reciente informe elaborado por el centro de pensamiento Atlantic Council que emitió alerta por el incremento de violencia política, la intensificación de la actividad de grupos armados ilegales y el auge de la desinformación apenas semanas antes de la lprimera vuelta presidencial.

Según el documento, aunque las elecciones legislativas y primarias realizadas en marzo se consideraron mayormente pacíficas por el Ministerio del Interior, la Misión Nacional de Observación Electoral (MOE) y observadores internacionales, la situación de seguridad se ha deteriorado en las semanas previas al 31 de mayo.

Este clima tenso se ha visto agravado por hechos puntuales de violencia, como el asesinato del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en junio de 2025 y el secuestro de la candidata a la vicepresidencia Aida Quilcué en febrero de 2026.

Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, se documentaron 457 amenazas de muerte en el periodo preelectoral, afectando a líderes y actores sociales especialmente en Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena.

El Ministerio de Educación informó que en 2025 se registraron 415 incidentes violentos contra líderes políticos, sociales y comunitarios. Lo más preocupante es el incremento de los ataques directos a figuras políticas, que pasaron del 39% al 59% del total de casos reportados.

Entre octubre de 2025 y enero de 2026, se contabilizaron más de diez episodios violentos atribuibles a disputas territoriales: estos incluyeron ataques con explosivos, imposición de toques de queda, confinamientos forzados y desplazamientos masivos.

En la región de Catatumbo, los enfrentamientos entre facciones disidentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP) provocaron el desplazamiento de más de cien mil personas, según el informe del Atlantic Council.

Desde el 24 de abril de 2026, una serie de ataques en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño provocó la muerte de 21 civiles y dejó más de 56 heridos, de acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa. Estos incidentes han involucrado el uso de explosivos, enfrentamientos armados contra funcionarios públicos y bloqueos de carreteras, lo que ha incrementado la presión sobre las autoridades estatales para reforzar las medidas de protección electoral.

El reporte detalla que los grupos armados ilegales en Colombia aumentaron un 23,5% en el último año, superando los 27.000 integrantes. Su diversificación en fuentes de ingreso ilícitas ha fortalecido el control territorial en regiones estratégicas y ha dificultado la libre circulación de candidatos y ciudadanos.

Entre los principales actores se encuentran el Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf), la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (Cneb) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo).

Aunque estas organizaciones han hecho compromisos públicos de no interferir en la contienda electoral, su presencia continúa restringiendo tanto la movilidad de los equipos de campaña como la capacidad de los habitantes locales para ejercer su derecho al voto.

La coacción y vigilancia, así como la compra de votos y la alteración del registro electoral debido al desplazamiento forzado, figuran como las amenazas más graves en municipios de alto riesgo. La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre deficiencias en la protección de votantes y candidatos, aunque el Ministerio de Defensa desplegó cerca de 246.000 efectivos para resguardar más de trece mil centros de votación en las elecciones de marzo.