“Evita un desvío ilegal de recursos”: alivio entre expertos por revés del Gobierno Petro en traslado de dinero que no se hará a Colpensiones

El Consejo de Estado suspendió el Decreto 415 de 2026 con el que el Gobierno Petro buscaba trasladar $25 billones desde los fondos de pensión a Colpensiones, competencia reservada al Congreso. Consideró que el Ejecutivo excedió su potestad reglamentaria. Con esto, la decisión salvaguarda los derechos de 120.000 afiliados y garantiza que cualquier cambio en la gestión de los fondos de pensiones solo pueda efectuarse por ley, lo que asegura la estabilidad y protección del sistema.

De acuerdo con el alto tribunal, el decreto rebasa los límites legales, ya que solo el Congreso puede crear y definir el destino de los fondos de pensiones y su administración. Según el expediente, el Gobierno intentó llenar un vacío derivado de la suspensión parcial de la Ley 2381 de 2024 o reforma pensional por la Corte Constitucional, pero esta sostuvo que no existía tal laguna jurídica y que la regulación de los recursos sigue siendo competencia exclusiva del Legislativo.

La decisión judicial establece que los fondos permanecerán bajo la gestión de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) hasta que los afiliados cumplan los requisitos para pensionarse. De los $25 billones, $5 billones corresponden a los que ya accedieron a la pensión, mientras que $20 billones pertenecen a afiliados pendientes de ese derecho.

Asimismo, el Consejo de Estado fundamentó la intervención en la vigencia del marco legal y en la protección del principio de separación de poderes. De acuerdo con el tribunal, el Ejecutivo no tenía atribución para modificar el destino de recursos públicos por decreto. La situación se complica porque el Fondo del Pilar Contributivo, órgano previsto por la Ley 2381 para custodiar estos recursos, no existe aún, lo que deja a los afiliados en un escenario de incertidumbre administrativa y jurídica.

Argumentos jurídicos y alcance de la suspensión del Decreto 415 de 2026

De igual forma, explicó el alto tribunal que la suspensión era necesaria para evitar la disposición anticipada de los fondos antes del pronunciamiento judicial definitivo. Señaló que el Decreto 415 de 2026 intentaba ordenar movimientos de saldos sin la debida autorización legal, en contravía del esquema normativo aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 2381 de 2024.

Ante la situación, varios expertos se refirieron al tema. El abogado Kevin Hartmann, socio de Hartmann Asociados y especialista en pensiones, indicó que el tema central está en la diferencia entre lo señalado por el artículo 76 de la ley vigente, que regula solo los recursos de quienes aún no cumplen los requisitos de pensión, y la situación de los que ya lograron pensionarse.

Por medio de X, anotó que “la suspensión protege el marco jurídico y evita un desvío ilegal de recursos”, añadiendo que la administración de las cuentas debe permanecer en poder de las AFP hasta que el afiliado consolide el derecho a la pensión.

Por su parte, la directora del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, Juliana Morad, coincidió en que el Congreso, y no el Gobierno, es el único facultado para determinar quién gestiona los ahorros previsionales. “Definir quién administra los ahorros pensionales solo lo puede hacer el Congreso, no el Gobierno por decreto”, anotó. Recalcó que la suspensión del artículo 24 —que preveía la creación del Fondo del Pilar Contributivo— generó un vacío, ya que aún no existe un destino claro para los recursos una vez se reconoce la pensión.

Como resultado, el fallo detuvo el traslado inmediato de los $25 billones, lo que garantiza el control legal sobre estos fondos durante el proceso judicial y legislativo en curso. El Consejo de Estado recordó que, conforme a normativa previa, los ahorros deben mantenerse bajo la administración de las AFP hasta que el derecho pensional esté consolidado o se cree un fondo autorizado por ley.

Implicaciones económicas e institucionales sobre el traslado de pensiones

La medida generó preocupación sobre la seguridad y sostenibilidad en el pago de pensiones para los 120.000 afiliados que efectuaron el traslado. Morad aclaró que las pensiones de estos ciudadanos no están comprometidas.

“El reconocimiento pensional ya está hecho y no depende del decreto. Colpensiones paga con reparto y lo que falta lo cubre el Presupuesto Nacional”, remarcó. Insistió en que la sostenibilidad del sistema depende de cotizaciones y reservas, no del traslado puntual de estos saldos. Agregó que, según la Contraloría, convertir el ahorro pensional en gasto corriente representa un riesgo, pero la cobertura está blindada desde la Ley 100.

Hartmann valoró que la intervención del Consejo de Estado mantiene el marco jurídico y protege a los ahorradores individuales, que seguirán vinculados a las cuentas en las AFP hasta consolidar el derecho a pensión. Destacó que la suspensión no impide el pago a los ya pensionados, sino que prioriza la seguridad y la transparencia en la gestión de los fondos públicos. “Mover saldos por decreto no resuelve los problemas de sostenibilidad; es el orden normativo el que protege a los pensionados”, afirmó.

A su vez, el abogado Camilo Cuervo, socio en Holland & Knight, resaltó el papel del Consejo de Estado al adoptar una posición definida frente al Gobierno nacional, al que acusó de buscar apropiarse de $25 billones sin cumplir los requisitos legales. Sostuvo que la decisión judicial impide que el Ejecutivo sortee las restricciones normativas: “El Consejo de Estado ha demostrado ser una de las instituciones más serias en la defensa del Estado de derecho”.

Entretanto, el exsubdirector de fiscalización de la Dian Christian Quiñónez expresó que el Gobierno intentaba resolver problemas de liquidez usando recursos ajenos a su potestad. “El Gobierno nacional intentó subsanar sus problemas económicos y de caja vía decreto”, señaló al apuntar que la decisión generó incertidumbre jurídica y puso en riesgo de utilización discrecional los fondos de los colombianos.

Quiñónez puntualizó que, aunque surgen dudas temporales, la suspensión es clave para evitar intentos gubernamentales de apropiarse de recursos pensionales sin respaldo legal. Indicó además, basándose en la ley actual, que las AFP pueden trasladar los saldos a Colpensiones para quienes ya cumplen los requisitos para pensionarse, disipando la posibilidad de impago. “Salir a decir que no le va a poder cumplir a los pensionados no es más que utilizar un discurso popular en pleno periodo electoral”, añadió.

Separación de poderes y clima político

En el plano institucional, los expertos interpretan la suspensión como un mensaje firme a favor del equilibrio de poderes. Cuervo afirmó que la decisión defiende el marco constitucional colombiano y resaltó que “el control de las instituciones se basa en el equilibrio de poderes y en el control que esos mismos poderes ejercen entre sí”, haciendo referencia al contexto de agitación política a pocos días de las elecciones de primera vuelta.

Quiñónez considera que la suspensión del Decreto 415 constituye una medida ejemplar de la rama judicial para evitar que el Ejecutivo disponga a voluntad de recursos pensionales.

“El decreto suspende el traslado de los $25 billones. Excelente, porque el Gobierno quiso dárselas de vivo con ese traslado, tratando de subsanar sus problemas de caja con los recursos de los colombianos”, comentó al indicar que la resolución impide maniobras discrecionales en un entorno de alta tensión política y electoral.

Por supuesto, el ambiente político ha sido impactado por la controversia surgida entre el Ejecutivo y las altas cortes. La defensa de la independencia judicial, incluida la del magistrado Juan Enrique Bedoya, fue robusta entre juristas y especialistas, que rechazaron los señalamientos contra la autonomía de la justicia. Para Cuervo, “la única manera de proteger la democracia y la Constitución en momentos de turbulencia política es mediante la actuación institucional”, con lo que remarcó cómo este tipo de decisiones refuerzan la seguridad jurídica en escenarios decisivos para el país.