Consejo de Estado respondió a Gustavo Petro por sus críticas a la suspensión del traslado de pensiones: “El tono incendiario del primer mandatario”

El Consejo de Estado emitió una respuesta institucional a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la decisión de suspender el traslado de recursos de los fondos privados a Colpensiones.

El alto tribunal consideró que los señalamientos del jefe de Estado y sus llamados a denunciar penalmente a un magistrado afectan la división de poderes establecida en la Constitución.

En su comunicado, el Consejo de Estado advirtió sobre el impacto de los mensajes presidenciales en la estabilidad institucional y la independencia judicial.

“El tono incendiario del primer mandatario no amerita ni justifica una respuesta en similar sentido, sino un ejercicio ponderado que, en defensa de nuestra Constitución, vigente y fortalecida, recuerde a todas aquellas voces que desean terminar, en vez de implementar, nuestra carta de derechos, la importancia capital que, en esta y en todas las democracias, tiene la separación de poderes”, señaló el tribunal.

La corporación resaltó que la libertad de expresión, aunque protegida por el ordenamiento jurídico, no debe transformarse en mensajes que prioricen el impacto sobre la institucionalidad ni poner en riesgo la integridad física de quienes cumplen funciones judiciales.

Se afirmó que la desinformación y la descontextualización de las decisiones deterioran la confianza en las instituciones y generan hostigamiento contra los jueces.

El Consejo de Estado puntualizó: “Inquietan las manifestaciones del presidente de la República y de otras cabezas del sector ejecutivo. La desinformación y la descontextualización de las decisiones judiciales deterioran la confianza institucional, debilitan el Estado de derecho que el país ha construido y defendido, y se traducen en señalamientos y hostigamientos contra quienes asumen, cada día, la responsabilidad de juzgar”.

Uno de los puntos destacados en la respuesta fue la defensa de los controles judiciales sobre el Ejecutivo. El tribunal expresó: “Cuando los poderes se controlan, incomoda, pero la lucha contra las inmunidades del poder no puede cesar. A poderes mayores, mayores controles, a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos”.

El comunicado indicó que el control judicial sobre los actos del Ejecutivo constituye una garantía democrática, no un obstáculo para el funcionamiento del Estado.

“La existencia, competencia y legitimidad del Consejo de Estado se derivan de la misma Constitución Política, esto es, provienen, directamente, de la voluntad del poder constituyente que hoy se invoca”, afirmaron.

La controversia surgió tras la decisión del tribunal de suspender de manera provisional el decreto que ordenaba el traslado de recursos pensionales desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones.

El presidente Petro rechazó la medida y calificó la decisión como un golpe a los derechos de los trabajadores y un beneficio para el sector financiero. En sus declaraciones públicas, señaló directamente a los principales grupos económicos y bancarios del país.

En su mensaje, el mandatario expresó: “La constitución de 1991 floreció en derechos para la gente. Un poder constituido como el Consejo de Estado no tiene ninguna legitimidad en anular los derechos de la gente que trabaja. Esa es una decisión inconstitucional y es un golpe de estado contra el pueblo constituyente y soberano. El pueblo trabajador debe decidir sobre el poder, no solo sobre el gobierno. La corte constitucional tiene la oportunidad histórica de dignificar la justicia colombiana. Ojalá lo haga. El pueblo es el soberano y fuente de todo poder”.

Además, Petro afirmó: “El consejo de estado no puede pretender, por salvar los dos banqueros dominantes de este país, Luis Carlos Sarmiento y el grupo empresarial antioqueño, dueños de Bancolombia y su fondo privado de pensiones, que se estafe al pueblo trabajador, dejando los ahorros de la gente que trabajó toda su vida y decidió libremente pasarse al sistema público de pensiones, expósita ante el robo de sus ahorros vitales producto de su trabajo, volver los ahorros de la vida de los trabajadores para que se vuelvan utilidades de unos señores ancianos pero riquísimos que siempre han vivido del ahorro del público y del estado”.

El Consejo de Estado sostuvo que, aunque la libertad de expresión es un derecho fundamental, no puede ser utilizada para legitimar ataques que comprometan la seguridad o la reputación de los jueces. La corporación enfatizó que la legitimidad de sus decisiones y la protección de la independencia judicial son pilares de la democracia colombiana.

La reacción del tribunal se conoció luego de que otras instancias de la Rama Judicial y la Procuraduría respaldaran la importancia de respetar la separación de poderes y garantizar la autonomía de los jueces frente a presiones políticas.

El pronunciamiento concluyó recordando que los poderes deben someterse a controles efectivos y que la vigilancia sobre las acciones del Ejecutivo es una condición indispensable para el funcionamiento del sistema democrático en Colombia.