El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia ha prorrogado hasta el 11 de junio de 2026 la intervención administrativa sobre la EPS Asmet Salud, justificando la decisión en la persistencia de riesgos financieros y operativos que amenazan la sostenibilidad de la entidad y la atención a cerca de 1,65 millones de afiliados en el régimen subsidiado.
La medida fue formalizada en la resolución 149 de 2026, destacando que, aunque hay “algunos avances” desde el inicio del proceso, las causas estructurales que originaron la crisis en la EPS no han sido superadas.
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“La prórroga será hasta por el término de un (1) mes, contado a partir del día 12 de mayo de 2026 hasta el 11 de junio de 2026 (...) la Superintendencia Nacional de Salud, podrá disponer el levantamiento de la medida de intervención antes del vencimiento de la presente prórroga”, se lee en el documento.
Según el análisis técnico incluido en la resolución, una eventual liquidación de Asmet Salud implicaría “una asignación masiva de afiliados y una presión considerable sobre las EPS receptoras”, lo que supondría un riesgo sistémico para la red pública nacional.
“ASMET SALUD EPS S.A.S., continuará reportando la información en el Sistema de Gestión y Control de las Medidas Especiales FENIX, de acuerdo con las directrices que imparta la Superintendencia Nacional de Salud”, añadieron.
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El Ejecutivo remarcó que “mantener la intervención permitirá fortalecer las capacidades institucionales de la EPS y mitigar los riesgos identificados”, recalcando que este proceso busca garantizar la atención ininterrumpida de los millones de usuarios del régimen subsidiado.
El informe presentado por el agente interventor valoró avances relacionados con la depuración financiera y saneamiento de cartera, aunque tanto la firma contralora como las áreas técnicas de la Superintendencia coinciden en que dichos progresos no son todavía suficientes para revertir los riesgos estructurales.
El Ministerio de Salud respaldó técnicamente la extensión, señalando en su concepto que una liquidación precipitada de la EPS acarrearía consecuencias negativas no solo para millones de usuarios sino para las entidades receptoras que deberían asumir la prestación de los servicios.
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Detalles de la intervención
La EPS Asmet Salud es una entidad fundada en 2015, con sede principal en Popayán (Cauca), y presencia en distintos departamentos, incluida Bogotá, atendiendo principalmente a población vulnerable dentro del sistema de salud pública.
La intervención sobre la entidad privada fue ordenada inicialmente en mayo de 2023, cuando la Superintendencia Nacional de Salud dispuso la toma de posesión inmediata de sus bienes, haberes y negocios, además de la administración directa.
Sin embargo, el contexto institucional se tornó aún más inestable tras la suspensión de Laín Eduardo López Martínez, agente especial interventor, medida dispuesta por la Procuraduría General de la Nación.
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El órgano disciplinario también inició procesos contra otros cinco exagentes interventores: Luis Carlos Gómez Núñez, Rafael Joaquín Manjarrés González, Javier Ignacio Cormane Fandiño, Gloria Libia Polanía Aguillón y Raúl Andrés Munévar.
En medio de la intervención, los trabajadores de la entidad promotora de salud denunciaron la falta de pago de su salario por un periodo de dos meses, al igual que seis meses de bonos de alimentación impagos, dos meses de vacaciones y pagos de liquidaciones pendientes para quienes dejaron la empresa en ese intervalo.
En respuesta a ello, Asmet Salud respondió que la ausencia del pago a los empleados se debe a la imposición de medidas cautelares de embargo dentro de procesos judiciales en curso. La institución explicó que estos embargos han bloqueado los fondos destinados a gastos administrativos, condición que impide realizar los pagos laborales y operativos habituales.
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A su vez, Jessica Milena Aguirre Santana, interventora sustituta temporal designada por la Superintendencia Nacional de Salud tras la suspensión del anterior agente especial, declaró que la entidad “cuenta con una hoja de ruta clara para mantener el servicio y realizar los pagos correspondientes lo más pronto posible”.
También especificó que se ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes lo ocurrido para salvaguardar los recursos públicos y asegurar su correcta destinación. Aguirre Santana precisó que la EPS ejecutará un plan de normalización de pagos tan pronto los recursos sean liberados.
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