El accidente en la exhibición de monster trucks en Popayán dejó una huella imborrable en la ciudad.
Más de 50 personas resultaron heridas y tres murieron tras el siniestro en el Bulevar Rose, cuando el vehículo conducido por Sonia Dilma Segura Moreno impactó contra la audiencia durante la última maniobra del evento.
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La reacción pública fue inmediata. Videos del accidente circularon ampliamente en redes sociales y surgieron preguntas sobre el paradero de la conductora, quien también sufrió lesiones.
Aunque se especuló que habría huido, su defensa legal afirmó: “Sonia Dilma Segura Moreno no ha pretendido evadir a las autoridades ni desatender la actuación penal”.
El 8 de mayo, la firma Litigium Abogados comunicó que asumió la defensa de Segura. A través de un mensaje en Instagram, señalaron: “La señora también es víctima de la mala organización, nadie se levanta pensando ‘hoy voy a atropellar espectadores’”.
El comunicado expresó solidaridad con las víctimas y su entorno, y destacó que la conductora se encuentra emocionalmente afectada por el hecho.
El equipo legal aseguró que no existe ninguna restricción vigente de libertad contra Segura y que, en caso de ser citada, “acudirá junto con su defensa cuando sea requerida por las autoridades para atender los requerimientos que correspondan dentro del debido proceso”.
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También denunciaron que la mujer y su familia han recibido amenazas, lo que ha generado temor por su integridad.
La nota oficial reiteró la disposición de la defensa para actuar de manera respetuosa y colaborar en el esclarecimiento de los hechos, manteniendo el respeto por la investigación a cargo de la Fiscalía General de la Nación. “El dolor de las víctimas merece respeto absoluto y ninguna actuación de defensa puede desconocer la gravedad humana de lo ocurrido”, afirmaron los abogados.
El caso despertó inquietud sobre la organización del evento, ya que se investiga si contaba con los permisos necesarios y si existieron fallas mecánicas en el vehículo. La Fiscalía, junto con peritos técnicos, busca determinar la causa exacta del siniestro y si pudo haberse evitado bajo las condiciones de seguridad establecidas.
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De hallar responsabilidad penal, Segura podría enfrentar un proceso judicial con penas que alcanzarían los 37 años de prisión, según el tipo de delito que se configure. Por ahora, no hay requerimiento formal ni orden de captura contra ella, precisó la defensa.
La abogada manifestó su rechazo a las amenazas: “Rechazamos cualquier amenaza, hostigamiento, insulto o llamado a la violencia”. Insistió en que el proceso debe garantizar el respeto a la presunción de inocencia y a las garantías constitucionales de toda persona investigada.
La tragedia puso en debate la seguridad en espectáculos públicos y la responsabilidad tanto de los organizadores como de los conductores. Los peritajes serán determinantes para esclarecer qué falló y si el accidente era previsible o atribuible a causas externas.
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En las próximas semanas, se espera que las autoridades avancen en la recolección de pruebas y testimonios. Mientras tanto, la comunidad de Popayán permanece atenta a las conclusiones de la investigación y exige justicia para las víctimas y sus familias.
El comunicado de Litigium Abogados concluyó: “Actuaremos de manera respetuosa y contribuyendo, dentro del marco legal, al esclarecimiento de los hechos”.
Y es que uno de los elementos diferenciadores del caso, señalado por el exfiscal y docente universitario Juan Camilo Caicedo en La FM, es el rango potencial de las penas.
En caso de una culpa con representación, la condena podría situarse entre dos años y ocho meses y nueve años de prisión. Sin embargo, si se comprobara que la conductora conocía los riesgos del espectáculo y aun así actuó, el proceso judicial podría encaminarse hacia el dolo eventual, con penas sustancialmente superiores, de 17 a 37 años de cárcel.
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