Gobernadora del Valle exigió al Gobierno Petro revisar acuerdos con Los Shottas y los Espartanos por posible explotación sexual de menores

En medio de las recientes denuncias sobre posible explotación sexual de menores en la ciudad de Buenaventura, presuntamente por parte de las bandas delincuenciales que mantienen diálogos con el Gobierno nacional, desde la Gobernación del Valle hicieron un fuerte llamado al presidente Gustavo Petro.

En medio de una rueda de prensa, la gobernadora Dilian Francisca Toro exigió al Gobierno nacional verificar los acuerdos con esos grupos delincuenciales, que estarían azotando a la población infantil pese a los compromisos con el Ejecutivo.

La mandataria enfatizó que, aunque se haya firmado un pacto facilitado por el Gobierno nacional, la clave está en asegurar su cumplimiento mediante un sistema de seguimiento riguroso.

“Es una denuncia que se ha presentado en Buenaventura y, por eso, el Delegado de la Mesa Socio Jurídica creada por el Gobierno nacional hizo un pacto con estas bandas para lograr que esto no se siga presentando. Estamos pidiendo un mecanismo de verificación porque muchas veces se hacen los pactos, pero no se cumplen. Nosotros lo que aquí estamos solicitando es que se haga esa verificación, el seguimiento para que realmente eso se dé, porque no puede ser que estén utilizando las jóvenes, las niñas, precisamente para poder generar sus actividades”, señaló la gobernadora.

El llamado de la mandataria departamental surge tras denuncias recurrentes de la ciudadanía sobre el reclutamiento y abuso de menores por parte de estas estructuras delictivas.

Según lo explicado por Toro, la Mesa Socio Jurídica creada por el Gobierno nacional, con la mediación de Fabio Cardozo y lideresas de Buenaventura, intervino para pactar con las bandas el compromiso de no involucrar a niñas y jóvenes en actividades delictivas ni explotarlas sexualmente.

Tras la firma del acuerdo, la gobernadora ha insistido en que “muchas veces se hacen los pactos, pero no se cumplen”, y que la prioridad es que exista una verificación y seguimiento para impedir que las menores sigan siendo instrumentalizadas.

La preocupación se centra en que, a pesar de los compromisos, las organizaciones criminales continuarían ofreciendo dinero y forzando a las jóvenes a situaciones que constituyen abuso sexual, según la propia mandataria.

“Es muy importante que se hagan acuerdos, pero con verificación. Se instrumentalizan a las muchachas, les ofrecen recursos, pero además se las llevan y pues a ellas les toca ir. Entonces esto prácticamente es un abuso sexual que hacen a estas niñas”, señaló la gobernadora.

La petición de un mecanismo de verificación no se limita a la formalidad del acuerdo. Toro destacó que la verdadera protección de las niñas y adolescentes depende de la vigilancia activa sobre el cumplimiento de lo pactado.

“Por eso, me parece muy importante el pacto que se firmó, pero lógicamente con mecanismos de verificación claros y seguimiento para que esto realmente sí se cumpla. Porque pues hay muchos pactos que se hacen, pero que no se cumplen. Y lo que nosotros queremos es que no haya más niñas ni más jóvenes instrumentalizadas por las bandas criminales”, continuó Dilian Francisca Toro.

La gobernadora advirtió que el Gobierno nacional, a través de sus delegados y en coordinación con lideresas locales, debe implementar controles efectivos para monitorear cualquier incumplimiento.

La ausencia de tales controles, advirtió, podría derivar en que los acuerdos se conviertan en simples declaraciones sin impacto real sobre el terreno, además de la prolongación de la violencia en Buenaventura.

En paralelo a la crisis social en Buenaventura, la seguridad en el Valle del Cauca enfrenta nuevos desafíos. Durante mayo, la estación de Policía de Potrerito, en Jamundí, ha sufrido tres ataques con drones, según informó la propia gobernadora. Los hostigamientos han dejado como saldo dos policías heridos: uno por aturdimiento y otro por esquirlas.

Las autoridades han respondido desplegando tecnología antidrones y reforzando la vigilancia en los corregimientos afectados. No obstante, algunos dispositivos lograron impactar instalaciones policiales, lo que ha generado preocupación en la administración regional.

La gobernadora recordó que, tras el consejo de seguridad realizado con la presencia del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, se acordó incrementar la presencia de la fuerza pública en la zona.

El compromiso incluye el envío de soldados y la entrega de equipos adicionales, como dispositivos antidrones y recursos para fortalecer las operaciones aéreas. El objetivo es garantizar una operación sostenida que permita recuperar la seguridad en los puntos críticos del departamento.