Gustavo Petro podría enfrentar inconvenientes en la Comisión de Acusaciones de la Cámara: congresistas oficialistas estarían divididos

El futuro judicial del presidente de la República, Gustavo Petro, se ha tornado incierto tras lo que sería el giro de sus investigaciones en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, en la que la unidad que existía entre los miembros de la bancada oficialista quedó fracturada. Y todo porque el Comité, compuesto por tres congresistas afines al Gobierno, enfrenta ahora profundas divisiones internas, según se filtró a la prensa.

Este grupo, que debe definir si existe o no responsabilidad del jefe de Estado por la supuesta violación de topes electorales durante la campaña presidencial de 2022, afronta la reciente condena a ocho años de cárcel impuesta por la Corte Suprema al parlamentario Wílmer Carrillo, integrante de la Comisión, en representación del Partido de la U, sentenciado por corrupción por su gestión como secretario de Infraestructura en Norte de Santander.

Esta sentencia pone en entredicho la continuidad de Carrillo como representante a la Cámara y condiciona su postura frente al expediente que involucra al presidente. Según documentos oficiales conocidos por Semana, el congresista Alirio Uribe elevó una propuesta para archivar el caso en penal contra el gobernante; sin embargo, el grupo que apoyaría esta resolución no estaría en la misma sintonía del representante oficialista.

“Se ordena proferir resolución inhibitoria en materia penal a favor de Gustavo Petro Urrego, en calidad de presidente, y abstenerse de abrir investigación formal en su contra por atipicidad de la conducta, respecto de los delitos de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, violación de los topes o límites de pago, omisión de información del aportante, fraude procesal”, se lee en el documento que estaría listo.

Esta sería la fractura al interior del comité que defendería a Petro en la Comisión de Acusaciones

Pese a esta postura, la presidenta de la Comisión, Gloria Arizabaleta tendría dudas sobre la conveniencia de exonerar al jefe de Estado sin agotar las pruebas. Fuentes cercanas a la congresista dijeron al citado medio que Arizabaleta evalúa la posibilidad de solicitar más diligencias, ante la diferencia entre el material recogido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el expediente que maneja esta célula legislativa de vital importancia.

Con este panorama, el Congreso enfrenta una encrucijada en sus tiempos procesales. El mandato actual de la Comisión de Investigación y Acusación concluye el 20 de julio y si no se toma una decisión de fondo antes de esa fecha, el expediente recaerá en nuevos integrantes de esta comisión, lo que incrementaría la inestabilidad legal del presidente Petro, pues podría pasar a dominio de congresistas opositores al Ejecutivo.

Según informó el medio citado, el congresista Carrillo también estudiaría la presentación de un auto propio, opuesto al de Uribe, con el fin de abrir formalmente una investigación penal contra Petro por los hechos de la campaña 2022. El congresista temería ser acusado de prevaricato si absuelve al presidente, luego de que la sala plena del CNE ya sancionó a la dirigencia de campaña con más de $5.300 millones por violación de topes.

Por su parte, Alirio Uribe, aliado político del presidente y actual hombre de confianza de Iván Cepeda, formalizó ante la Comisión el pedido para cerrar el caso, al argumentar la inexistencia de delito tipificado. Pero la coyuntura que protagonizaría Carrillo modificaría el equilibrio de fuerzas, en medio de lo que sería el afán de que se concrete una decisión absolutoria de Petro, y que su futuro no quede en manos del nuevo Congreso.

En medio de presuntas desde la Casa de Nariño para resolver cuanto antes varios de los cerca de 200 procesos penales y disciplinarios abiertos contra su figura, Petro podría observar cómo el desenlace del más sensible de todos depende de apoyos políticos que, a la fecha, no tendría plenamente a su favor; por lo que, según reseñó Semanar que los nuevos legisladores hereden estos expedientes.