Gobierno Petro busca acabar con los “proyectos de papel” para que los colombianos tengan mejor acceso al servicio de energía

El Gobierno nacional impulsa un cambio normativo de gran envergadura para recuperar y reasignar 6,3 gigavatios (GW) de capacidad en la red eléctrica nacional, luego de años de bloqueo generado por proyectos que no avanzaron, en su mayoría de energías renovables. La recuperación incluye megavatios (MW) de proyectos solares, eólicos y térmicos, lo que representa “la mayor recuperación de espacio disponible en la red eléctrica registrada en el país”.

Con un nuevo proyecto de resolución busca liberar espacio en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y reasignar capacidad de conexión antes ocupada por iniciativas sin desarrollo real. La norma introduce mecanismos que priorizan proyectos viables técnica y financieramente, con el propósito de dinamizar la transición energética y agilizar el acceso de nuevas propuestas de generación.

Durante los últimos años, el sector eléctrico colombiano se vio afectado por el fenómeno de los “proyectos de papel”. Estos consisten en iniciativas que aseguraban capacidad de conexión en la red, pero no avanzaron en la construcción, gestión de licencias o financiación.

La presencia de “proyectos de papel” terminó por acaparar puntos clave en la infraestructura, lo que dificultó el ingreso de desarrollos energéticos con mayor grado de avance. Desde el Ministerio de Minas y Energía se recalcó la urgencia de “priorizar proyectos reales y no proyectos de papel que acapararon la red”, con el foco en destrabar los cuellos de botella.

Cambios clave en la asignación de capacidad de transmisión

El proyecto normativo, elaborado por el Ministerio de Minas y Energía y la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), plantea ajustes a la Resolución 40311 de 2020. Dentro de los cambios principales destaca:

• Liberación de capacidad de transmisión bloqueada.
• Reasignación a proyectos con mayores garantías técnicas y financieras.
• Consolidación de criterios claros de “viabilidad técnica” y “viabilidad financiera”.
• Creación de una “ventanilla única” destinada a simplificar y centralizar los trámites de conexión eléctrica, lo que permite mayor transparencia y seguimiento para los desarrolladores.

Asimismo, el modelo obliga a que toda asignación de capacidad cumpla con requisitos de viabilidad operativa definidos por el Centro Nacional de Despacho (CND), responsable de la coordinación del sistema eléctrico nacional. El proceso de asignación facilitada deberá completarse en un plazo máximo de doce meses entre la solicitud inicial y la formalización de la conexión.

Cifras, prioridades y reparto de la capacidad recuperada

La Upme resaltó la magnitud de la recuperación: 6,3 GW de capacidad liberada en la red eléctrica, una cifra inédita en Colombia. Del total recuperado, 4.016,4 MW fueron de proyectos solares, 1.815,6 MW de eólicos y 320,95 MW de térmicos. También se liberaron montos menores de capacidad vinculados a pequeñas centrales hidroeléctricas y biomasa.

Dicha decisión ofrece un alivio para numerosos proyectos que quedaban relegados por la saturación de la red. El Ministerio resaltó que la meta es “priorizar proyectos reales y no proyectos de papel que acapararon la red”.

Según la directora de la Upme, Indira Portocarrero, la medida facilitará una gestión más eficiente del ingreso de nuevos proyectos y la ampliación de la infraestructura de transmisión.

Procedimientos diferenciados, plazos y garantías en la nueva normativa

La resolución prevé procedimientos especiales para proyectos prioritarios, en especial, aquellos que recurren a fuentes no convencionales de energía, sistemas de almacenamiento y desarrollos considerados estratégicos para la transición energética. La Upme podrá promover esquemas de asignación facilitada donde el proceso total, desde la solicitud de conexión hasta la autorización final, no exceda un año.

Asimismo, se contemplan esquemas simplificados para comunidades energéticas y proyectos de menor escala, sujetos a reglas establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para agilizar su incorporación a la red.

En materia de garantías, la iniciativa propone:

• Instrumentos integrados para cubrir distintos riesgos, evitando la duplicidad de exigencias y procurando no afectar la liquidez de los desarrolladores.
• Condiciones precisas para modificar la “fecha de puesta en operación”.
• Solicitudes dentro de un marco regulado y evita sanciones durante el análisis de estos cambios.

La ventanilla única, gestionada por la Upme, centralizará la información y permitirá verificar en tiempo real el avance de cada proceso de conexión. El proyecto regula también la cesión de derechos de capacidad de transporte e introduce la posibilidad de conexiones temporales en caso de retrasos de nuevas obras o cuando se detecte capacidad ociosa en la red.

Retos, expectativas y próxima discusión pública

El sector eléctrico colombiano evalúa con atención los detalles operativos de la propuesta y mantiene expectativas sobre la definición final de los criterios para recuperar y asignar capacidad. Persisten dudas sobre la transparencia del proceso, el control de riesgos por fenómenos climáticos como El Niño y los plazos de aplicación efectiva.

La resolución sigue en consulta pública para recibir comentarios antes de su promulgación definitiva. Además, la Superintendencia de Industria y Comercio revisa el posible impacto en la competencia y la regulación sectorial.