
La Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria contra cuatro guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) capturados por presuntamente suministrarle alcohol y sustancias psicoactivas a una reclusa de la cárcel El Pedregal, en Medellín, para posteriormente abusar sexualmente de ella.
Según información conocida por Revista Semana, las acciones disciplinarias fueron anunciadas tres días después de la captura de los funcionarios.
La investigación fue abierta contra Germán David Uribe Cartagena, Yhojan Estiben López Ángel, Adrián Leonardo Parra Martínez y Jhorman Andrés Palomino Ricardo, quienes actualmente son señalados por las autoridades de presuntamente cometer reiterados abusos contra una mujer privada de la libertad.
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El ente de control confirmó que el proceso disciplinario busca establecer las posibles faltas cometidas por los dragoneantes, quienes habrían utilizado sus cargos dentro del centro penitenciario para cometer los presuntos abusos en la Unidad de Tratamiento Especial de la cárcel El Pedregal.
La Procuraduría indicó que la investigación tiene como objetivo verificar la ocurrencia de las conductas denunciadas, establecer si constituyen faltas disciplinarias y determinar si los implicados actuaron bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad. El proceso se desarrolla de manera paralela a las actuaciones penales.
De acuerdo con las investigaciones conocidas hasta ahora, uno de los principales señalados es Germán David Uribe Cartagena, quien presuntamente habría participado en los hechos durante un periodo cercano a 16 meses, entre 2024 y 2026.
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Las autoridades judiciales sostuvo que el funcionario habría ingresado sustancias prohibidas al centro penitenciario y posteriormente se las suministraba a la víctima junto con bebidas alcohólicas. Según el ente investigador, la mujer quedaba en estado de incapacidad para reaccionar, situación que habría sido aprovechada para someterla a diferentes tipos de abuso sexual.
En el caso de Yhojan Estiben López Ángel, las autoridades señalaron que existen indicios de que habría abusado de la víctima en más de 30 oportunidades. Las investigaciones apuntan a que el funcionario aprovechaba su rol de traslado de internas desde los patios hacia las salas de audiencias para cometer los hechos denunciados.
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También se señaló a Adrián Leonardo Parra Martínez de presuntamente suministrarle drogas a la reclusa y entregarle un teléfono celular, elemento prohibido dentro del penal, para posteriormente abusar de ella. El caso hace parte de la investigación que actualmente adelantan las autoridades judiciales.
Jhorman Andrés Palomino Ricardo, por su parte, es investigado por supuestamente aprovechar sus funciones como custodio de la Unidad de Tratamiento Especial para agredir sexualmente a la mujer en varias ocasiones, luego de presuntamente suministrarle sustancias que disminuían su capacidad de reacción.
El caso ha generado fuerte preocupación por las denuncias relacionadas con presuntos abusos y hechos de violencia sexual dentro del centro penitenciario de Medellín.
Las investigaciones además reactivaron el debate sobre las condiciones de seguridad y protección de las mujeres privadas de la libertad, especialmente dentro de áreas de aislamiento o unidades especiales de tratamiento.
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Este no es el primer escándalo relacionado con presuntos abusos sexuales dentro de la cárcel El Pedregal. En marzo de 2025 salió a la luz el caso de Andrea Valdés, una mujer que denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de dos guardias del Inpec dentro del mismo penal.

La mujer aseguró en ese momento que uno de los funcionarios la habría violado el 29 de agosto de 2024. Tras denunciar los hechos, fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, donde entregó su testimonio ante profesionales del sistema penitenciario.
Meses después de conocerse el caso, se confirmó la captura de los guardias Diego Stiven Castaño y Cristián Camilo Alvarado, señalados de presuntamente abusar de la reclusa mientras cumplía su condena en la cárcel El Pedregal.
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Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades disciplinarias y penales correspondientes dentro de este nuevo caso que involucra a funcionarios del Inpec en Medellín.
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