Gustavo Petro cuestionó los contratos que no priorizan el hambre en La Guajira: “¿Cómo así que dejamos morir a la gente por un trato?"

Desde La Guajira, el 7 de mayo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reabrió una discusión política sobre el uso de la infraestructura ferroviaria del Cerrejón y su papel frente a la emergencia social del pueblo wayuu.

El mandatario cuestionó el alcance de los contratos privados sobre una vía que, según su planteamiento, pertenece al Estado y puede servir para atender necesidades urgentes en el territorio.

“¿Qué juez puede impedirnos que se use por un tiempo una hora al día de veinticuatro para llevar agua potable, para llevar comida en el momento crítico del sur guajiro; al norte guajiro?”, dijo.

La intervención presidencial ocurrió en Riohacha, durante el comité de evaluación de proyectos energéticos en La Guajira, marcado por la discusión sobre el acceso al agua y la alimentación en comunidades del norte del país.

Petro puso en duda que una concesión limite el uso de una infraestructura que conecta la mina de carbón de Albania con Puerto Bolívar. En su intervención afirmó que la vía férrea, el carbón, el aeropuerto, los muelles y la bahía Portete mantienen propiedad estatal, pese a la operación privada: “¿Que la concesión lo impide y está por encima de la vida humana?”.

Línea férrea del Cerrejón: ¿privilegio corporativo o salvavidas para La Guajira?

El presidente también vinculó el debate con la reducción futura de la explotación del carbón. Señaló que el flujo de vagones sobre la línea férrea disminuye con el tiempo y que ese cambio abre la posibilidad de usos alternativos: “Grencor cada vez va a vender menos carbón en el mundo (...) cada vez va a pasar menos vagones por esa vía”, al referirse a la multinacional de recursos naturales Glencore.

En su planteamiento, Petro insistió en que la infraestructura debe servir también a la población originaria en medio de la crisis: “¿Por qué no empezamos a utilizar el tiempo en favor del pueblo wayuu, que es el que habita mayoritariamente todo ese territorio?”.

“Yo he pedido desde el principio de mi Gobierno (…) que se inicie un proceso de concertación con Grencor. No estoy hablando de pelea violenta, estoy hablando de hablar con palabras”, dijo Petro.

En su intervención propuso un espacio tripartito entre el Gobierno, la comunidad wayuu y la empresa para revisar el uso del corredor férreo dentro de un proceso de transición energética: “¿Cómo así que dejamos morir la gente, entonces? ¿Por un trato? El trato se subordina a la vida humana”.

En su discurso reiteró que la propiedad del subsuelo y de la infraestructura corresponde al Estado colombiano, lo que, según su visión, permite decisiones de uso temporal en favor de la población.

El mandatario señaló que la operación minera en La Guajira atraviesa un cambio estructural por la reducción global del consumo de carbón. En ese escenario, planteó que el tiempo de la infraestructura debe abrir espacio a usos sociales.

“Entre más horas pueda usar la población wayuu para carga de alimentos, agua, lo que sea (…) el tren que va de Albania hasta Bahía Portete, mejor”, expresó.

Y es que la línea férrea del Cerrejón se extiende por aproximadamente 150 kilómetros, conectando la mina de Albania con Puerto Bolívar. Aunque diseñada exclusivamente para transportar carbón, Petro insiste en que su propiedad recae sobre Colombia, y que temporalmente podría destinarse a garantizar suministros básicos en comunidades afectadas por la sequía y la escasez de alimentos.

El presidente insiste en que la prioridad debe recaer sobre la vida de las comunidades, mientras el marco contractual vigente fija un uso exclusivo del corredor para el transporte de carbón hasta 2034.

Cabe destacar que, aunque la propuesta de Petro puede resultar positiva e incluso viable, la realidad de la región complica su implementación. Los contratos cambian de manos con frecuencia, los recursos desaparecen y se registran numerosos actos de corrupción, no solo en el Gobierno actual, sino en los anteriores.

Por ejemplo, durante la entrega de carrotanques para transportar agua potable, se descubrió un entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), en el que salieron salpicados congresistas y altos funcionarios.