Sandra Ortiz buscará cambiar a juez que lleva su caso por escándalo de la Ungrd: abogado radicó petición por supuesto “constreñimiento”

En medio del proceso que adelanta la justicia contra Sandra Ortiz, el defensor de la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República solicitó formalmente que la jueza especializada de Bogotá se aparte del proceso que investiga la presunta corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Según el togado, la jueza tendría una “enemistad clara” y estaría facilitando una falta de garantías procesales para la acusada. El abogado Mauricio Camacho afirmó que su clienta ha sido objeto de un trato que la llevó a una situación límite durante la audiencia.

Para el el defensor, Ortiz llegó a manifestar entre lágrimas: “si quiere condéneme de una vez”, reflejando el nivel de presión que, a su juicio, ha experimentado durante el desarrollo del juicio.

Para Camacho, este episodio evidencia que la exfuncionaria ha sido “constreñida” y “casi que humillada” en el escenario judicial, lo que motivó la recusación presentada ante la autoridad competente.

“Al generar estas tensiones, que no son de poca monta (...), ustedes vieron la forma en que se constriñó a Sandra Ortiz hasta el punto de llevarla a las lágrimas. Hasta el punto de exclamar, en su angustia y en el sometimiento de esa violencia moral, y cito, ‘si quiere condéneme de una vez’”, señaló el abogado.

Desde el 18 de diciembre de 2024, la exconsejera permanece privada de la libertad en una guarnición militar de Bogotá. El proceso judicial sigue en curso, en medio de cuestionamientos sobre la imparcialidad de la jueza y la forma en la que se han garantizado los derechos procesales de la acusada.

La defensa sostiene que las condiciones del juicio y el trato recibido han llevado a Ortiz a situaciones de angustia y vulnerabilidad, motivo por el cual consideran indispensable que otra autoridad asuma el caso para garantizar la transparencia y la equidad en el desarrollo del proceso.

“Para que una persona se dirija así a un juez, en esa situación, es porque lo que está padeciendo en el punto de su estructura como ser humano está siendo casi que humillada ante un escenario”, comentó el abogado.

Entretanto, la Fiscalía General ha imputado a la exconsejera los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. El expediente sostiene que, en octubre de 2023, Ortiz habría recibido y expedido instrucciones para el pago de aproximadamente cuatro mil millones de pesos en sobornos, destinados a los congresistas Iván Name y Andrés Calle.

De acuerdo con la acusación, el propósito de estos pagos era asegurar que los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes aceleraran la votación de proyectos legislativos de interés para el gobierno de Gustavo Petro. Documentos del caso también indican que para movilizar estos fondos se habrían utilizado camionetas blindadas asignadas a Ortiz por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Declaraciones clave y la versión de Sneyder Pinilla

El testimonio de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, ha sido considerado central en la investigación. Pinilla, quien se acogió a un principio de oportunidad, relató haberse reunido con Ortiz en las Residencias Tequendama para recibir el dinero e indicó que él mismo trasladó tres mil millones de pesos —en dos entregas— al presidente del Senado, Iván Name, en un sector exclusivo del nororiente de Bogotá.

El relato también involucra la entrega de maletas con mil millones de pesos en efectivo al presidente de la Cámara, Andrés Calle, quien en ese momento se encontraba en Montería. Según la Fiscalía, Ortiz habría facilitado tanto el dinero como los medios logísticos para las entregas.

Entretanto, la exconsejera ha alegado que ha recibido presiones para actuar en contra del presidente Gustavo Petro y su gabinete ministerial. Según denunció, la Fiscalía General de la Nación la estaría instigando para declarar en contra de los funcionarios que resultaron salpicados en el escándalo.

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