Lili Pink se defiende de acusaciones por presunto lavado de activos y contrabando: “No existe declaratoria judicial que los confirme”

Un megaoperativo del CTI de la Fiscalía General de la Nación tuvo lugar el lunes 27 de abril de 2026 en más de 405 locales comerciales de Lili Pink distribuidos en 59 municipios de Colombia, tras una investigación sobre un presunto lavado de activos que, según los datos oficiales, alcanzaría los $730.000.000.000. El despliegue respondió a meses de seguimiento sobre la cadena que opera bajo la razón social Fast Moda S.A.S.

En su más reciente comunicado, emitido el 5 de mayo de 2026, la Dirección Ejecutiva de Fast Moda S.A.S. señaló “inconsistencias entre las cifras difundidas públicamente y los valores reales de las actuaciones administrativas”, postura que defiende la necesidad de que cualquier acusación sea determinada en el ámbito judicial. De acuerdo con el documento, la compañía niega cualquier responsabilidad en lavado de activos o contrabando, afirmando que “no existe una decisión judicial en firme que establezca responsabilidad alguna”.

En su defensa, la empresa colombiana argumentó que las operaciones de importación de mercancía se rigen bajo el marco legal vigente, soportado con documentación.

“Sobre los señalamientos de contrabando Lili Pink precisa que: No existe declaratoria judicial que los confirme. Las actuaciones administrativas están siendo controvertidas ante la jurisdicción competente. Todas las mercancías cuentan con declaraciones de importación y pagos debidamente soportados”.

Las pesquisas se desarrollaron con herramientas como el sistema de monitoreo Ojo de la Dian, que detectó “accesos inusuales a la base de datos y consultas de información distintas a la labor habitual de los funcionarios”. Sobre una investigación paralela por enriquecimiento ilícito de particulares, estimada en más de $430.000.000.000, la empresa enfatizó que cuenta con soportes de importación y pagos correspondientes para toda su mercancía.

Frente a las operaciones de las autoridades competentes, el abogado Iván Cancino —vocero de la defensa en esta fase— remarcó en el comunicado que “los hechos mencionados corresponden a una controversia jurídica en curso y no a conclusiones definitivas”. En efecto, insistió en “respetar la presunción de inocencia y el debido proceso”, advirtiendo contra prejuzgamientos antes de una resolución formal.

Por último, la marca de ropa interior femenina subrayó que “genera más de 3.000 empleos directos” y mantiene operaciones legales en Colombia y otros países de Latinoamérica, mientras sostuvo que todas sus actuaciones administrativas “están siendo controvertidas ante la jurisdicción competente”.

Fiscalía reveló las evidencias del escándalo de Lili Pink que salpican a los dueños de la empresa

La Fiscalía General de la Nación identificó a Max Marvin Abadi y su hijo David Abadi como presuntos líderes de una red transnacional de contrabando y lavado de activos, cuyos ‘tentáculos’ alcanzan Panamá, Bahamas y otros países de la región, según información obtenida por El Tiempo.

Las pruebas que vinculan a Max y David Abadi con delitos de contrabando y lavado de activos incluyen evidencia documental, interceptaciones telefónicas y rastreo de transacciones bancarias en Colombia y el extranjero. El ente acusador halló empresas de papel, transacciones por $760.000.000.000 de representantes legales ficticios y operaciones que involucran a empleados y familiares, todo articulado para simular legalidad y ocultar el origen ilícito de grandes sumas de dinero.

En 2024, Fast Moda S.A.S., firma matriz de la marca, declaró ventas por $518.000.000.000, según la fiscal delegada para las Finanzas Criminales, Aura Liliana Trujillo. La investigación identificó un entramado de empresas de papel y transferencias internacionales que, de acuerdo con la Fiscalía, habrían permitido incrementar la fortuna del grupo Abadi en $434.000.000.000.

El expediente detalla la creación de empresas ficticias, muchas de ellas constituidas a nombre de empleados y familiares de los Abadi. Un conductor, Jonnathan Villamil Soler, aparece como representante legal de una de las proveedoras, trasladando mercancía etiquetada como hecha en Colombia aunque de procedencia china.

Paralelamente, el ente acusador identificó a tesoreros y ejecutivas de talento humano que figuraban en los registros de las compañías involucradas. Pink Life S.A.S., parte fundamental del esquema, reporta activos por $280.000.000.000 y comparte representantes legales con otras sociedades.

Al verificar la existencia de proveedores como Costa Vásquez S.A.S., Control Lock S.A.S. y Continental de Importaciones, las autoridades hallaron algunos lotes baldíos y direcciones inexistentes, lo que confirmó la existencia de empresas de papel. Además de detectar instrucciones para desobedecer al nuevo gerente de los almacenes, designado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), y continuar rindiendo cuentas a los dueños.