Una fuga invisible drena a diario el suministro de agua en el Atlántico: la Gobernación confirmó que 1,5 millones de litros salen de la red pública por conexiones ilegales, una cifra equivalente al consumo diario de unas 12.000 personas. Este dato encendió las alertas sobre la estabilidad del servicio en zonas donde el acceso ya es limitado.
El reporte oficial ubica el foco del problema en áreas rurales del departamento, donde redes clandestinas desvían el recurso antes de que llegue a los usuarios. La administración advirtió que este volumen, que alcanza los 1.500 metros cúbicos diarios, compromete la distribución en municipios con infraestructura sensible y cobertura que depende de condiciones técnicas ajustadas.
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José Antonio Luque, secretario de Interior de la Gobernación del Atlántico, calificó el fenómeno como un golpe directo a la seguridad hídrica y explicó a El Heraldo: “Hoy continuamos con los operativos contra el hurto del agua, incrementando así las denuncias (...), denuncias penales que están siendo entregadas a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de llegar a las últimas consecuencias judiciales contra las personas que le roban el agua a nuestros atlantisenses”.
Los hallazgos surgieron tras operativos técnicos y policiales recientes en Manatí, Polonuevo, Sabanagrande, Luruaco y Repelón. En estos puntos se identificaron estructuras ilegales que intervenían las tuberías para redirigir el flujo hacia predios privados. Las inspecciones permitieron establecer que el recurso se desviaba antes de su llegada a los sistemas de acueducto comunitarios.
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En un tramo inspeccionado, solo cinco de 22 litros por segundo llegaron a la población
En la zona rural de Manatí, por ejemplo, la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico detectó 33 conexiones ilegales dentro de fincas. Según el informe, estos puntos utilizaban el agua para riego y actividades agroindustriales sin autorización ni control; la ausencia de medición impidió determinar el consumo exacto, aunque el impacto sobre la red resultó evidente.
Los técnicos documentaron reducciones críticas en el caudal, por lo que en uno de los tramos evaluados, de 22 litros por segundo bombeados, solo cinco alcanzaron a llegar a la población. La diferencia refleja una pérdida superior al 80%, atribuida de forma directa al robo del recurso.
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La Gobernación informó que los propietarios de los predios implicados ya fueron identificados. Las autoridades iniciaron procesos judiciales por defraudación de fluidos, delito contemplado en el Código Penal colombiano, debido a esto, las investigaciones buscaron establecer responsabilidades y frenar la expansión de estas prácticas.
Riesgos sanitarios por interrupciones en el suministro
El impacto no se limita a la cantidad de agua sustraída. Las pérdidas económicas superan los 2.000 millones de pesos, de acuerdo con cifras oficiales. Además, cerca de 40.000 habitantes enfrentan afectaciones en el suministro, con interrupciones frecuentes y presión insuficiente en los sistemas de distribución.
En varias comunidades, la falta de continuidad obliga al almacenamiento en condiciones que elevan riesgos sanitarios. Las redes, diseñadas para consumo humano, sufren desgaste cuando soportan usos intensivos como el riego.
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La administración departamental advirtió que la situación podría agravarse ante la posible incidencia del fenómeno de El Niño. La reducción de fuentes hídricas y la sequía aumentarían la presión sobre un sistema que ya presenta vulnerabilidades. “Cada litro perdido tiene un efecto acumulativo sobre la disponibilidad”, indicaron desde la Gobernación al medio en mención.
Mientras en sectores rurales se detectan desvíos ilegales, en áreas urbanas y corregimientos se registran jornadas sin servicio o con baja presión. Esta contradicción evidencia fallas en el control y en la protección de la infraestructura, en un territorio donde la cobertura formal supera el 95%, pero la distribución efectiva enfrenta obstáculos.
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Los operativos continuarán en otros municipios del Atlántico, por lo que la Gobernación, en coordinación con la Policía Nacional y la empresa operadora, busca desmantelar las redes clandestinas y evitar que vuelvan a operar.
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