Desde la tarde del sábado 2 de mayo de 2026, habitantes de Altos de Manila, una vereda rural de Segovia, en el departamento de Antioquia, reportaron que intensos combates entre grupos armados ilegales se prolongaron durante varias horas.
Las detonaciones de explosivos y ráfagas de fusil alteraron la cotidianidad y generaron un clima de zozobra entre los residentes, según confirmó la Personería municipal.
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La emergencia llevó a que unidades del Ejército Nacional se desplazaran hacia el sector para intentar retomar el control territorial y atender la crisis. De acuerdo con la institución castrense, las tropas también fueron hostigadas por los grupos armados durante sus operaciones, lo que elevó el riesgo para la población civil.
Escalada de violencia y presencia armada
En los reportes recogidos por la Mesa Humanitaria de Derechos Humanos en Antioquia y la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), se advirtió que los enfrentamientos incluyeron el uso de explosivos lanzados desde drones, una táctica destinada a frenar el avance militar.
La Personería de Segovia señaló que estas acciones ocurrieron a solo dos o tres kilómetros del casco urbano, lo que eleva la preocupación por una posible expansión del conflicto hacia zonas habitadas.
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La ruptura de acuerdos previos entre grupos ilegales, como las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo (AGC), contribuye a la reactivación de disputas territoriales.
El personero municipal, Hambler Patiño, informó que los grupos que antes mantenían una alianza para repeler el ingreso de las AGC ahora retomaron enfrentamientos directos entre sí: “Hace 15 días nos enteramos que hay un conflicto de tres otra vez”, aseguró Patiño en declaraciones recogidas por Blu Radio.
Desplazamiento y confinamiento de familias
La intensificación del conflicto ha tenido un impacto directo en la vida de las comunidades rurales. Según reportes de la Personería de Segovia, algunas familias optaron por refugiarse en sus viviendas ante el temor a quedar en medio del fuego cruzado, mientras otras consideran la posibilidad de desplazarse hacia otras veredas o hacia el área urbana del municipio.
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En el sector de Arenales persiste un desplazamiento activo, con un estimado de entre 60 y 70 personas afectadas. El personero explicó que, aunque en días recientes algunos habitantes regresaron, el miedo a nuevos combates mantiene la alerta.
“Esperamos que las fuerzas militares puedan dar un parte de tranquilidad para el retorno de las comunidades”, indicó el funcionario.
Reacción de organizaciones sociales y llamado institucional
Organizaciones como la Mesa Humanitaria de Derechos Humanos y Corpades rechazaron la escalada de violencia y exigieron la intervención inmediata del Estado para garantizar la protección de los derechos fundamentales de la población civil.
“Comunidades de la vereda Altos De Manila, en Segovia, Antioquia, denuncian que quedaron en medio de intensos enfrentamientos entre grupos armados ilegales, en un hecho que agrava la crisis de seguridad en la zona”, publicó Corpades a través de la red social X.
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Estos organismos subrayaron que la persistencia de ciclos de violencia y la débil respuesta institucional profundizan la vulnerabilidad de las comunidades. Además, insistieron en la necesidad de reforzar la presencia estatal y los operativos de control en sectores críticos, como Cancha Manila, donde la fuerza pública intensificó su despliegue según informó la Personería.
Monitoreo de la situación y perspectivas
Ante la continuidad de los hechos violentos, las autoridades locales y militares mantienen el monitoreo permanente en la zona.
Consejos de seguridad recientes evalúan la evolución del conflicto y programado nuevas intervenciones para restablecer el orden público, aunque no se ha emitido aún un reporte definitivo sobre el balance de la operación militar ni sobre el retorno seguro de los desplazados.
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