“Más de seis años y ni una piedra”: Cárcel Distrital II de Bogotá sigue sin avanzar y se licitaría en 2027

La Cárcel Distrital II de Bogotá continúa sin iniciar su construcción pese a ser una de las soluciones planteadas para el hacinamiento en estaciones de Policía y URI, acumulando más de seis años en etapa de planeación y ajustes. Revista Semana

El proyecto, que ha pasado por varias administraciones, sigue sin superar la fase de estructuración técnica y financiera, lo que ha impedido avanzar hacia la licitación y el inicio de obra, según la Revista Semana.

La actual administración anunció que el proceso de licitación se realizaría en 2027, una fecha que originalmente correspondía al momento en que la infraestructura debía estar finalizada.

La iniciativa fue concebida como una respuesta directa a la crisis del sistema carcelario en la capital, donde las estaciones de Policía y las Unidades de Reacción Inmediata operan con niveles críticos de sobreocupación. Sin embargo, el proyecto no ha logrado consolidarse debido a múltiples obstáculos administrativos, técnicos y contractuales que han retrasado su ejecución.

Uno de los principales tropiezos ha sido la terminación anticipada de un convenio interadministrativo con la empresa RenoBo, que tenía como objetivo desarrollar los estudios y diseños del proyecto. Este contrato, por más de 5.000 millones de pesos, se suspendió por inconsistencias, lo que obligó a replantear parte del proceso y evidenció fallas en la planeación inicial.

La caída de este convenio no solo significó un retroceso en los tiempos previstos, sino que también dejó al proyecto en una etapa de revisión, sin una base técnica completamente definida. Como resultado, los estudios continúan en proceso de ajuste, lo que ha impedido avanzar hacia fases más concretas como la licitación o la construcción.

El estancamiento de la obra también ha generado tensiones políticas entre distintas administraciones. La exalcaldesa Claudia López aseguró que durante su gestión se dejaron listos los lotes necesarios para la construcción, mientras que la actual administración ha señalado que la entrega definitiva del predio se consolidó posteriormente, lo que ha derivado en un intercambio de responsabilidades sobre el retraso.

Estas diferencias reflejan una cadena de decisiones que se extiende incluso a nivel nacional, ya que el proyecto ha requerido la participación del Gobierno central en la asignación de terrenos y recursos. A lo largo de los años, esta coordinación interinstitucional no ha logrado traducirse en avances concretos, manteniendo la iniciativa en una fase preliminar.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 280.000 millones de pesos, sobre un lote de aproximadamente 29.000 metros cuadrados, con una capacidad proyectada de 2.000 cupos carcelarios. Estas cifras evidencian la magnitud de la obra y su relevancia dentro de la estrategia de seguridad y justicia para la ciudad.

A pesar de su importancia, la falta de ejecución ha generado un impacto directo en el sistema actual, donde el hacinamiento en URI y estaciones de Policía sigue aumentando. Este escenario no solo afecta las condiciones de las personas privadas de la libertad, sino que también limita la capacidad operativa de las autoridades para gestionar nuevas capturas.

El desarrollo del proyecto ha tenido antecedentes que se remontan a varias décadas, con intentos de ampliación y modernización del sistema carcelario distrital que no lograron materializarse. Desde propuestas iniciales en administraciones anteriores hasta acuerdos recientes para la obtención de predios, la iniciativa ha pasado por múltiples etapas sin alcanzar su ejecución definitiva.

En el panorama actual, el compromiso de licitar la obra en 2027 representa un nuevo plazo que busca reactivar el proyecto, aunque persisten dudas sobre su viabilidad si no se superan los problemas estructurales que han impedido su avance hasta ahora. La experiencia acumulada en los últimos años muestra que los retrasos han estado asociados tanto a factores técnicos como a decisiones administrativas.

Mientras tanto, la situación en los centros de detención transitorios continúa siendo crítica, lo que refuerza la urgencia de contar con infraestructura adecuada para el sistema penitenciario de la capital. La ausencia de una solución definitiva mantiene la presión sobre las autoridades y evidencia la necesidad de avanzar en proyectos que respondan a la demanda real de cupos carcelarios.