La deuda de Colombia llega a niveles que no se veían desde la Guerra de los Mil Días, según Anif

Imagínese que usted y cada colombiano vivo tuvieran que pagar hoy su parte de la deuda del Estado. La cuenta sería de más de 20 millones de pesos por persona. Hace apenas 35 años, esa misma cifra no llegaba a 2 millones.

Ese es el retrato que traza el Centro de Pensamiento Económico Anif en su comentario económico del 30 de abril de 2026, donde advierte que la deuda pública de Colombia alcanzó niveles que no se observaban desde finales del siglo XIX.

Para entenderlo sin tecnicismos, esto significa que el Gobierno gasta más de lo que le entra. Cuando eso pasa, la diferencia hay que pedirla prestada. Y ese préstamo acumulado, año tras año, es lo que se llama deuda pública.

Según Anif, en 2025 la deuda neta del Gobierno Nacional Central se ubicó alrededor del 58% del Producto Interno Bruto (PIB), que es el valor de todo lo que produce el país en un año. Traducido a pesos de hoy, esa cifra equivale a una carga diez veces mayor por habitante que la registrada hace tres décadas y media.

El informe es preciso al señalar cuándo se vio algo parecido por última vez: “Un nivel históricamente elevado que solo encuentra referentes hacia finales del siglo XIX”. En ese periodo, marcado por la Guerra de los Mil Días, la deuda llegó a niveles cercanos al 85% del PIB, en medio de inflación disparada y el agotamiento financiero que dejó el conflicto armado. Sus consecuencias se sintieron mucho después de que terminó la guerra, con años de inestabilidad económica y un Estado sin margen para responder.

El documento también pone en perspectiva la frecuencia del problema. Durante los últimos 35 años, el balance primario —la diferencia entre lo que recauda el Estado y lo que gasta, sin contar el pago de intereses de la deuda— fue positivo en apenas 8 de esos 35 años. Dicho de otro modo: en 27 de los últimos 35 años, Colombia gastó más de lo que recaudó.

Lo que señala Anif con mayor atención es que los déficits más recientes no son producto de una emergencia puntual. El déficit primario de 2024 fue de -2,4% del PIB y el de 2025 llegó a -3,5% del PIB. El informe precisa que cifras así “solo encuentran precedentes en episodios de crisis económica, como la crisis de finales de siglo en 1999 (-2,3%) y la crisis sanitaria del Covid-19 en 2020 (-5,0%)“. La diferencia es que en esas ocasiones había una emergencia clara que lo explicaba.

Ese endeudamiento tiene un costo adicional que se retroalimenta: entre más debe un país, más desconfianza genera entre quienes le prestan dinero, y eso encarece los nuevos préstamos. Anif lo describe así en el informe: “El encarecimiento del crédito ha estado asociado a una mayor percepción de riesgo, reflejada en el aumento de las tasas de interés y en los recientes recortes en la calificación crediticia soberana”.

Cuando bajan esas calificaciones —que funcionan como el puntaje de crédito de un país ante los mercados internacionales—, endeudarse sale más caro, lo que a su vez agrava el déficit y presiona aún más las finanzas del Estado.

Las consecuencias de no corregir el rumbo, según el documento, van más allá del número en sí: “Colombia podría enfrentar en los próximos años una trayectoria de deuda pública cada vez más difícil de sostener, con implicaciones sobre la estabilidad macroeconómica, el costo del financiamiento y la capacidad del Estado para responder a choques adversos”.

El deterioro de las cuentas fiscales, agrega el informe, “no solo limita el margen de maniobra de la política económica, sino que también incrementa la vulnerabilidad del país frente a episodios de mayor volatilidad financiera y pérdida de confianza”.

Anif plantea que aún existe espacio para actuar y llama a abrir una discusión sobre ajustes fiscales con énfasis en el control del gasto público y en mejorar la eficiencia de la inversión. El centro de pensamiento presentó un paquete de medidas en su primer seminario del año, con propuestas orientadas a llevar las finanzas públicas hacia una senda sostenible en el mediano plazo.