
Las tensiones comerciales entre Colombia y Ecuador se agudizaron tras la entrada en vigor de nuevas medidas arancelarias que han encendido las alertas en el sector empresarial de ambos países.
Desde el primero de mayo de 2026, Ecuador aplica un arancel del 100% a la mayoría de importaciones provenientes de Colombia, una decisión que se enmarca en recientes tensiones fronterizas y diplomáticas.
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Como respuesta, el Gobierno colombiano estableció aranceles diferenciados del 35%, 50% y 75% sobre 191 productos ecuatorianos, en un intento por proteger sectores estratégicos e insumos esenciales para la producción nacional.
En este contexto, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, advirtió que la situación podría tener efectos inmediatos sobre el empleo y la estabilidad de diversas industrias que dependen del comercio entre ambos países.
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Según el dirigente gremial, la incertidumbre comercial amenaza con impactar la competitividad empresarial y reducir las oportunidades en regiones altamente vinculadas al mercado ecuatoriano.
El dirigente gremial fue enfático en señalar que el incremento arancelario responde más a desacuerdos políticos que a razones técnicas o comerciales.
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En ese sentido, cuestionó las diferencias entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa, al considerar que terminan trasladando sus efectos a trabajadores y empresas.
“Cuando un producto duplica su costo por un arancel, simplemente deja de ser competitivo y no se vende”, explicó en entrevista con Caracol Radio.
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Según Mac Master, regiones como el Valle del Cauca, el Cauca y zonas industriales como Santander de Quilichao ya empiezan a resentir el impacto. Varias compañías han reportado caídas de hasta el 50% en sus ventas hacia Ecuador, lo que podría traducirse en recortes de personal si la situación se prolonga.
Aunque por ahora no se registran cierres masivos, el líder de la Andi alertó que el escenario es preocupante si no se logra una solución diplomática en el corto plazo.
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Pero el conflicto comercial no es el único frente crítico. El presidente de la Andi también puso el foco en la creciente informalidad laboral en Colombia, que ya alcanza el 55 % de la población ocupada. Esto equivale a más de 13 millones de trabajadores, de los cuales cerca de 11 millones no devengan siquiera un salario mínimo. Para Mac Master, esta realidad refleja una falla estructural del mercado laboral que se agrava con el aumento del costo de vida.
El impacto de la inflación, explicó, golpea con mayor fuerza a quienes están por fuera del sistema formal, ya que no cuentan con mecanismos de protección como seguridad social o ingresos estables.
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A esto se suma el desempleo en sectores específicos, especialmente entre mujeres y jóvenes, cuyas tasas de desocupación superan el 17%. Frente a este panorama, insistió en que el país necesita políticas públicas orientadas a fomentar el emprendimiento y fortalecer a las pequeñas y medianas empresas.
“Las empresas son el principal motor para generar empleo formal”, sostuvo, al tiempo que pidió condiciones más claras y estables para el sector productivo. En su visión, la incertidumbre política y económica termina desincentivando la inversión, lo que limita la creación de nuevas oportunidades laborales.
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Otro de los puntos críticos señalados por Mac Master es el deterioro de la seguridad en varias regiones del país. Departamentos como Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Antioquia y Norte de Santander enfrentan, según el dirigente, condiciones complejas que afectan tanto a empresarios como a trabajadores.
La falta de garantías de seguridad no solo pone en riesgo la integridad de las personas, sino que también dificulta la operación de las compañías.
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“El Estado ha perdido presencia en algunas zonas y eso tiene consecuencias directas sobre la actividad económica”, afirmó. Para el líder gremial, garantizar la seguridad debe ser una prioridad, ya que sin ella es inviable mantener o expandir proyectos productivos.
En paralelo, la situación del sistema de salud también genera inquietud en el sector empresarial. Mac Master aseguró que los cambios impulsados por el gobierno han provocado un escenario de incertidumbre y dificultades en la prestación de servicios.
Según explicó, hoy es más complejo acceder a citas, medicamentos y autorizaciones, lo que afecta tanto a los usuarios como a los actores del sistema.
El caso del magisterio fue citado como uno de los más preocupantes, debido al deterioro en la atención y a la incertidumbre que enfrentan los docentes respecto a la cobertura de sus necesidades de salud. Esta situación, advirtió, tiene implicaciones no solo sociales, sino también económicas.
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