La SAE reveló nuevos detalles del proceso de incautación en Lili Pink: qué pasará con la cadena

El operativo de la Fiscalía General de la Nación contra la cadena de ropa interior Lili Pink marcó un hito reciente al iniciar un proceso de extinción de dominio sobre más de 400 locales, en respuesta a presuntos vínculos con lavado de activos y contrabando por cifras que superan los $730.000 millones.

El futuro de más de 2.000 empleados y la operación de las tiendas quedará determinado por la gestión de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que asumirá la administración estatal de los bienes incautados, con el objetivo declarado de garantizar la sostenibilidad comercial y los derechos laborales.

Las pesquisas judiciales, reveladas por la Fiscalía el 28 de abril, no solo involucran la venta de ropa femenina. La marca habría sido utilizada como canal de ingreso para juguetes y productos cosméticos sin documentación, a través de una red de sociedades de papel y maniobras financieras que pretendían ocultar movimientos irregulares y dar apariencia de legalidad a elevados volúmenes de mercancía.

El ente acusador aseguró que el valor de los bienes incautados asciende a más de $54.000 millones, los cuales incluyen 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, distribuidos en 59 ciudades de 25 departamentos del país.

La SAE, por medio de su directora Amelia Pérez, puntualizó que la estrategia estatal busca evitar que la empresa colapse o pierda valor mientras dura el proceso judicial.

Pérez explicó que “el plan de administración que eventualmente se adopte dependerá del diagnóstico integral que realice la entidad sobre el estado financiero, contable, contractual, laboral y la capacidad productiva de la marca, con el propósito de garantizar la sostenibilidad de la operación y la protección del valor de los activos”.

La intervención de la Sociedad de Activos Especiales se produce tras la incautación de los bienes, en el contexto de una de las operaciones más grandes contra el presunto lavado de activos en el sector comercio colombiano.

Un bloque de más de 2.000 empleados representa la principal preocupación en este proceso. La SAE afirmó que sostuvo reuniones con el Ministerio de Trabajo para velar porque se respeten los derechos laborales durante la transición, una medida destacada por Pérez: “Las directivas de la sociedad Lili Pink supieron de las diligencias que se iban a realizar por parte de la Fiscalía y dejaron abandonadas a su suerte a las empleadas que allí se encontraban”, denunció la funcionaria.

Por iniciativa de la SAE también fue solicitada la intervención conjunta de la Procuraduría General y la Contraloría General, con el fin de ejercer auditoría permanente y asegurar la transparencia durante el proceso de toma de control y administración de los activos afectados.

Según la Fiscalía General de la Nación, la investigación identificó un complejo mecanismo de simulación a través de empresas importadoras y comercializadoras ficticias, por el cual se distribuían en el país mercancías sin cumplir los requisitos aduaneros y documentales.

Entre los hallazgos consta que “la presunta manera de operar de Lili Pink consistía en maniobras orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal”, asunto que llevó a confiscaciones en numerosos municipios.

En cifras, el informe presentado por la autoridad judicial habla de un presunto lavado de activos por $730.000 millones, enriquecimiento ilícito por más de $430.000 millones, decomisos de mercancía valorados en $54.000 millones y contrabando cercano a $75.000 millones. Todas estas cifras fueron consignadas por la Fiscalía y debidamente avaladas en sus informes oficiales.

Durante el operativo, la SAE reportó que “en los lugares donde se estaban haciendo las diligencias no se encontraban los gerentes o habían sido enviados a trabajar desde casa”, fenómeno que atribuyó a la anticipación de las diligencias por parte de la alta gerencia de la marca.

La entidad remarcó que funcionarios propios acompañaron y supervisaron las incautaciones desde el inicio, haciendo seguimiento a la integridad de los activos en cada local, incluso aquellos que fueron hallados vacíos.

Por su parte, la empresa Lili Pink reconoció a través de un comunicado la existencia de la investigación penal, aclarando que ya trabaja “de manera coordinada con los asesores legales y las entidades correspondientes, asegurando el adecuado manejo de la situación dentro del marco legal”.

La Fiscalía comunicó que, pese a la extinción de dominio, los establecimientos de la marca continuarán abiertos al público durante el trámite judicial, procurando no afectar a los consumidores ni precipitar la caída operativa de la cadena.

Esa decisión, sumada a la administración transitoria de la SAE, busca preservar la actividad comercial y proteger el interés de los trabajadores y clientes mientras el caso avanza en los estrados judiciales.