JEP aseguró que hubo una mayor concentración de ‘falsos positivos’ durante el segundo mandato de Uribe: “No es una opinión, es evidencia”

La consolidación de datos recientes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia confirma que la mayor concentración de estos hechos ocurrió entre 2002 y 2008.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó a El Tiempo que el consolidado actualizado comprende 7.837 víctimas entre 1990 y 2016, resultado de un proceso institucional orientado a dimensionar este fenómeno en el conflicto armado colombiano.

La JEP, a través de su presidente, indicó que sí reconoce una concentración significativa de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008.

El análisis oficial, sustentado en bases de datos, informes de entidades y testimonios judicializados, establece que estos crímenes forman parte de un patrón histórico más amplio, pero encuentra su máxima incidencia en ese periodo.

El presidente de la JEP detalló: “Esta cifra no es nueva en términos sustantivos. Desde finales del año pasado, cuando se terminó el ejercicio de actualización, en distintas audiencias de la JEP, incluyendo una en Medellín con participación del comandante de la Cuarta Brigada, ya se habían hecho públicos elementos relevantes derivados de este proceso”. Ramelli señaló que el acceso a nuevas fuentes y un periodo de revisión más amplio permitió afinar el conteo.

Según Ramelli en entrevista con El Tiempo, la institución deja claro que la cifra corresponde a un universo provisional y que la concentración en esos años no implica la inexistencia de casos fuera de ese lapso.

El consolidado también documenta hechos en décadas anteriores y posteriores, lo que confirma la extensión y complejidad del fenómeno.

Consultado por el medio citado, sobre la vigencia de los datos, Ramelli precisó: “No es que la cifra anterior fuera equivocada, sino que correspondía a un periodo diferente. Entonces, con este nuevo estudio lo que podemos decir es que esa cifra se mantiene y corresponde al periodo 2002 al 2008”.

Agregó que si bien existen casos previos, “lo que sí es que hubo una concentración de 2002 a 2008, eso es verdad y se mantiene”.

Subrayó que el fenómeno no nació en 2002 ni acabó en 2008, ya que se han registrado casos desde los años setenta, aunque en menor número.

Ramelli explicó que el mayor número de víctimas se produjo en el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2006-2010), con 3.941 víctimas—aproximadamente el 50,29% del total. Sobre otras administraciones.

“El menor número de registros se presentó durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, con 99 víctimas, equivalentes al 1,26% del total, considerando los años 2014 a 2016”.

Además, resaltó que, si se consideran mandatos completos, “el de menor número es el primer período de Juan Manuel Santos, con 236 víctimas, que corresponde al 3%”.

Sobre gobiernos anteriores, indicó que en el de César Gaviria hubo 406 casos, en el de Ernesto Samper hasta 344 y en el de Andrés Pastrana un total de 340. Persistencia y normalización del fenómeno Respecto a los años posteriores al periodo crítico, Ramelli apuntó que “entre 2010 y 2016, año de cierre de nuestro periodo de documentación, están registrados 335 casos, incluyendo repuntes concretos como los de 2011, con 83 casos, y 2015, con 55 casos”.

“Reconocer esos casos es fundamental para entender que desmontar este tipo de prácticas no es inmediato, y que incluso niveles más bajos de ocurrencia nunca deben ser normalizados ni invisibilizados”. El presidente de la JEP enfatizó: “Los patrones de violencia no desaparecen de un momento a otro, requieren procesos complejos de transformación institucional, control y rendición de cuentas. Cuando los casos disminuyen, existe el riesgo social de normalizar su existencia, de considerarlos ‘hechos aislados’ o ‘pocos casos’, lo que puede llevar a su invisibilización”.

Comparación internacional y verificación institucional: Analizando el tema a escala mundial, Ramelli indicó que este expediente “sitúa a Colombia en una posición compleja, pero al mismo tiempo singular, porque combina la magnitud de un fenómeno criminal de gran escala con una respuesta judicial que no tiene precedentes en el ámbito internacional”.

Comentó que la labor de la JEP ha superado “con creces el umbral de verdad alcanzado por la justicia ordinaria en su momento”.

Señaló también que la verificación y el seguimiento institucional han sido destacados por la Corte Penal Internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU. Ramelli subrayó la solidez de las cifras: “No estamos ante relatos aislados, sino ante miles de casos documentados, construidos con fuentes estatales, decisiones judiciales, pruebas recaudadas por la JEP, testimonios y 899 versiones voluntarias de los comparecientes, a lo largo de las cuales reconocieron haber cometido muchos delitos jamás investigados”.

A quienes minimizan las ejecuciones extrajudiciales, Ramelli respondió en El Tiempo: “Esto no es una opinión. Es evidencia acumulada, contrastada y judicializada”.

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz recordó que, detrás de cada cifra y análisis, subsisten historias personales que revelan la dimensión humana de esta tragedia.