Políticos arremetieron contra el uribismo por nueva cifra de falsos positivos: “Jóvenes y campesinos asesinados y presentados como guerrilleros”

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)de Colombia informó que el número de casos de falsos positivos aumentó a 7.837 tras revisar un periodo más amplio de investigación. Anteriormente, la cifra reconocida era de 6.402.

Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, explicó que este incremento surge porque ahora se analizaron hechos ocurridos entre 1990 y 2016, en contraste con el rango previo de 2002 a 2008. “Se amplió el marco temporal para esclarecer la magnitud”, indicó el magistrado.

El magistrado remarcó que la cifra actual “es solamente del caso cero tres”, por lo que “lo más probable es que incluso esta nueva cifra vaya a aumentar en el futuro”.

La JEP subrayó que la ampliación tanto del periodo de análisis como de las bases de datos utilizadas ha sido clave para identificar hechos y víctimas que previamente no figuraban en los registros.

El anuncio generó respuestas inmediatas de figuras políticas y sociales en Colombia. Camilo Romero, exgobernador de Nariño, manifestó que “se ha dicho hoy con claridad que son 7.837 jóvenes asesinados con balas del Estado, con balas del Gobierno”.

Romero cuestionó que “quienes debían ser impulsados por los gobiernos en la mejor etapa de su vida, fueron asesinados”. Además, criticó la propuesta de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia de nombrar a Álvaro Uribe como ministro de Defensa en un eventual gobierno suyo, calificado como “una burla para las víctimas”.

La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta también se pronunció tras conocerse la nueva cifra.

“Esta es la verdadera razón por la que al uribismo le molesta que se investigue, que se crucen bases de datos”, escribió, y subrayó: “No estamos ante casos, estamos ante un genocidio. El exterminio del joven pobre al que le pusieron botas”.

Por su parte, el exsenador y escritor Gustavo Bolívar instó a la sociedad a no olvidar la magnitud del fenómeno. “NUNCA OLVIDEN ESTA CIFRA 7.837”, publicó en sus redes sociales, haciendo un llamado a la memoria colectiva y a la responsabilidad social frente a este episodio.

Esmeralda Hernández, representante a la Cámara del Pacto Histórico, recalcó que la JEP confirmó la actualización de los datos y enfatizó que “una cifra escalofriante: jóvenes y campesinos asesinados y presentados como guerrilleros”.

Hernández expresó preocupación por la posibilidad de que la política de seguridad democrática retorne al país, considerando las propuestas de figuras del uribismo: “Hoy Paloma Valencia quiere a Uribe como ministro de Defensa para revivir la seguridad democrática. Solo de imaginarlo produce terror. Qué horror”.

Por su parte, la exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial Claudia López, criticó el ofrecimiento de la senadora Paloma Valencia de designar a Álvaro Uribe como ministro de Defensa si resulta elegida presidenta.

“El premio por los 7.837 falsos positivos es ofrecerle a Álvaro Uribe ser MinDefensa para que vuelva ‘la seguridá democrática’. No jodas (sic)”, expresó.

López insistió en que Colombia necesita avanzar y no regresar “al pasado de falsos positivos, corrupción y negación”.

El senador y candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda también se refirió a la cifra revelada por la JEP y cuestionó las consecuencias jurídicas para el expresidente Uribe.

“7.837 ‘FALSOS POSITIVOS’. ¿Y cuándo será juzgado por crímenes contra la humanidad Álvaro Uribe Vélez, candidato a Ministro de Defensa?”, publicó Cepeda, en alusión directa a la responsabilidad política y judicial por los hechos ocurridos durante la administración del exmandatario.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro destacó el carácter sistemático de las ejecuciones extrajudiciales y relacionó el fenómeno con la política de seguridad implementada entre 2002 y 2010.

“Son 7.837 víctimas del Estado por el fusilamiento sistemático de jóvenes en el gobierno de la mal llamada seguridad democrática, era la seguridad de la muerte total”, señaló. Petro agregó que “no quieren reelección para la justicia social, la quieren para la muerte”.

Las nuevas cifras y los pronunciamientos subrayan la vigencia del debate sobre justicia, responsabilidad y el rumbo que debe tomar Colombia en materia de derechos humanos y memoria histórica.