Sigue polémica por mina de oro ilegal que opera en terrenos de un batallón militar en Antioquia: el presidente Petro en persona entregó el título de explotación

El presidente Gustavo Petro encabezó en abril de 2024 la entrega pública del título de formalización minera para el predio La Mandinga en Cáceres, Antioquia, una mina de oro ubicada a escasos metros del batallón Rifles No. 31.

La concesión, otorgada a la comerciante Hermelina Isabel Cardozo Calle por la Agencia Nacional de Minería (ANM), desató controversia inmediata ante la existencia previa de denuncias formales sobre actividades ilícitas en la zona, incluidas alertas sobre devastación ambiental y extracción ilegal.

En el informe final de la Agencia Nacional de Minería, expedido tras el acto público del 11 de abril de 2024 en Caucasia, se estableció la reasignación del conocimiento y control del título minero La Mandinga al Grupo de Seguimiento y Control Zona Occidente. Esta medida busca que el organismo active las investigaciones y fiscalizaciones correspondientes a las competencias legales, según reportó El Tiempo.

Entre los antecedentes que agravan la polémica figura un detalle ignorado por otras coberturas: el predio de casi 2.000 hectáreas fue incautado a Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, exjefe paramilitar, y estaba bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por proceso de extinción de dominio.

No obstante, el título de explotación fue formalizado para Cardozo Calle pese a reportes del Ejército Nacional fechados en noviembre y diciembre de 2022, que advertían sobre el impacto ambiental y la ilegalidad de las tareas extractivas en el área, particularmente por el uso de mercurio, la remoción de montaña y el vertimiento de químicos, como consigna el teniente Héctor Leonardo Saavedra en comunicaciones dirigidas a Corantioquia.

Durante la llamada Asamblea Popular por la Paz y la Vida, realizada en la plaza principal de Caucasia el 11 de abril de 2024, el presidente Gustavo Petro subió al escenario junto al entonces ministro de Minas, Andrés Camacho, y Álvaro Pardo, presidente de la ANM, para entregar títulos mineros a pobladores de la región.

La primera beneficiaria en recibir el reconocimiento oficial fue Hermelina Isabel Cardozo Calle, titular del contrato de concesión para la mina La Mandinga, según quedó registrado en el video registrado por la propia Presidencia de la República.

Cardozo Calle, cuyo nombre figura asociado a un establecimiento de comercio registrado en Cali bajo la denominación ‘Mandinga’, dedicado a la extracción de oro y otros metales, no atendió los llamados del equipo periodístico de El Tiempo durante los días posteriores a la revelación.

La comerciante, sin embargo, ha cumplido hasta el momento con el pago de las regalías que exige la ley por el aprovechamiento del título entregado en Caucasia.

En respuesta a la repercusión del caso, la ANM expidió una resolución interna, firmada por Jimmy Soto Díaz, vicepresidente encargado de seguimiento, control y seguridad minera, que otorga al área de Zona Occidente la facultad de asumir la investigación sobre el proceso de otorgamiento y las posibles irregularidades asociadas.

En noviembre de 2022, el teniente Héctor Leonardo Saavedra, del Ejército Nacional, remitió a Corantioquia un informe técnico sobre las consecuencias de las labores mineras ilegales e informales en el predio Mandinga, adyacente al batallón Rifles de Cáceres.

El documento advertía daños graves: “Hemos sido testigos y afectados directos de la devastación que se presenta a causa de las labores de extracción ilegal e informal desarrolladas por pobladores de Cáceres y Caucasia, lo cual ha desencadenado la remoción y desaparición de extensas áreas de montaña, el vertimiento de mercurio sobre los afluentes hídricos que surten el recurso a la población y el riego de químicos combustibles utilizados en las actividades de minería”, citó El Tiempo.

Además, el reporte militar identificó pasivos ambientales y la ausencia de planificación técnica o instrumentos de manejo ambiental: “La zona no hace parte de áreas protegidas ni de zonas de minería restringida. La actividad se desarrolla sin ningún estudio técnico de planeamiento minero, ni control y manejo ambiental que identifique los recursos naturales, evalúe la capacidad del ecosistema para asimilar el cambio y defina las medidas necesarias para la conservación del patrimonio ambiental”, se detalla en la comunicación presentada.

La Fiscalía, la Procuraduría y la ANM fueron notificadas formalmente sobre estos hechos a finales de 2022, más de un año antes de la oficialización del título otorgado por la administración Petro en abril de 2024, según estableció EL TIEMPO.

La controversia cobró un segundo impulso internacional luego de que The New York Times publicara el 26 de abril de 2026 un reportaje en el que, tras documentar con imágenes la presencia de mineros con equipos de alta presión colindando la base militar, citó al comandante del batallón, coronel Daniel Echeverry, negando que la extracción ocurriese dentro de la propiedad militar.

El límite entre la base y La Mandinga, sin embargo, no presentaba separación física visible, según ilustró el periodista Federico Ríos.

En el contexto de las investigaciones recientes, el Grupo de Seguimiento y Control Zona Occidente de la ANM ha iniciado la evaluación sobre la legalidad de los trámites, la magnitud de los daños ecológicos y el cumplimiento de los requisitos ambientales exigidos para el desarrollo de actividades extractivas, de acuerdo a la resolución oficial.

Las pruebas reveladas despliegan un escenario institucional conflictivo: el Estado otorgó la formalización de la explotación minera a pesar de que estaba notificado sobre la existencia de pasivos ambientales y actividades ilícitas masivas, en una franja de territorio sin estudios técnicos ni instrumentos formales de manejo, colindante a la principal base militar de la zona.