
Arrancó este miércoles 29 de abril la audiencia de formulación de acusación contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
La diligencia judicial se desarrolla ante la Corte Suprema de Justicia, donde la Fiscalía General de la Nación expone el escrito de acusación en uno de los casos más relevantes que involucra a exaltos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro.
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Según el ente acusador, los exministros habrían participado en una estructura orientada a direccionar recursos públicos con el fin de asegurar apoyos políticos en el Congreso de la República.
La investigación apunta a un presunto manejo irregular de más de 612.000 millones de pesos, a través de contratos y proyectos vinculados a la Ungrd y al Instituto Nacional de Vías, incluyendo iniciativas financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.

Durante la audiencia, el fiscal delegado Gabriel Fernando Sandoval Vargas comenzó a detallar el alcance de la supuesta red, que habría operado entre mayo de 2023 y febrero de 2024, periodo en el que ambos se desempeñaron como ministros.
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La defensa de Ricardo Bonilla, liderada por el abogado Alejandro Carranza, solicitó que no se reconozca como víctimas a la Ungrd, la Contraloría y el Invías dentro del proceso por el presunto direccionamiento de contratos en tres departamentos.
Durante la audiencia, el abogado Iván Cancino argumentó que los hechos atribuidos recaen principalmente en el entonces director de la Ungrd, Olmedo López, quien —según explicó— gestionó las solicitudes de adición presupuestal, firmó resoluciones internas, ordenó trámites contractuales y participó como representante legal en los actos administrativos que derivaron en órdenes de proveeduría. Añadió que Snyder Pinilla, como subdirector de Manejo de Desastres, habría ejecutado la cadena precontractual.
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Cancino sostuvo que dichos actos administrativos no han sido demandados ante la jurisdicción contenciosa administrativa, ni anulados o revocados por la propia entidad, lo que —a su juicio— debilita la pretensión de la UNGRD de acreditarse como víctima dentro del proceso.
Tras estas intervenciones, el tribunal decretó un receso dentro de la diligencia, con el fin de analizar los argumentos expuestos por la defensa y definir si las entidades mencionadas —entre ellas la Ungrd— pueden o no ser reconocidas formalmente como víctimas dentro del proceso judicial.
En medio de la diligencia, Velasco también denunció que la Fiscalía no habría adelantado investigaciones sobre una contratación cercana a un billón de pesos realizada durante la dirección de Olmedo López en la Ungrd.
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El exministro cuestionó la falta de acciones frente a estos contratos directos, conocidos como “contratos a dedo”, que —según señaló— ascienden a cerca de 1,1 billones de pesos.
“Yo no veo investigaciones, no veo el interés de la Fiscalía ni de la propia Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para saber qué pasó con esos contratos”, afirmó Velasco durante su intervención ante la Sala de Primera Instancia, citando versiones conocidas públicamente.

Mientras avanza la diligencia, Bonilla comparece en libertad luego de que el Tribunal Superior de Bogotá levantara la medida de aseguramiento en su contra por vencimiento de términos. Por su parte, Velasco asiste desde centro de reclusión por decisión judicial.
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Se espera que en el transcurso de la audiencia la Fiscalía continúe presentando los elementos materiales probatorios que sustentan la acusación. El inicio de esta etapa marca un momento clave en el proceso, que definirá si el caso avanza hacia juicio y las eventuales responsabilidades penales de los exfuncionarios.
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