Alias Calarcá será imputado por crímenes de guerra, confirmó la fiscal general Luz Adriana Camargo

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó que ya fue solicitada la audiencia para imputar cargos contra Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, dentro de una investigación por delitos asociados al conflicto armado.

Según explicó, la Fiscalía conformó un equipo especial para avanzar en el caso. “Desde que estamos revisando la situación de alias Calarcá (…) conformamos un equipo especial de tareas y ya hemos solicitado una fecha para imputación”, señaló la funcionaria.

Camargo detalló que entre los cargos que se estructuran están desaparición forzada, homicidio en persona protegida y concierto para delinquir con fines de homicidio. “Se imputa desaparición forzada, homicidio en persona protegida, concierto para delinquir y creo que desplazamiento forzado”, precisó.

En paralelo, la fiscal elevó una solicitud directa al presidente de la República para que defina si el señalado puede continuar en eventuales escenarios de diálogo. La petición también incluye a cuatro integrantes del Frente 33 de las disidencias de las antiguas Farc en el Catatumbo.

“Solicité que defina la permanencia de esta persona en mesas de negociación, junto con integrantes del Frente 33 que ya han sido imputadas por delitos de lesa humanidad”, indicó Camargo, al advertir que aún no hay respuesta oficial dentro de los plazos legales.

Finalmente, explicó que la coordinación de la audiencia se adelanta con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, siguiendo un procedimiento similar al aplicado previamente con ese mismo frente armado, a la espera de que los procesados comparezcan ante la justicia.

La investigación contra alias Calarcá se enmarca en un contexto de creciente judicialización de estructuras armadas ilegales que operan en el nororiente del país, particularmente en la región del Catatumbo, una de las zonas más afectadas por la persistencia del conflicto armado en Colombia.

Allí confluyen intereses de distintos grupos armados ilegales, disputas por control territorial y economías ilícitas, lo que ha generado un escenario de alta complejidad para las autoridades civiles y militares.

De acuerdo con información judicial conocida en audiencias recientes, el Frente 33 de las disidencias de las antiguas Farc ha mantenido una presencia activa en varios municipios del Catatumbo, donde ha sostenido enfrentamientos con el ELN y otras estructuras ilegales.

Estas confrontaciones han estado acompañadas de denuncias por homicidios selectivos, desplazamientos forzados, confinamientos de comunidades rurales y reclutamiento de menores de edad.

Las investigaciones de la Fiscalía han señalado que en este tipo de organizaciones no solo participan combatientes armados, sino también redes de apoyo logístico y financiero que permiten la ejecución de acciones violentas.

En este contexto, se ha documentado la presunta utilización de intermediarios y terceros para llevar a cabo asesinatos selectivos en distintas zonas del país, lo que amplía el alcance de las estructuras criminales más allá de sus áreas tradicionales de operación.

En varias diligencias judiciales, el ente acusador ha presentado patrones de violencia sistemática que incluyen ataques contra civiles, líderes comunitarios y personas señaladas de colaborar con grupos rivales.

Estos hechos han sido calificados en algunos casos como posibles crímenes de guerra, debido a su impacto en la población civil y a la presunta intención de control territorial mediante el terror.

La situación humanitaria en el Catatumbo ha sido objeto de seguimiento por parte de la Defensoría del Pueblo, que ha emitido alertas tempranas sobre el deterioro de las condiciones de seguridad en la región.

Según estas advertencias, el incremento de los enfrentamientos armados ha provocado desplazamientos masivos, confinamientos prolongados y restricciones severas a la movilidad de las comunidades campesinas e indígenas.

En este escenario, la presencia de economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal ha profundizado las disputas entre los distintos actores armados. Estas actividades no solo financian a las estructuras ilegales, sino que también se convierten en el principal motivo de confrontación entre ellas, generando ciclos de violencia que afectan directamente a la población civil.