Luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia confirmó que ha sido elevada la cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, a 7.837 casos tras ampliar el periodo de análisis de los hechos entre 1990 y 2016, se han registrado múltiples reacciones en el país.
Antes del anuncio del 28 de abril, la cifra reconocida era de 6.402 víctimas, basada en datos de 2002 a 2008. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que el aumento se debe al cruce de nuevas bases de datos, como las de la Procuraduría, y a la inclusión de cerca de 1.000 informes adicionales de víctimas que no fueron considerados en la versión inicial.
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La JEP aclaró que las cifras son provisionales y podrían incrementarse a medida que las investigaciones avanzan y se reciben más confesiones de máximos responsables en audiencias territoriales.
Por su parte, el magistrado Pedro Díaz precisó que el informe abarca homicidios y desapariciones forzadas presuntamente cometidos por la fuerza pública, clasificados como muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate. Solo en Antioquia, se registran 1.932 casos.
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En diálogo con Infobae Colombia, Milton Perdomo, docente de derecho de la Universidad Politécnico Grancolombiano, se refirió al aumento en la cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y la importancia de los avances en el esclarecimiento judicial de estos y otros hechos registrados durante el conflicto interno en Colombia.
El experto indicó que el incremento de la cifra no solo amplía el marco temporal de análisis, sino que también refleja el progreso en los procesos de búsqueda de la verdad por parte de la JEP.
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“Esto nos da cuenta de que efectivamente la jurisdicción está sirviendo y está sirviendo no solamente como verdad histórica, sino como verdad judicial. Este tipo de informes han avanzado en los procesos de verdad judicial, aunque con muchos problemas por temas de financiamiento, por temas políticos de rechazo a la conformación de este tipo de justicia”.
Perdomo manifestó que el informe revela una práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales que no se restringe al periodo 2002-2008, como inicialmente se consideró, lo que expondría a gobiernos anteriores por estas mismas prácticas, descartando, de cierta forma, que se trató de una estrategia de un mandato en específico.
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“Se está diciendo que efectivamente hay una práctica sistemática que no se ampara exclusivamente en el año 2002-2008, como inicialmente se planteaba con los mal llamados falsos positivos, sino que la investigación da cuenta de que la práctica de desaparición y de ejecución extrajudicial de civiles, haciéndolos pasar como resultados de operaciones militares, ya venía dándose en Colombia. Basta ver los casos que están en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde, allí también ya se demostró que desde 1990 había participación de la Policía Nacional en operativos que terminaron en ese tipo de evidencia de civiles pasados como insurgentes dados de baja en combate”.
El docente resaltó que la labor de la JEP contribuye a reforzar la legitimidad de la justicia transicional en el país; sin embargo, reconoció que la jurisdicción enfrenta limitaciones por factores como los plazos, la disponibilidad de información y la complejidad del cruce de datos.
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“Se fortalece efectivamente la legitimidad de la Justicia Especial para la Paz, porque primero está creando criterios de verdad judicial, es decir, está hallando pruebas de que existieron este tipo de prácticas y que se dan en el marco de y en el desarrollo de un proceso judicial. Es un avance significativo”, declaró Perdomo.

En su análisis, Perdomo subrayó que la continuidad de la JEP resulta fundamental para el acceso a la verdad y la justicia de las víctimas, sin importar el resultado de las próximas elecciones.
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“El gobierno que venga tiene que estar comprometido a continuar con este ejercicio de la jurisdicción. Esta justicia transicional ha mostrado resultados verdaderos en tiempos más o menos más rápidos en comparación con su homóloga, que es la Jurisdicción de Transicional de Justicia y Paz”.
Por último, el docente enfatizó que estos escenarios son necesarios para que la sociedad civil pueda recordar los hechos y evitar que se repitan. “Es el escenario donde las víctimas están encontrando verdad, esos son los escenarios donde las víctimas están encontrando justicia y, sobre todo, son los escenarios que la sociedad civil necesita para recordar estos nefastos hechos, pero además para que con esta recordación se evite volver a incurrir en ellos”.
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