Mala noticia para el Gobierno genera preocupaciones en el ahorro de los colombianos: “Quien paga la pensión debe contar con los recursos”

El Consejo de Estado detuvo los efectos del Decreto 415 de 2026, con el que el Gobierno de Gustavo Petro busca trasladar $25 billones desde los fondos privados a Colpensiones. La decisión que afecta a 120.000 trabajadores y a 25.000 pensionados ya beneficiarios, lo que sitúa el destino del sistema de pensiones en el centro de la discusión nacional. El alto tribunal suspendió de manera provisional la medida al fundamentar que el Decreto 415 de 2026 podía contradecir la Ley 2381 de 2024, que regula los traspasos y cuándo deben hacerse.

Y es que la norma permite el traslado de ciertos afiliados de fondos privados a Colpensiones, pero sólo autoriza traspasar los recursos tras consolidarse el derecho a la pensión. Según el organismo, el decreto emitido por el Gobierno alteró el calendario definido en la ley y estableció que el 50% de los recursos debía transferirse en máximo de 20 días y el restante 50% en los 10 días siguientes, un plazo considerado excesivamente corto por la corporación.

Por medio de un comunicado, explicó que “el decreto modificó una regla que ya estaba definida por la ley, pues cambió el momento en que debía hacerse el traslado del dinero”. Y enfatizó que “el presidente puede reglamentar las leyes para hacerlas aplicables, pero no cambiar su contenido ni reemplazar decisiones que le corresponden al Congreso”.

Veto al traslado de los ahorradores

La reacción del Gobierno no se hizo esperar. El presidente Gustavo Petro cuestionó el fallo y señaló que “el Consejo de Estado está vetando el traslado de los ahorradores que han pedido los ahorradores trabajadores”. Expresó que esta decisión “le permite robar a los banqueros los ahorros de los trabajadores”.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, respaldó la postura oficial al considerar que “el derecho a una vejez y una pensión digna es innegociable”. Resaltó que “la decisión expresa del Consejo de Estado que suspende provisionalmente los efectos del Decreto 415 de 2026 que obliga a los fondos privados a girar los ahorros de 120.000 trabajadores que se han trasladado a Colpensiones, favorece claramente al capital financiero en detrimento de los derechos del pueblo trabajador”.

Aclaró el funcionario que la suspensión frena el traslado de ahorros de afiliados aún no pensionados, mientras se mantienen los pagos para alrededor de 25.000 personas que ya reciben su jubilación por medio de Colpensiones. “No es aceptable que los fondos privados se liberen de la obligación pensional mientras retienen los recursos que la financian. El principio es claro: quien paga la pensión debe contar con los recursos”, remarcó Sanguino.

También puntualizó que el Gobierno interpondrá los recursos legales pertinentes y exigió el cumplimiento inmediato de las transferencias necesarias “para garantizar el pago oportuno y la estabilidad del sistema”. Reiteró el compromiso de la administración de defender democráticamente los derechos sociales.

Qué dicen los expertos

Entre los expertos, la decisión recibió respaldo en sectores técnicos. El especialista en pensiones Kevin Hartmann la calificó como “una buena y oportuna medida”. Recordó que “el Consejo de Estado, además, aclara que la medida no solo es con la ley que hicieron aprobar, sino con la regulación que ellos mismos habían expedido en el 2024 sobre ese mismo artículo”.

A su vez, el exviceministro de Hacienda Andrés Pardo, jefe de Estrategia Macroeconómica para América Latina en XP Investments, sostuvo que “la decisión fue adoptada […] al considerar que esa medida del Gobierno podría ir en contra de lo que ya había establecido la Ley 2381 de 2024. Esa ley permitió, de manera excepcional, que algunas personas cambiaran de los fondos privados a Colpensiones. Sin embargo, también dejó claro que el dinero ahorrado debía permanecer en los fondos privados hasta que la persona cumpliera los requisitos para pensionarse y consolidara su derecho a la pensión”.

Pardo enfatizó que el Consejo de Estado recalcó que “el presidente puede reglamentar las leyes para hacerlas aplicables, pero no cambiar su contenido ni reemplazar decisiones que le corresponden al Congreso”.

Políticos y empresarios celebraron la decisión del Consejo de Estado

En el ámbito político, el director nacional del Partido Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, manifestó que “por populismo, el presidente Gustavo Petro no puede jugar con el ahorro de los colombianos. Aquí no se manda solo: el Consejo de Estado ha puesto provisionalmente un límite claro”.

Agregó que “los colombianos deben saber que los traslados a Colpensiones tienen reglas y tiempos definidos para proteger a los afiliados y la estabilidad del sistema. El Gobierno no está preparado para asumir esos traslados masivos, y hacerlo en plena época electoral es irresponsable y pone en riesgo la confianza en todo el sistema de pensiones”.

Desde la perspectiva empresarial, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, expresó que “el Consejo de Estado suspendió el decreto del Gobierno que contiene un verdadero raponazo al ahorro pensional de los colombianos, sin sustento jurídico y sin ningún sustento técnico”.

Advirtió el dirigente que las dificultades en los pagos de las jubilaciones serán responsabilidad de la actual administración. “Como es costumbre, el Gobierno culpará a otros de su falta de rigor jurídico y de su desprecio por la técnica. Cualquier dificultad en el pago de las pensiones de los colombianos será su responsabilidad”, señaló.

Cabal considera que la improvisación del Gobierno alimenta la incertidumbre y reafirmó que la suspensión evidencia que el Estado de Derecho actúa como contrapeso frente a los excesos del poder presidencial.

Señal importante y necesaria

La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, señaló que “la suspensión provisional del Decreto 415 de 2026 es una señal institucional importante y necesaria”. Apuntó que, aunque no es un fallo definitivo, sí transmite un mensaje claro que es que “la Constitución no es un trámite y los ahorros de los colombianos no pueden manejarse con afán ni con interpretaciones acomodadas”.

Decisión acertada

De igual manera, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financeiras (Anif), José Ignacio López, dijo que es una acertada decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que afectaba el ahorro pensional, trasladando recursos hacia Colpensiones.

“El decreto va en contravía del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, que está vigente, a pesar de que dicha ley está en revisión de constitucionalidad. El espíritu de la reforma del propio Gobierno era que estos recursos se ahorraran bajo la administración del Banco de la República, no se usaran para pagar pensiones”, apuntó.

Manifestó que “liquidar el ahorro pensional tendría (ya de hecho tuvo) efectos sobre los mercados financieros, afectando activos en el portafolio de ahorro de todos los trabajadores”.