
El presidente de la República, Gustavo Petro, sorprendió al país el lunes 27 de abril tras finalmente recibir a Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, en la Casa de Nariño, un encuentro que inicialmente había sido cancelado, pero que en última instancia fue reprogramado y se llevó a cabo en la residencia del jefe de Estado. El tema en cuestión: las denuncias de la funcionaria sobre actos de corrupción en el Ejecutivo.
En efecto, la reunión fue efectuada luego de una serie de episodios que pusieron en entredicho la relación entre el mandatario y una de las mujeres que dirigió en su momento el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), pero que salió del cargo en medio de múltiples interrogantes y recaló en el mencionado fondo, desde el cual reiteró sus señalamientos de un entramado destinado a perjudicarla.
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De acuerdo con información que trascendió a la prensa, el encuentro se produjo luego de las 4:10 p. m. y se extendió por hora y media, después de que una programación previa fracasó sin mayores explicaciones. Rodríguez se convirtió en el centro de la agenda política nacional tras dar una serie de entrevistas, cuyos contenidos derivaron en uno de los mayores escándalos del cierre de la presente administración.
La funcionaria ingresó a la Casa de Nariño por la que se conoce como la ‘puerta blanca’, ubicada sobre la Carrera Séptima, para evitar así la presencia de los medios de comunicación, lo que podría representar una señal de la manera en que se quería blindar la reunión del impacto mediático por las acusaciones formuladas por Rodríguez, en especial contra figuras como Juliana Guerrero, Carlos Carrillo y José Raúl Moreno.
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“Al interior del Gobierno, quien denunció que Juliana Guerrero no tenía los títulos profesionales de manera legal fui yo”, afirmó Rodríguez a Semana, en una extensa entrevista en la que hizo otros graves señalamientos, como la supuesta campaña de difamación y extorsión de la que estaría siendo víctima, pues le habrían pedido fuertes sumas de dinero para no revelar supuestas denuncias en su contra.

Gustavo Petro y Angie Rodríguez, cara a cara
Tras la cancelación de la reunión inicial, lo que se sabía era que un emisario de Rodríguez, acordado de mutuo acuerdo, se había encargado de entregar al presidente lo que serían pruebas de sus declaraciones públicas; en las que alegó que al menos 20 personas al interior del Gobierno, entre ellas la excandidata al viceministerio de Juventud, el director de la Ungrd y, del mismo modo, el jefe de Despacho, estarían inmersas.
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La reunión se produjo en medio de la controversia que causó en la opinión pública la directiva firmada por el primer mandatario, en la que se centraliza la comunicación gubernamental en su figura. La instrucción establece que los ministros y directores de departamentos administrativos solo podrán conceder entrevistas o hacer declaraciones públicas con la autorización expresa del gobernante, con el fin de evitar nuevos episodios.
“La vocería principal y oficial del Gobierno nacional será ejercida por el Presidente de la República, quien fijará las posiciones oficiales sobre asuntos estratégicos, políticos, económicos, sociales e internacionales”, se leyó en el documento firmado por Petro el 23 de abril, que apuntaría a contener la exposición de versiones contradictorias y a blindar la imagen del Ejecutivo tras la reciente crisis generada por lo dicho por Rodríguez.
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La funcionaria, que causó una tormenta mediática con sus declaraciones, en las que ubicó a Guerrero como la dueña de entidades como el Dapre, el Fondo Colombia en Paz y, de la misma forma, el Ministerio de Igualdad, acudió al llamado presidencial tras varios días de silencio, en medio de especulaciones sobre su permanencia en el cargo que ocupa y los contrasañalamientos de Carrillo, que la acusó de corrupción.
“Cuando yo tengo algo que probar, voy a la Fiscalía y pongo la denuncia. Uno en un micrófono puede decir cualquier cosa, pero después lo tiene que sustentar”, dijo Carrillo en Caracol Radio, sobre las acusaciones de presunto espionaje. En el mismo diálogo denunció cómo se habrían destinado al menos $32.000 millones en contratos al interior del Fondo Adaptación, para favorecer a personajes aliados a Rodríguez.
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